El CEU presenta recurso contra el decreto de creación de universidades privadas
Recientemente, la Universidad San Pablo CEU anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado en octubre por el Gobierno que regula la creación de nuevas universidades privadas. Este decreto establece, entre otras condiciones, el requisito de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en seis años, ofrecer al menos un 10% de plazas de alojamiento, y presentar un aval bancario.
Contexto del decreto y exigencias impuestas
El decreto, impulsado por el Ministerio de Universidades, pretende homologar y controlar la proliferación de nuevas universidades privadas en España, imponiendo condiciones estrictas para su legitimación. Entre estas, destaca la necesidad de que los centros alcancen un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo máximo de seis años, una medida cuya finalidad es evitar la existencia de instituciones con baja matrícula, consideradas poco viables.
Además, se obliga a estas instituciones a ofrecer al menos un 10% de plazas de alojamiento universitario, así como a garantizar la solvencia económica mediante la presentación de un aval bancario. Estas condiciones han sido puestas en cuestión por varias entidades del sector privado, entre ellas el CEU, que consideran que algunas de estas restricciones no son adecuadas a su modelo.
Respuesta del Ministerio de Universidades y la ministra Diana Morant
Horas después de hacerse público el recurso, el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, expresó su “desconcierto” ante la decisión tomada por el CEU. Fuentes del ministerio subrayaron que la rectora del CEU, Rosa Visedo, pertenece a la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), un organismo que apoyó de forma unánime el real decreto.
Según el ministerio, el texto contó con el visto bueno y la participación activa de la propia rectora en la comisión conjunta que consensuó los puntos principales de la regulación, validando así las condiciones que ahora la universidad privada cuestiona ante el Supremo. La comisión estaba compuesta por seis rectores universitarios, cuatro de instituciones públicas y dos de privadas, incluyendo la Universidad San Pablo CEU.
La representación en la comisión y las dificultades internas
Desde el ministerio se aclaró que, si bien hubo esa representación plural, con más de 77 rectores donde la mayoría corresponden a universidades públicas, no siempre resulta sencillo para los representantes de universidades privadas manifestar un desacuerdo explícito. En la reunión de mayo, explican, no se registraron objeciones al decreto.
El papel del presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
Por su parte, el impulso para recurrir el decreto no ha partido directamente de la rectora Rosa Visedo, sino del presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. Fue él quien tomó un tono más crítico con la normativa y anunció su intención de llevarla ante el Tribunal Supremo.
Bullón de Mendoza calificó el decreto como “lesivo”, afirmando que a diferencia de la anterior normativa, esta nueva disposición busca explícitamente provocar tensión y conflicto en el sector. Criticó especialmente términos empleados en la exposición de motivos del decreto y declaraciones públicas del presidente del Gobierno, quien se refirió a las universidades privadas como “chiringuitos educativos”.
La única universidad privada que recurre la norma
El CEU es la única universidad privada reconocida con prestigio que ha recurrido la normativa ante la Justicia, siguiendo la línea de recursos que presentan algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Su decisión ha sorprendido a diversos sectores, puesto que la institución cuenta con cuatro grandes campus que cumplen con las exigencias del decreto.
Implicaciones para la enseñanza universitaria privada en España
Este enfrentamiento subraya la compleja relación entre las universidades públicas y privadas en España, y el debate sobre la regulación estatal del sector privado. El decreto busca frenar la proliferación excesiva y garantizar un nivel mínimo en las instituciones, sin embargo, genera fricciones por las condiciones que se le imponen a las universidades privadas.
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