El Defensor del Pueblo solicita información urgente a la Generalitat de Cataluña
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha exigido a la Generalitat de Cataluña la remisión inmediata de información relacionada con las orientaciones impartidas a los centros educativos para garantizar el aprendizaje del castellano. Esta petición de información responde a una solicitud realizada previamente por la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) en junio de 2025, en la que se cuestionaba cómo se estaban aplicando los criterios pedagógicos tras la suspensión cautelar del decreto que regula el régimen lingüístico en el sistema educativo catalán.
Contexto y antecedentes del conflicto lingüístico
La controversia gira en torno al Decreto 91/2024, aprobado el 14 de mayo, que establecía las condiciones para el uso oficial de las lenguas en los centros educativos no universitarios de Cataluña. Aunque este decreto fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), SCC denuncia que la Generalitat sigue aplicando medidas que consideran discriminatorias hacia el castellano.
En septiembre de 2023, Sociedad Civil Catalana manifestó su rechazo al decreto durante la fase de información pública, advirtiendo de los efectos negativos que podría tener sobre el aprendizaje en castellano y la cohesión social. A pesar de estas alegaciones, la Generalitat aprobó el decreto, que restringe el uso del castellano a asignaturas específicas y limita su presencia incluso en actividades complementarias y extraescolares.
Denuncias de Sociedad Civil Catalana
SCC sostiene que la política lingüística implementada es una herramienta de exclusión, ya que limita la enseñanza en castellano “a funciones curriculares específicas” y exige justificaciones estrictas para su presencia en los proyectos lingüísticos de cada colegio. Esto, según SCC, constituye una vulneración de derechos fundamentales amparados por la Constitución Española, que garantiza en su artículo 3 el derecho y deber de conocer y usar la lengua española.
Además, la entidad alerta de que el decreto contradice tanto diversas sentencias judiciales como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el catalán y el castellano como lenguas cooficiales en la región.
Actuación del Defensor del Pueblo ante la Generalitat
Ante la lentitud en recibir respuesta por parte del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, el Defensor del Pueblo anunció el requerimiento urgente de esta información a través de una comunicación fechada el 14 de octubre de 2025. Gabilondo ha declarado que, dada la relevancia y la naturaleza del decreto, se considera apropiado iniciar una actuación informativa oficial para clarificar cómo se están aplicando los criterios pedagógicos respecto a las lenguas oficiales en los colegios catalanes.
Este movimiento busca garantizar que se respeten las normas judiciales vigentes y se asegure el aprendizaje efectivo del castellano, evitando cualquier forma de discriminación lingüística en el sistema educativo.
Implicaciones para el sistema educativo catalán
La suspensión cautelar del decreto evidencia la tensión y el conflicto en torno a la política lingüística en Cataluña. El requerimiento del Defensor del Pueblo añade presión a la Generalitat para que actúe con transparencia y tome medidas que aseguren una educación bilingüe y equilibrada, conforme a la legislación vigente y los derechos constitucionales de los alumnos.
Para quienes desean conocer en detalle la normativa lingüística en Cataluña, se puede consultar el texto del decreto y sentencias judiciales referidas a políticas lingüísticas en la web del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y más información sobre educación en Cataluña en la Generalitat de Cataluña – Educación.
Conclusión
En conclusión, la solicitud del Defensor del Pueblo representa un paso fundamental para aclarar la situación legal y pedagógica que afecta al aprendizaje del castellano en Cataluña. La actuación responde a las denuncias de Sociedad Civil Catalana y a la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos de los estudiantes, tras la paralización provisional del controvertido decreto.
Imagen: www.abc.es
