El Consejo de Estado cuestiona la gestión del Gobierno en la ampliación de la ley ELA
El Consejo de Estado ha emitido un contundente dictamen en el que reprocha al Gobierno central que el Ministerio de Sanidad haya subestimado el impacto presupuestario derivado de la ampliación de la ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a otros tipos de enfermedades con características similares. Este órgano consultivo advierte que dicha medida implica una carga financiera incierta para las comunidades autónomas, que deberán asumir estos costes sin disponer de una financiación adecuada.
La polémica en torno a la financiación de la ley ELA
En los últimos meses, diversas comunidades autónomas han criticado repetidamente lo que denominan el problema del «yo invito y tú pagas», alegando que el Gobierno aprueba medidas que no incluyen fondos suficientes para que las regiones puedan aplicarlas eficazmente. Esta expresión ilustra la frustración de las autonomías ante las decisiones del Ejecutivo centradas en ampliar ayudas y prestaciones sin acompañar un respaldo económico que sustente su implantación.
El último dictamen del Consejo de Estado apoya estas denuncias al cuestionar la memoria económica incluidas en el real decreto aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, mediante el cual se amplía el alcance de la ley ELA para incluir a afectados por otras enfermedades que cumplan ciertos criterios de gravedad y cronicidad.
Características de las nuevas enfermedades incluidas en la ley
El real decreto extiende las ayudas y prestaciones recogidas en la ley ELA a pacientes con patologías que compartan características específicas como:
- Enfermedad irreversible y sin respuesta terapéutica.
- Necesidad de cuidados complejos.
- Progresión rápida.
- Uso prolongado de dispositivos de soporte vital.
- Pérdida acelerada de autonomía.
Este cambio supone un aumento significativo del número de beneficiarios, lo que impacta en el presupuesto destinado a dependencias y servicios sanitarios.
Críticas del Consejo de Estado a la memoria económica de Sanidad
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, defendía en la memoria económica que la aprobación del decreto no generaría un impacto presupuestario inmediato en gastos e ingresos públicos. Sin embargo, el Consejo de Estado ha calificado esta memoria como claramente insuficiente e inexacta, ya que no refleja con rigor el verdadero coste económico que se derivará de la ampliación de la ley.
El órgano consultivo señala que, aunque no se crean nuevas prestaciones, la ampliación de beneficiarios conlleva un incremento en el gasto público, ya que más personas recibirán ayudas y servicios, y durante periodos de tiempo posiblemente más largos. Por tanto, se produce un efecto acumulativo que incrementa significativamente el gasto total en dependencia y sanidad.
Anticipación de gastos y presupuesto futuro
Sanidad argumentaba que la regulación adelantaría gastos previstos a medio y largo plazo, sin incrementarlos en términos globales. No obstante, el Consejo de Estado desmiente esta afirmación, explicando que el adelanto también implica un aumento total, pues los beneficiarios percibirán las prestaciones durante más tiempo debido a que pueden acceder antes, lo cual eleva el coste acumulado.
Además, el dictamen critica que el Gobierno haya evitado proporcionar una estimación completa y rigurosa del impacto financiero, derivando la responsabilidad a futuras asignaciones presupuestarias y dejando sin dotación inmediata los costos que ya comienzan a surgir, trasladando así una carga financiera incierta a las comunidades autónomas.
Otras recomendaciones del Consejo de Estado
El dictamen también incluye sugerencias para mejorar el texto del real decreto. Entre ellas, destaca la petición de aclarar que los enfermos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica tienen derecho a las ayudas sin necesidad de cumplir los criterios adicionales que ahora se incluyen para otras enfermedades similares.
Asimismo, el Consejo recomendó establecer un plazo máximo de resolución para que las personas afectadas reciban una respuesta sobre su inclusión en la ley. El Ministerio de Sanidad atendió esta petición e implementó un límite de tres meses para emitir esta resolución.
Otro aspecto destacado por el Consejo valoró positivamente la eliminación de un requisito preliminar que condicionaba el acceso a las ayudas a que los afectados tuvieran una esperanza de vida inferior a 24-36 meses. Esta modificación fue resultado de las denuncias de múltiples asociaciones de pacientes que alertaron de los perjuicios que esta condición ocasionaba a quienes tienen necesidades urgentes pero una supervivencia mayor.
Impacto social y político de la decisión
La ampliación de la ley ELA y las críticas del Consejo de Estado evidencian la tensión permanente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de financiación sanitaria y social. La falta de una memoria económica clara y detallada genera incertidumbre sobre cómo se afrontarán los gastos provenientes de la ampliación de derechos para colectivos vulnerables.
Este debate forma parte de un contexto más amplio relacionado con los Presupuestos Generales del Estado y la redistribución de recursos, que es fundamental para garantizar la sostenibilidad de servicios públicos y el bienestar social.
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Conclusión
El dictamen del Consejo de Estado pone de manifiesto las deficiencias en la planificación presupuestaria del Gobierno para la ampliación de la ley ELA, advirtiendo que la decisión recaerá económicamente sobre las comunidades Autónomas, aumentando sus gastos sin respaldo financiero claro. Esta situación subraya la necesidad urgente de mayor coordinación y transparencia para asegurar la viabilidad de las políticas sociales y sanitarias destinadas a personas vulnerables.
Imagen: www.abc.es
