Inicio de la investigación judicial en la Diputación de Almería
La investigación judicial por presuntas irregularidades en contratos públicos de la Diputación de Almería apunta al conocimiento y participación directa del expresidente Javier Aureliano García y varios ex miembros de la institución. Los hechos analizados giran alrededor de un contrato para la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, por valor superior a dos millones de euros, en el que se habría producido un sobrecoste ilegal de 945.327 euros.
Detalles del auto judicial y las investigaciones realizadas
El auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ordenó registros en las sedes de la Diputación, domicilios particulares y negocios vinculados a los investigados, entre los que se encuentran el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, su hijo y un funcionario de la Diputación. Según Europa Press, el documento de 66 páginas expone que el contrato de abril de 2020 es el eje central de la causa y revela el uso de un lenguaje encriptado o en clave empleado por los implicados para tratar la adjudicación de contratos.
El lenguaje cifrado utilizado entre los investigados
A través del grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’, los investigados mantenían conversaciones con referencias a términos odontológicos usados como código para hablar de licitaciones y comisiones ilegales. Ejemplos de estas expresiones incluyen frases como «me tengo que hacer una limpieza» o «tengo las muelas picadas», usadas reiteradamente en un contexto desvinculado de la odontología pero relacionado con los contratos públicos en trámite desde al menos 2016.
El indicio clave: el emoticono de la muela al firmar el contrato
Un indicio considerado demoledor por el juez Eduardo Martínez Gamero fue el envío por parte del expresidente Javier Aureliano García de un emoticono de un diente o muela en el grupo de WhatsApp justo tres minutos después de firmar el decreto del contrato para la compra de material sanitario el 8 de abril de 2020.
El contrato sospechoso y el papel de las empresas implicadas
El contrato investigado fue adjudicado a la empresa Azor Corporate Ibérica, vinculada a Kilian López, detenido en la primera fase de la trama. Se calcula un sobrecoste del 42,27 %. Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la Diputación, propuso contratar con esta mercantil sin publicidad a pesar de que carecía de especialización sanitaria. Además, existen indicios de que López entregó dinero a Óscar Liria, exvicepresidente tercero e intermediario en el cobro de comisiones.
Uso de dinero en efectivo y blanqueo de capitales
Las pesquisas destacan el uso «llamativo» de dinero en efectivo por parte del expresidente García para afrontar pagos hipotecarios y adquirir propiedades, mediante depósitos en cajeros automáticos. El juez también detecta la posible participación de la hermana de García, titular de una de las cuentas bancarias asociadas, en un posible delito de blanqueo de capitales vinculado a estos movimientos irregulares.
Además, la compra de una parcela en Rodalquilar por 20.000 euros en efectivo y la adquisición de una vivienda familiar a hermanos sin justificación bancaria avalan las sospechas de instrumentalización financiera para canalizar fondos ilícitos.
Sociedades instrumentales y adjudicaciones públicas fraudulentas
Entre las sociedades utilizadas para canalizar contratos públicos se encuentran Pulconal y OYC Servicios Urbanos, empresas señaladas por realizar actividades ficticias y simuladas con el fin de obtener adjudicaciones aprovechando la influencia política de los investigados, entre ellos Óscar Liria y el alcalde de Fines.
Pulconal, en la que Liria comenzó a participar cuatro meses después de su nombramiento como vicepresidente, recibió 16 contratos públicos centrados en la Diputación. Por su parte, OYC Servicios Urbanos, gestionada por personas interpuestas por el alcalde de Fines y su hijo desde septiembre de 2017, fue adjudicataria de 17 contratos públicos fraudulentos por importe de 1.126.573,97 euros entre la Diputación y el Ayuntamiento.
Implicación del personal técnico de la Diputación
La investigación también apunta a la connivencia del jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria, identificado como C.G.S., quien presuntamente ayudaba a seleccionar empresas y a definir las ofertas económicas que debían presentar para obtener contratos.
Conclusiones y implicaciones del caso
El juez recalca que estos hechos no constituyen un caso aislado, sino que forman parte de un presunto sistema ilícito para adjudicar contratos públicos en la Diputación de Almería, con participación activa y conocimiento de los investigados. La causa sigue abierta en el marco de las investigaciones judiciales en curso sobre corrupción y malversación en Andalucía.
Más información y seguimiento
Para conocer más detalles sobre casos similares en Andalucía, puedes consultar la sección de Actualidad en Andalucía de ABC o el portal oficial del Diputación Provincial de Almería.
Imagen: www.abc.es
