La Comisión Europea inicia procedimiento de infracción a España por la opa del BBVA sobre Sabadell
La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España debido al posible incumplimiento de varias normativas comunitarias en la gestión del proceso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Este procedimiento se centra en la interpretación y aplicación de disposiciones legales por parte del Gobierno español que podrían contradecir las reglas europeas sobre libre establecimiento y libre circulación de capitales.
Detalles del procedimiento contra España
Según informó la Comisión Europea, la apertura de este expediente no afecta directamente la operación de compra en curso, a menos que el BBVA decida utilizar esta situación para iniciar acciones legales contra el ejecutido español. Sin embargo, la decisión de Bruselas implica un revés reputacional para el Gobierno de Pedro Sánchez, que sería evidenciado por haber intervenido en una operación empresarial, presuntamente, por motivaciones políticas para satisfacer a socios independentistas contrarios a la absorción del Banco Sabadell.
Origen y contexto del expediente
Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en agosto de 2024 por un ciudadano español, la cual señalaba que el Gobierno estaba haciendo un uso irregular de ciertos mecanismos legales, específicamente la disposición adicional 12 de la Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015. Estas normativas son transposición de directivas europeas relacionadas con requisitos de capital y la unión bancaria, que la Comisión considera que han sido interpretadas incorrectamente por España en este caso.
Inicialmente, el avance del expediente fue ralentizado por las objeciones de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, quien argumentaba que la operación afectaba fundamentalmente al mercado español, con más del 66% de la facturación de los bancos implicados, y por tanto no debería intervenir la Comisión Europea directamente.
Inquietudes de la Comisión sobre la actuación del Gobierno español
La comisaria de Mercados Financieros, María Luis Albuquerque, tuvo que esperar a que la Comisión enviase una misiva también a Italia, cuestionando la intervención del Gobierno italiano en la operación de fusión bancaría UniCredit-BPM, antes de que se desbloqueara la apertura del expediente contra España. Esta circunstancia hizo prácticamente inevitable la acción contra el ejecutivo español, que desde agosto del año pasado estaba bajo vigilancia.
La principal controversia gira en torno a si la operación debe ser considerada un movimiento de mercado y, por tanto, sometida al control únicamente de las autoridades financieras competentes, en este caso el Banco Central Europeo (BCE), por afectar a más del 10% del accionariado, en línea con el mecanismo único de supervisión.
Respecto a la competencia, la Comisión subraya que no se cumplen los umbrales de negocio fuera de España para intervenir directamente, por lo que la autoridad competente fue la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que autorizó la operación tras un riguroso estudio.
Aspectos polémicos en la tramitación española
Uno de los puntos que más llamó la atención de Bruselas fue la consulta pública convocada el 5 de mayo por Pedro Sánchez, que se consideró una acción atípica. También la utilización por parte del ministro Carlos Cuerpo de la Ley de Defensa de la Competencia para llevar la operación al Consejo de Ministros, sin una base clara para imponer condiciones, fue motivo de crítica. La Comisión entiende que cualquier obstáculo debe estar fundamentado en razones de interés general y debe ser proporcional.
Plazos y posibles consecuencias
La Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno español estableciendo un plazo de dos meses para que éste responda a los requerimientos planteados. Con base en la respuesta, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado indicando qué medidas deben implementarse en un plazo adicional de dos meses. De no cumplirse, España enfrentaría un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, con riesgo de enfrentar sanciones económicas significativas.
El contexto actual de expedientes abiertos contra España
La Comisión Europea mantiene abiertos cerca de 90 procedimientos contra autoridades españolas por diversas razones. Estos mecanismos sancionadores son efectivos pero complejos y lentos, y suelen acabar en procesos judiciales ante el Tribunal europeo. No obstante, la Comisión no ceja en la vigilancia para asegurar el respeto a las normas comunitarias.
Impacto limitado en la operación de BBVA y Sabadell
Desde expertos se contempla que las posibilidades de que este procedimiento altere realmente la compra del Sabadell son escasas. Se calcula que si el BBVA intentara usarlo para debilitar al Gobierno, podría no ser beneficioso para sus intereses. Parecería que, al final, el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera han logrado imponer condiciones a la operación por razones políticas.
Negaciones y daño a la imagen internacional
Durante semanas, el ministro Carlos Cuerpo negó que la Comisión tuviera listo el expediente para abrir el procedimiento de infracción, aunque ahora se ha confirmado que la Comisión ya conocía las objeciones hace casi un año. El daño para la imagen de España como destino para inversores extranjeros ya está hecho.
Para saber más
- Consulta el portal oficial de la Comisión Europea para conocer detalles de procedimientos de infracción.
- Lee el análisis sobre la OPA del BBVA en fuentes especializadas financieras.
- Información sobre el papel de la CNMC en operaciones de concentración empresarial en España.
Imagen: www.abc.es
