Resumen del conflicto judicial con las exmonjas de Belorado
La compleja disputa legal que envuelve a las exmonjas de Belorado continúa con nuevas resoluciones desfavorables en tribunales. Esta semana, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao ha notificado la demanda de desahucio por precario contra los ocupantes actuales del monasterio de Santa Clara de Orduña. Esta medida judicial se suma a otras recientes sentencias y decisiones que evidencian un giro en el proceso judicial que dura años y que enfrenta distintas comunidades religiosas con intereses contrapuestos.
Traslado polémico de las hermanas mayores a Orduña
El epicentro de esta última acción judicial está en el monasterio de Orduña, donde reside ahora la mayoría de la comunidad que se separó de la congregación original de Belorado.
Recientemente, las cinco religiosas de mayor edad, con edades comprendidas entre 86 y 100 años, fueron trasladadas a este monasterio sin el consentimiento del comisario pontificio nombrado para supervisar la continuidad canónica de las comunidades. Estos traslados se produjeron pocos días antes del juicio de desahucio en Belorado, que las exmonjas perdieron y recurrieron.
Las exmonjas adquirieron el monasterio de Orduña en 2020, pero no cumplieron con las obligaciones de pago, lo que agrava la situación. Sin embargo, este traslado de las hermanas mayores también ocurre en medio de un enfrentamiento entre las exclarisas y el comisario pontificio, que representa legalmente a los monasterios en disputa.
Uso de las hermanas mayores como escudo legal
El comunicado oficial de las exmonjas insiste en que utilizan a las hermanas mayores como un escudo para frenar el desahucio y evadir la acción del juzgado. El traslado sin autorización y la negativa a permitir que la Guardia Civil cumpliera con órdenes judiciales en favor del bienestar de las religiosas más ancianas resaltan una estrategia de victimización.
Desde la oficina del comisario pontificio se ha aclarado que las cinco monjas mayores son la única comunidad legítima, reconocida por la Iglesia católica, y con derechos legales para residir en el monasterio, a diferencia del resto de ocupantes, cuya residencia está bajo litigio.
Aspectos legales y judiciales del caso
Es importante precisar que la demanda de desahucio fue interpuesta oficialmente el 15 de noviembre de 2024 cuando el monasterio de Orduña estaba vacío. La demanda, admitida a trámite en noviembre de 2025, no incluye a las hermanas mayores pues ellas son reconocidas oficialmente como la comunidad monástica legítima autorizada para habitar el inmueble.
Los tribunales, en especial el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, han desestimado las querellas y tesis presentadas por las exmonjas, calificando incluso los argumentos de “estrambóticos” y confirmando la legitimidad del comisario pontificio sobre los monasterios.
Además, el juzgado encargado ha advertido que la oposición de las exmonjas a cumplir órdenes judiciales podría constituir un posible delito de desobediencia a la autoridad.
El cuidado de las hermanas mayores y la postura del comisario pontificio
Desde el comisario pontificio y la Federación de Clarisas se defiende que la atención y cuidado de las hermanas mayores ha sido la prioridad, negando que se pretenda dejarlas a la intemperie. Por el contrario, se afirma que lo que buscan es proteger que quienes profesan las reglas religiosas lo hagan en un entorno válido y canónico, dentro de monasterios acordes y autorizados.
Asimismo, han negado que las religiosas mayores residan voluntariamente en Orduña cuando fue la misma comunidad disidente la que realizó el traslado sin consentimiento ni condiciones adecuadas de habitabilidad.
Implicaciones y estado actual del conflicto
La disputa se ha alargado en el tiempo con numerosos procesos judiciales enfrentados que parecen llegar a una fase decisiva. La estrategia de las exmonjas basada en retrasos, quejas y victimización está perdiendo fuerza, enfrentándose a sentencias firmes en instancias superiores.
Esta situación también ha afectado a la imagen y actividades de las exclarisas, quienes han recurrido a campañas de recaudación de fondos como el apadrinamiento de árboles para financiar sus procesos judiciales.
El futuro inmediato parece concentrarse en la ejecución práctica de las resoluciones judiciales y canónicas para restablecer el control del comisario pontificio y garantizar la integridad de la comunidad legítima y el uso adecuado de los monasterios.
Enlaces Relevantes para profundizar
- El TSJ califica de «estrambótica» la querella de las exmonjas de Belorado
- El Tribunal Supremo pone fin a la batalla judicial de las exmonjas de Belorado
- Comisario pontificio solicita ejecución provisional de desahucio en Belorado
Conclusión
El litigio en torno a los monasterios de Belorado y Orduña destaca por su complejidad jurídica y religiosa, donde la legitimidad de las comunidades y su representación oficial está siendo reafirmada por los tribunales. La estrategia de las exreligiosas para ofrecer victimismo y obstaculizar el desahucio usando a las hermanas mayores como escudo ha sido cuestionada desde instancias oficiales, que buscan restablecer el orden canónico y civil para el bienestar de las verdaderas comunidades religiosas y la adecuada protección de sus miembros más vulnerables.
Imagen: www.abc.es
