El Partido Popular eleva una pregunta parlamentaria por fallos en las pulseras antimaltrato
La eurodiputada del Partido Popular (PP), Rosa Estarás, ha presentado ante la Comisión Europea una pregunta parlamentaria en la que alerta sobre los «graves fallos» que ha sufrido el sistema de pulseras antimaltrato en España durante al menos ocho meses, tras la adjudicación del servicio a una nueva empresa.
Notificaciones oficiales alertan de problemas en instalación y sustitución de dispositivos
Según explican desde el PP, varios juzgados recibieron notificaciones oficiales indicando que no era posible ni instalar nuevos dispositivos de pulseras antimaltrato ni sustituir aquellos que presentaban defectos. Esta situación, que se prolongó durante meses, dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo y sin la protección necesaria.
Además, la Fiscalía reconoció esta problemática, lo que generó sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos contra maltratadores, poniendo en entredicho la eficacia del sistema.
Impacto en la protección a víctimas de violencia de género y delitos sexuales
En sus declaraciones, Rosa Estarás ha señalado que este fallo ha implicado que durante ocho meses las pulseras electrónicas para el control de agresores no funcionaran de manera adecuada, comprometiendo gravemente la protección de las víctimas de violencia de género y delitos sexuales.
La eurodiputada ha insistido en que «las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público», demandando que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea deben tomar cartas en el asunto para salvaguardar los derechos de estas personas.
Posible vulneración de normas comunitarias
Desde el PP advierten que la situación podría implicar la vulneración de hasta cuatro normas europeas: las directivas que garantizan medidas de protección efectivas a víctimas de delitos, la relativa a la Orden Europea de Protección (OEP), la normativa sobre contratación pública y la directiva contra la violencia hacia las mujeres y violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.
Asimismo, destacan que las fallas en el sistema de pulseras han podido afectar también la protección transfronteriza, ya que al estar vinculadas estas pulseras a órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, la «incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real del agresor podría haber invalidado la eficacia de la Orden Europea de Protección».
El PP ha alertado que este problema erosiona la confianza mutua entre los estados miembros de la Unión Europea, principio básico para el espacio de libertad, seguridad y justicia recogido en el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Respuesta del Gobierno: mensaje de tranquilidad y negación de fallos
Por su parte, el Gobierno, a través del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha rechazado las acusaciones y ha emitido un mensaje de calma. López afirmó que las pulseras telemáticas para maltratadores «en ningún momento han dejado de funcionar» y ha censurado a quienes, según él, buscan generar alarma social.
Durante una visita a la empresa Multiverse Computing en San Sebastián, López insistió en la fiabilidad del sistema y respaldó las afirmaciones del Ministerio de Igualdad, negando cualquier fallo en la protección a las víctimas.
Contexto y organismo responsable del sistema de pulseras
Las pulseras antimaltrato forman parte de un sistema usado por distintos juzgados españoles para monitorizar a agresores con órdenes de alejamiento. La correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento de estos dispositivos son esenciales para garantizar la seguridad y protección efectiva de las víctimas.
El cambio de empresa adjudicataria del servicio, que se implementó recientemente, parece estar en el centro de la polémica, ya que es el momento a partir del cual se detectaron los problemas técnicos y administrativos que han puesto en riesgo la eficacia del sistema.
Repercusiones para las víctimas y el sistema judicial
El elevado riesgo en que han quedado las víctimas afecta directamente a la confianza en las medidas judiciales protectoras y a la operatividad de la justicia en la protección frente a los maltratadores. La imposibilidad de instalar nuevas pulseras y sustituir las defectuosas ha provocado, según denuncia el PP, situaciones de indefensión.
Medidas y propuestas desde el Partido Popular
El PP solicita que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de obligaciones comunitarias en materia de protección de víctimas y contratación pública, para evitar que se repitan los hechos y garantizar un sistema seguro y eficiente.
Asimismo, piden al Gobierno socialista que ofrezca explicaciones sobre la gestión del contrato que ha dado lugar a esta situación y adopte medidas para corregir las deficiencias lo antes posible, asegurando la protección efectiva a las víctimas.
Información adicional relevante
Para un análisis más detallado sobre la problemática de las pulseras antimaltrato en España, recomendamos leer el reportaje Igualdad cambió las pulseras de 1.500 euros por otras de 150 que se venden en Aliexpress, publicado por ABC, que expone otro ángulo de esta problemática en la gestión del sistema.
Conclusión
La denuncia del Partido Popular ante la Comisión Europea refleja un conflicto significativo en la protección de víctimas de violencia de género en España. Los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato no solo comprometen la seguridad de las personas afectadas, sino que también ponen en cuestión la gestión pública y el cumplimiento de la normativa comunitaria.
Este asunto seguirá generando debate político y social mientras las partes involucradas buscan soluciones para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Imagen: www.abc.es
