## Blanca Pons, interventora del SAS, declara ante el juzgado por contratos de emergencia
La interventora central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca María Pons Rodríguez, fue citada el pasado martes como testigo en la causa judicial que indaga posibles irregularidades en contratos de emergencia realizados por el Gobierno andaluz. Pons reconoció ante el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, que su nombramiento como interventora adjunta se produjo en octubre de 2018 por parte del Ejecutivo socialista de Susana Díaz, y que cuestionó los contratos adjudicados en el periodo posterior por el Gobierno autonómico del PP.
### Contexto y funciones de Blanca Pons
Antes de su actual cargo central en el SAS, Blanca Pons desempeñó funciones como interventora delegada en la Consejería de Medio Ambiente, durante la etapa en la que María Jesús Montero ocupaba la cartera de Hacienda. En su declaración, Pons admitió que no emitió ningún informe de actuación —un mecanismo de alerta ante posibles daños a fondos públicos— ni tenía conocimiento de falta de fiscalización previa en los contratos de emergencia realizados durante el estado de alarma.
### Investigación sobre contratos de emergencia y su legalidad
El magistrado investiga el posible abuso en la contratación urgente sin publicidad ni libre concurrencia, una práctica que se utilizó durante la pandemia para agilizar suministros y servicios sanitarios. Sin embargo, tras el fin del estado de alarma, la extensión de estos contratos de emergencia ha generado dudas sobre su legalidad.
Los informes firmados por Blanca Pons y María Victoria López, interventora adjunta también llamada a declarar, sostienen que algunos procedimientos no respetaron las normas vigentes, lo que motivó la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía a mediados de 2024. Este proceso judicial tiene implicados a tres directores-gerentes del SAS: la actual, Valle García Sánchez, y dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega.
### Declaraciones clave y matices en los informes
Durante su comparecencia, Pons defendió que la contratación directa por vía de emergencia respondió a un problema de programación en las obras dentro del SAS. En noviembre de 2022, firmó un informe en el que concluyó que la tramitación urgente no era el método adecuado para los contratos analizados, aunque reconoció que las adjudicaciones se realizaron en un contexto pandémico que la Organización Mundial de la Salud no declaró como finalizado hasta mayo de 2023.
Por su parte, María Victoria López, ratificó los informes pero negó la existencia de indicios claros de menoscabo o desvío de fondos públicos. Ante el juez, explicó que la fiscalización previa, que evalúa la legalidad antes de la aprobación, es menos rigurosa que el control financiero permanente, que se realiza durante la ejecución del gasto.
### Otros testimonios relevantes en el proceso
Además de Pons y López, han sido citados como testigos altos cargos relacionados con la gestión económica y sanitaria de la Junta de Andalucía, entre ellos Amelia Martínez Sánchez, exinterventora general de la Junta entre 2019 y 2022, y José Antonio Miranda Aranda, exdirector general de Gestión Económica y Servicios del SAS. También declaró Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, actual director de Asistencia Sanitaria y Resultados en la Consejería de Salud.
### Origen y desarrollo de la investigación judicial
La investigación se inició después de una querella interpuesta en septiembre de 2024 por los treinta diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que han intentado establecer una causa general contra la gestión del actual Gobierno andaluz presidido por el Partido Popular. Sin embargo, los dos magistrados que han llevado estas diligencias han rechazado ampliar la investigación a todas las plataformas provinciales, limitando el alcance a los servicios centrales del SAS.
### Implicaciones para la gestión pública y transparencia
Este proceso judicial pone el foco en la transparencia en la contratación pública y en los límites del uso de contratos de emergencia en situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-19. Además, subraya la importancia del control financiero y la responsabilidad de los órganos interventores para evitar irregularidades.
La declaración de Blanca Pons y otros testigos resulta fundamental para esclarecer la legalidad y la correcta aplicación de los procedimientos en el SAS, afectando a la confianza ciudadana en la gestión sanitaria pública en Andalucía.
Para más información sobre la contratación pública en Andalucía, puede consultarse la [Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía](https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo.html).
Para un análisis más amplio sobre contratación pública y auditorías, se recomienda la lectura de la [Ley de Contratos del Sector Público](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902).
Imagen: www.abc.es
