El Gobierno conocía el informe del Greco desde junio pero no actuó
El Gobierno de España recibió el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), perteneciente al Consejo de Europa, el pasado 6 de junio, más de un mes antes de que el presidente Pedro Sánchez compareciera de forma extraordinaria en el Congreso para presentar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, este plan no incluye las recomendaciones esenciales del informe, que señalan incumplimientos en áreas clave relacionadas con casos de corrupción recientes.
Las medidas exigidas por el Greco que no se aplican en España
Desde 2019, el Greco ha insistido en que España adopte tres medidas específicas que aún no se han implementado. Estas abarcan el control efectivo de los asesores del Gobierno, la reforma sobre la regulación de los aforamientos y una revisión profunda del régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil. La ausencia de estas reformas ha desatado un fuerte rechazo por parte de expertos y sectores políticos que cuestionan la voluntad política real del Ejecutivo para combatir la corrupción.
Control insuficiente sobre los asesores gubernamentales
Uno de los puntos más criticados es la falta de control sobre los asesores. El Greco exige que los asesores sean sometidos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a altos cargos. No obstante, el plan anticorrupción aprobado por Sánchez ofrece únicamente aplicar algunas medidas de prevención de conflictos de intereses y dar visibilidad a las reuniones negativas con lobistas, quedando lejos del estándar que la institución europea recomienda.
Además, el Gobierno había prometido hacer efectivo este control mediante una nueva Ley de Administración Abierta, que debía ser aprobada en los primeros meses de 2025. Sin embargo, dicha ley ni siquiera fue incluida en el Plan Anual Normativo 2025 ni mencionada durante la comparecencia del presidente en julio.
Reforma pendiente de los aforamientos
Otra cuestión crucial es la regulación de los aforamientos. El Greco pide expresamente modificar esta figura para asegurar que no impida procesos penales contra miembros del Gobierno involucrados en casos de corrupción. La falta de avance en esta área ha incrementado la polémica y revive discusiones sobre abusos recientes, como el caso del socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, imputado por contratación irregular y que se benefició de su aforamiento para dificultar la investigación.
Necesidad de revisar el régimen disciplinario de las fuerzas de seguridad
El Greco reclama también revisar el régimen disciplinario de la Policía y Guardia Civil para eliminar la posibilidad de que un supervisor tome decisiones disciplinarias de manera unilateral. Esta recomendación busca fortalecer la transparencia, objetividad y proporcionalidad en sanciones, aspectos esenciales para una democracia plena. No obstante, el Gobierno no ha reconocido estas deficiencias y ha optado por no incorporar esta reforma en su plan anticorrupción, a pesar de estar involucrado en múltiples investigaciones dirigidas por la Unidad Central Operativa (UCO).
Reacciones y contexto político
La presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en medio de un escenario de creciente escrutinio ha generado suspicacias sobre la genuina intención del Ejecutivo por adoptar cambios eficaces. Grupos políticos de la oposición han exigido explicaciones por la demora y el aparente bloqueo de las recomendaciones del Greco, mientras que expertos en transparencia y anticorrupción han denunciado la falta de compromiso con medidas significativas.
Para ampliar información sobre el papel del Gobierno en la gestión de informes de corrupción, se puede consultar el artículo sobre el ocultamiento del informe crítico del Greco y la noticia relacionada donde el Partido Popular exige aclaraciones al Gobierno.
Conclusión: un plan sin compromisos claros para frenar la corrupción
En definitiva, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por Pedro Sánchez no incorpora las medidas consideradas fundamentales por el organismo europeo para garantizar un sistema político más transparente y responsable. En un contexto de creciente escepticismo, la ausencia de reformas en áreas tan relevantes como la regulación de aforamientos y el control de asesores sugiere que queda mucho camino por recorrer para construir una política anticorrupción efectiva en España.
Imagen: www.abc.es
