El Gobierno aprueba una mayor financiación para el sistema de pulseras antimaltrato
El Consejo de Ministros ha decidido incrementar hasta 71.369.269,41 euros (IVA incluido) la financiación máxima para el próximo contrato de gestión del sistema de pulseras antimaltrato. Esta medida llega tras los graves problemas y errores técnicos que afectaron al servicio en 2024, y que han puesto en jaque el sistema de seguimiento de mujeres víctimas de violencia de género.
Contexto y motivos del aumento presupuestario
El contrato actual, gestionado por la UTE Vodafone-Securitas, finaliza en mayo de este año. Su ejecución estuvo marcada por fallos en los dispositivos, pérdida temporal de datos cruciales durante la transición entre adjudicatarios y problemas técnicos detectados en la batería y geolocalización. Estos incidentes provocaron críticas y la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además de una moción en el Senado solicitando su cese.
Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ha solicitado ampliar el presupuesto para el próximo contrato, que incluirá mejoras técnicas
Detalles del presupuesto aprobado
El nuevo compromiso de gasto supera en casi 30 millones la cantidad destinada al contrato anterior, que se cerró en 42,6 millones de euros. De los más de 71 millones aprobados, 59,2 millones están destinados a la prestación integral del servicio: seguimiento, telecomunicaciones, operación, instalación, mantenimiento y desinstalación de los dispositivos electrónicos. Otros 12 millones se destinan a la compra de nuevos dispositivos.
Además, se reservan cerca de 2 millones para prórrogas de contratos vigentes relacionados con la gestión del sistema, el mantenimiento de aplicaciones y servicios adicionales previstos para los años 2026 y 2027.
Fiscalización y control por parte del Tribunal de Cuentas
Para aumentar la transparencia y garantizar un uso correcto de los recursos públicos, el Tribunal de Cuentas supervisará el proceso de contratación y la ejecución del servicio. Esta auditoría busca asegurar que el sistema funciona de manera adecuada, cumpla con la normativa vigente y que las mejoras técnicas sean efectivas para proteger a las víctimas.
Impacto de los fallos en el sistema y responsabilidades
Durante 2024 se produjeron relevantes fallos que afectaron la fiabilidad del sistema de pulseras antimaltrato. La pérdida de datos sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento afectó la evidencia judicial. Las denominadas incidencias técnicas incluyeron problemas con la duración de baterías y la precisión de la geolocalización.
Estas fallas provocaron una dura crítica social y política, poniendo en tela de juicio la gestión del Ministerio de Igualdad, que inicialmente fue dirigida por Irene Montero. La adjudicación del contrato anterior tuvo lugar después de que un consorcio alternativo (Telefónica y Securitas Direct) rechazara participar por considerarlo poco rentable.
Medidas para evitar nuevas incidencias
La ministra Ana Redondo ha destacado que el nuevo contrato incluirá mejoras técnicas para evitar cualquier incidente en el sistema de pulseras. Estas mejoras contemplan robustecer la integridad del almacenamiento de datos, aumentar la duración y efectividad de las baterías, y optimizar la precisión del seguimiento mediante dispositivos electrónicos.
El papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dirigida por Carmen Martínez Perza, fue la entidad que solicitó formalmente la modificación del presupuesto. Argumentaron la necesidad imperiosa de contar con recursos suficientes para garantizar la continuidad y mejora del sistema de protección, vital para la seguridad de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Repercusiones y próximas fases
El acuerdo del Consejo de Ministros es un paso previo para iniciar el proceso de licitación pública para adjudicar el nuevo contrato, que tendrá validez hasta 2029. La autorización se enmarca en los límites establecidos por la Ley General Presupuestaria, que exige al Ministerio de Igualdad reajustar los topes de gasto para comprometer recursos en ejercicios futuros.
Este incremento presupuestario se presenta como una respuesta a las deficiencias detectadas y refleja la prioridad del Gobierno en mejorar la protección y el seguimiento de mujeres amenazadas por violencia machista. La fiscalización próxima y los avances técnicos esperan restaurar la confianza en un sistema fundamental para la lucha contra esta problemática social.
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Imagen: www.abc.es
