Polémica lingüística en la Universidad de Gerona: Gemma Geis y el coste de la traducción
La Universidad de Gerona (UdG) desembolsó 4.000 euros para un servicio de traducción durante un proceso de estabilización para una plaza de profesora. La solicitud fue realizada por la exconsejera de Universidades catalana, Gemma Geis, quien exigió poder ser evaluada íntegramente en lengua catalana. Esta demanda generó un debate sobre los derechos lingüísticos, la ética universitaria y la convivencia de las lenguas oficiales en Cataluña.
Contexto y detalles del caso
Proceso de estabilización y petición lingüística
Los hechos ocurrieron en 2023 cuando Gemma Geis, que ocupaba de forma interina la plaza de profesora agregada de Derecho Administrativo en la UdG, participaba en el proceso para estabilizar su posición. Como exconsejera de Investigación y Universidades durante el gobierno de Pere Aragonès (ERC), Geis solicitó poder realizar la evaluación exclusivamente en catalán, lengua propia del centro y cooficial junto con el castellano en Cataluña.
La Universidad garantizó el respeto a los derechos lingüísticos tanto de Geis como del tribunal. Por ello, aprobó que la exposición fuera en catalán y activó un servicio de traducción simultánea para los miembros del tribunal que no dominaban esta lengua.
Reproches y tensiones durante la evaluación
No obstante, la exconsejera denunció que dos de los miembros del tribunal le dirigieron reproches por usar el catalán, situación que atribuyó a una vulneración de sus derechos lingüísticos. Uno de los examinadores no catalanoparlante sugirió que se hubiera empleado un idioma común como el inglés para evitar enfrentamientos.
Por su parte, la profesora María Mercè Darnaculleta —única miembro del tribunal perteneciente a la UdG— criticó que la demanda de usar solo el catalán contradice principios éticos universitarios, señalando que el coste de 4.000 euros por la traducción era una consecuencia directa de esta exigencia.
Reacción de la Defensora del Pueblo Catalana y recomendaciones
Ante la queja formal presentada por Geis en abril de 2024 ante la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, se emitió un informe dirigido al rector de la UdG, Joaquim Salvi. En él, se reclamó que la universidad ejerciera un papel mediador y protectora de los derechos de la aspirante.
La defensora resaltó la situación de asimetría entre la candidata y la Comisión evaluadora y subrayó que la UdG debería ser más proactiva para evitar futuras vulneraciones lingüísticas. Asimismo, solicitó medidas para eliminar cualquier forma de discriminación, incluida la lingüística.
Respuesta de la Universidad y cierre del caso
La UdG defendió la independencia de la Comisión de Selección y negó que se produjera vulneración alguna, señalando que Geis pudo utilizar el catalán sin desigualdad, y que la traducción fue un servicio para facilitar la participación de los integrantes del tribunal no catalanoparlantes.
También indicó que la secretaria general estuvo presente durante la evaluación, negando desconocimiento o permisividad respecto a los reproches señalados. La universidad aseguró estudiar la posibilidad de registrar las pruebas para futuras ocasiones, a sugerencia de la Síndica.
Finalmente, seis años después del litigio, la Defensora del Pueblo dio por cerrado el caso.
Impacto político y debate público
El incidente ha generado críticas de grupos políticos como el Partido Popular y Vox, que han calificado la actitud de Gemma Geis de sectaria y de fomentar el enfrentamiento social por motivos lingüísticos.
El diputado del PP por Tarragona y presidente de la Comisión de Universidades en el Parlament, Pere Lluís Huguet, denunció lo que calificó de fanatismo ideológico y la imposición de un idioma excluyente en contextos académicos. Por su parte, Manuel Acosta, diputado de Vox, acusó a Geis de fomentar la hostilidad social y la división en Cataluña.
Perspectiva sobre el uso del idioma en el ámbito académico
Desde algunos sectores se señala que lo habitual en una evaluación académica es utilizar una lengua común que facilite la comunicación, que no siempre es el castellano, sino que frecuentemente puede ser el inglés u otra lengua compartida entre evaluadores y evaluados. No obstante, para la exconsejera y sus seguidores, el uso exclusivo del catalán es un derecho que debe ser respetado en las instituciones de Cataluña.
Conclusión
Este caso pone en evidencia las tensiones que existen en Cataluña en torno al uso de las lenguas oficiales en ámbitos académicos y administrativos, así como el coste que puede suponer para una universidad garantizar la pluralidad lingüística cuando las partes no coinciden en la lengua común. La Universidad de Gerona se vio obligada a asumir una factura de 4.000 euros en traducción, un gesto que refleja la compleja realidad sociopolítica y cultural que atraviesa Cataluña.
La controversia no solo afectó a nivel institucional y académico, sino que abrió un debate político y social sobre la convivencia lingüística y el respeto a los derechos individuales en un territorio bilingüe, pero con fuertes pulsiones identitarias.
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