Exgerentes del SAS declaran ante el juez por contratos de emergencia en la pandemia
Diego Vargas, exdirector general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2022, y otros exgerentes han declarado esta semana en el juzgado de Sevilla en relación con contratos de emergencia que suman 242 millones de euros firmados entre 2020 y 2023 para la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 en Andalucía.
Este proceso judicial surgió tras una querella presentada en 2024 por treinta parlamentarios del PSOE-A, que acusan al Gobierno andaluz del PP de abusar de los contratos sin competencia ni publicidad tras la derogación del artículo del Real Decreto 7/200, que permitió la excepción durante la pandemia.
Declaraciones de los exgerentes sobre la presión sanitaria
Los exgerentes Diego Vargas, Miguel Ángel Guzmán y la actual gerente Valle García explicaron ante el juez José Antonio Gómez cómo la sanidad andaluza vivió momentos críticos. Vargas reconoció que reportar los datos diarios de contagios, hospitalizaciones y muertes era una tarea traumática que aún hoy le genera pesadillas.
Guzmán calificó la situación como “un sufrimiento” y expuso que la sanidad estaba desbordada, al igual que en el resto de España, con tres estados de alarma, toques de queda y varias medidas de desescalada para intentar controlar la crisis.
Cambio en el sistema de control del gasto público durante la emergencia
Un aspecto clave en el interrogatorio fue el cambio en la fiscalización del gasto público. Guzmán explicó que fue una decisión de la Intervención de Hacienda modificar el sistema de control previo a uno financiero permanente a posteriori, que permite una gestión más ágil pero con menos supervisión inicial.
El juez preguntó si, tras la Instrucción 9/2021 de la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda, que anunciaba un atemperamiento de la pandemia, no se valoró volver a la contratación ordinaria. Sin embargo, los responsables indicaron que la prioridad seguía siendo gestionar la emergencia sanitaria, especialmente con la ola de la variante ómicron a principios de 2022, cuando se registraron picos de contagios y fallecimientos nunca vistos.
Situación hospitalaria y contratos de emergencia prorrogados
Valle García destacó que en ese momento había más de 157.000 pacientes oncológicos con gran vulnerabilidad que necesitaban atención urgente. Los contratos de emergencia se prorrogaron hasta finales de 2022, con últimas renovaciones en septiembre y diciembre de ese año.
El Consejo de Ministros declaró el fin de la crisis sanitaria el 4 de julio de 2023, pero las adendas firmadas en 2024 no ampliaban períodos contractuales, sino que facilitaban el pago de facturas pendientes desde servicios anteriores.
Impacto político y legal de los contratos de emergencia en el SAS
La investigación por prevaricación administrativa ha puesto en el foco la gestión del SAS durante la pandemia, cuestionando la legalidad y transparencia en la adjudicación de contratos millonarios a empresas privadas sin licitación pública tras la derogación del amparo excepcional del Estado.
El caso también refleja las dificultades que enfrentaron los dirigentes sanitarios para equilibrar la urgencia de la atención con las normativas administrativas, bajo una presión sanitaria y social inédita.
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Imagen: www.abc.es
