Tribunal de Cuentas fiscalizará contratación y control de pulseras antimaltrato en 2026

Tribunal de Cuentas asume la supervisión de las pulseras antimaltrato en 2026

Desde este año 2026, el Tribunal de Cuentas (TCu) tendrá la responsabilidad de fiscalizar la contratación y el control del servicio integral de las pulseras telemáticas para maltratadores. Así se establece en el Programa de Fiscalización del TCu para 2026, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema tras los fallos detectados en julio y noviembre del año pasado.

Objetivos de la fiscalización del Tribunal de Cuentas

La auditoría se centrará en comprobar que la nueva contratación, próxima a firmarse, garantice un uso adecuado de los recursos públicos y se ajuste estrictamente a la normativa vigente. El servicio actual vence en mayo, por lo que el Ministerio de Igualdad tendrá que aprobar una nueva licitación en un contexto de especial atención tras las sucesivas incidencias que han generado críticas y alarmas sobre la protección a las víctimas.

Subvenciones para el servicio de teleasistencia a víctimas de violencia machista

Además, el órgano fiscalizador también analizará las subvenciones destinadas a la mejora del servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género, que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno, correspondientes al periodo 2021-2025. Aunque todavía no se ha definido la fecha exacta para la publicación de los informes, se espera que estos vean la luz hacia finales de 2026 o principios de 2027, según fuentes del Tribunal.

Incremento progresivo en la fiscalización de la igualdad

El Programa de Fiscalización 2026, que incluye un total de 118 actuaciones, contempla un aumento significativo en el análisis de temas relacionados con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. De acuerdo con datos oficiales, en 2025, el 70,6% de los informes del Tribunal incorporaron análisis de igualdad, cifra que representa un notable incremento respecto al 51% registrado en 2022.

Este incremento ha permitido aumentar el número de conclusiones y recomendaciones vinculadas a la igualdad, pasando de 31 conclusiones y 6 recomendaciones en 2022 a 86 conclusiones y 21 recomendaciones en 2025, reflejando un compromiso reforzado en la supervisión y mejora de las políticas de igualdad en España.

Contexto reciente y respuestas del Ministerio de Igualdad

Las recientes incidencias en los dispositivos de las pulseras telemáticas, que llevaron a alertas por absoluciones vinculadas a fallos tecnológicos, han puesto en el foco la necesidad de garantizar la eficacia del sistema para proteger a las víctimas. La Fiscalía General del Estado (FGE), en su memoria de 2024, destacó estas alertas y recomendó una revisión exhaustiva.

Desde el Ministerio de Igualdad, responsable directo de la licitación, se ha defendido que las incidencias técnicas puntuales se produjeron durante la migración de datos en el cambio del adjudicatario. Además, aseguran que los problemas fueron resueltos y que la protección a las víctimas nunca se vio comprometida.

Tras los últimos eventos, la ministra Ana Redondo encargó una auditoría externa e interna para esclarecer las causas de dichos fallos y reforzar la confianza en el sistema. Además, han reiterado su compromiso con la transparencia absoluta y la colaboración total con el Tribunal de Cuentas en la supervisión del nuevo contrato.

Otras fiscalizaciones claves incluidas en el Programa 2026

Entre las actuaciones previstas para 2026, el Tribunal de Cuentas contempla también una revisión de la creación y puesta en marcha de los centros de asistencia integral para víctimas de violencia sexual durante el periodo 2021-2025, ampliando su supervisión en materia de lucha contra la violencia de género y apoyo a las víctimas.

Implicaciones para las políticas públicas

Este refuerzo de la fiscalización refleja un esfuerzo por garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión pública relacionada con la protección a víctimas de violencia machista. La colaboración interinstitucional y la auditoría rigurosa son pasos esenciales para mejorar los mecanismos y evitar errores que puedan poner en riesgo a los colectivos vulnerables.

NE