Problemas en las pulseras telemáticas para maltratadores alarma a la Justicia
Ángeles Carmona, jueza y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ durante una década, ha revelado la existencia de numerosos fallos en los dispositivos de control telemático instalados a maltratadores que comprometen la seguridad de las víctimas. Estos errores, conocidos desde antes de la implantación oficial el 8 de febrero de 2024, incluyen pulseras defectuosas y problemas de comunicación que no han sido suficientemente atendidos por las autoridades.
Una polémica que enfrenta al Ministerio de Igualdad con el Poder Judicial
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cargado contra el Poder Judicial, la Fiscalía y las empresas responsables del servicio, responsabilizándolos por los problemas detectados. Sin embargo, Carmona asegura que las quejas y alertas sobre dichas cuestiones han sido enviadas desde el Observatorio y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, liderada por la juez Carmen Martínez Perza, sin que se hayan tomado medidas efectivas.
Reunión clave y evidencias que obligaron a la ministra a rectificar
En enero de 2024, Carmona confirma haber mantenido una reunión con Ana Redondo y su equipo junto al presidente entonces del CGPJ, Vicente Guilarte, para expresar las preocupaciones sobre los nuevos dispositivos adquiridos por el Ministerio de Igualdad, debido al cambio de proveedor de Telefónica a Vodafone. Inicialmente, la ministra negó dicho encuentro, aunque fotografías y registros lo demostraron. Este contraste demuestra la gravedad del problema y la falta de transparencia oficial.
De dispositivos caros y fiables a pulseras baratas y problemáticas
Históricamente, Telefónica proveía las pulseras telemáticas con un coste superior a 1.500 euros por dispositivo, gestionadas con software proporcionado por la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring. Este sistema demostró una alta fiabilidad durante años. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad adquirió nuevos dispositivos por apenas 14,50 euros, un precio que levanta dudas sobre la calidad y seguridad. Además, se detectaron casos en los que estas pulseras pueden adquirirse incluso en plataformas como AliExpress, donde se vendían antiguamente por 150 euros.
Impacto de la migración y pérdida de datos
Un problema añadido se produjo en la transición entre proveedor y software, ya que Attenti encriptó los datos de los expedientes de los agresores por motivos de seguridad. Al transferir la gestión al nuevo sistema, ciertos datos clave se perdieron, dificultando la continuidad del seguimiento judicial. Esta situación está provocando numerosos sobreseimientos provisionales de casos de maltrato al no poder probarse incumplimientos de órdenes de alejamiento.
Silencios, quejas y responsabilidades pendientes
Durante meses, las quejas de jueces, policías y técnicos del sistema sobre fallos en la cobertura y funcionamiento de las pulseras fueron canalizadas desde el Observatorio hasta la Delegación del Gobierno, pero no se tomó mayor acción visible. La juez Carmona denuncia que esta situación fue silenciada, y que la ministra Redondo debería haber estado más vigilante sobre el sistema Cometa, que gestiona el Ministerio de Igualdad.
Carmona hace autocrítica pero mantiene responsabilidades claras
Además, la jueza reconoce que el CGPJ estaba atravesando un proceso complicado de renovación y quizás no hizo un seguimiento exhaustivo del problema. Sin embargo, subraya que la ministra no puede escudarse en la falta de aviso, pues la Fiscalía también alertó sobre los riesgos y la petición de sobreseimiento en numerosos casos. «La responsable última debe dar explicaciones», sentencia.
Conclusión y perspectivas
La polémica pone en evidencia la crítica situación en la protección de víctimas de violencia de género en España, donde los sistemas tecnológicos destinados a garantizar su seguridad fallan, y la gestión política complica la solución. Esta noticia refuerza la importancia de implementar dispositivos fiables y de mantener una coordinación efectiva entre judiciales, fuerzas del orden y autoridades competentes.
Para más información sobre violencia de género, consulte el Observatorio del Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad.
Imagen: www.abc.es
