Prestación universal por hijo a cargo: una propuesta del Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, celebrado el 20 de noviembre, en la que se destaca el avance hacia una prestación por crianza basada en criterios de universalidad y equidad fiscal. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia, plantea una ayuda económica mensual de 200 euros por hijo o hija a cargo, con el objetivo de combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias.
Contexto y objetivo de la prestación
Esta prestación es una propuesta impulsada por el departamento que dirige Sira Rego y respaldada por la coalición política Sumar. Según indican desde el Ministerio de Juventud e Infancia, el modelo planteado permitiría dejar atrás el actual sistema asistencial y podría llegar a reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil en España. El plan figura dentro de las políticas de lucha contra la pobreza infantil que amplían los apoyos sociales a las familias y trabajan en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea.
Balance y evaluación de ayudas existentes
Tras la aprobación de la declaración, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha puntualizado la importancia de realizar una evaluación exhaustiva de las ayudas vigentes antes de implementar esta nueva prestación. Aseguró que es necesario evitar duplicidades y solapamientos entre diferentes instrumentos sociales, mencionando expresamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su complemento de ayuda a la infancia (CAPI).
La ministra insistió en que cualquier reforma futura debe basarse en la evaluación del rendimiento de las medidas actuales para asegurar su eficacia, evitando así la coexistencia de ayudas superpuestas que puedan confundir o generar un uso ineficiente de los recursos públicos.
Compromiso con la erradicación de la pobreza infantil
La declaración institucional reafirma el compromiso del Gobierno de promover un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Este pacto implica la colaboración entre fuerzas políticas, administraciones públicas y la sociedad en general para proteger los derechos y el bienestar de la infancia y adolescencia.
El texto destaca que proteger a los niños y adolescentes no solo consiste en garantizar su bienestar, sino también en construir una sociedad inclusiva que los reconozca como titulares de derechos plenos, asegurando una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.
Diversidad y desigualdades en la infancia
El Gobierno reconoce que las infancias son diversas y que enfrentan desigualdades de distinta naturaleza. Por eso señala que es responsabilidad del Estado y de la sociedad eliminar las estructuras que perpetúan estas desigualdades, para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollarse con libertad, autonomía y dignidad.
Tecnología y protección digital
La declaración también aborda el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia, enfatizando que deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad. Destaca la importancia de prevenir y combatir el ciberacoso, la explotación y otros riesgos digitales, mencionando la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia frente a la violencia (LOPIVI) y el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, actualmente en trámite parlamentario.
Enfoque integral para combatir la pobreza infantil
El Gobierno subraya que la desigualdad económica condiciona la vida de los niños desde sus primeros años y que para combatir la pobreza infantil es necesario un enfoque multidimensional. Esto implica reforzar los servicios públicos de salud, educación y cuidados, asegurando que solo con un fortalecimiento de lo público se pueden lograr marcos sociales inclusivos.
La ministra Montero afirmó con firmeza que ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional.
Atención especial a colectivos vulnerables
Además, la declaración hace hincapié en la necesidad de priorizar la garantía de derechos para niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada y otros grupos en riesgo.
Para más información sobre políticas sociales y ayudas en España, consulte el portal oficial del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el sitio del Ministerio de Juventud e Infancia.
Imagen: www.abc.es
