El Tribunal Constitucional alemán se pronuncia sobre las normas de triaje médico
Durante la pandemia, hospitales de todo el mundo se enfrentaron a situaciones críticas donde la escasez de recursos sanitarios obligaba a los médicos a seleccionar qué pacientes recibirían atención prioritaria, un proceso conocido como triaje. En Alemania, esta práctica generó debates legales y éticos que ahora han sido resueltos por el Tribunal Constitucional en Karlsruhe mediante una sentencia que anula las normativas específicas sobre triaje contenidas en la Ley de Protección contra Infecciones durante el período pandémico (IfSG), promulgada en 2022.
Contexto de la sentencia: la Ley IfSG y el triaje
El triaje en Alemania fue objeto de regulación por el anterior gobierno en la Ley IfSG para intentar establecer criterios claros sobre la prioridad en el tratamiento médico durante emergencias sanitarias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado que dichas normas carecen de base legislativa adecuada, al tratarse de una invasión injustificada en la libertad profesional de los médicos y por exceder la competencia del Estado para dictar esas regulaciones específicas.
Competencia legislativa y libertad médica
La sentencia argumenta que el Estado federal no posee la potestad legislativa para imponer normas que limitan la discreción médica en la asignación de cuidados en situaciones de emergencia, ya que esto vulnera el derecho fundamental a la libertad laboral y profesional garantizada por el artículo 12 de la Ley Fundamental alemana. Esta libertad comprende el «si» y el «cómo» de los tratamientos curativos, lo que implica que los médicos deben decidir sin imposiciones legales que les restrinjan.
Rechazo al criterio de discriminación por edad o discapacidad
El proceso legal fue promovido por la asociación médica Marburger Bund, que representa a aproximadamente 143.000 médicos en Alemania y Europa, apoyando una querella presentada por médicos de cuidados intensivos contra la Sección 5c de la Ley IfSG. Esta regulación permitía distinguir y limitar tratamientos en función de la edad avanzada o discapacidad, criterios que el Tribunal ha declarado inapropiados y discriminatorios.
El Tribunal recordó la obligación constitucional del Estado de proteger a las personas contra la discriminación por discapacidad o vejez, estableciendo que la asignación de recursos médicos escasos debe basarse únicamente en la probabilidad real y actual de supervivencia a corto plazo, excluyendo cualquier valoración relacionada con esperanza de vida o grado general de fragilidad.
Implicaciones éticas y políticas
El especialista en Ética Médica, Stephan Sahn, destaca la importancia de mantener la libertad de decisión de los médicos en situaciones de crisis, y critica la idea de legislaciones rígidas sobre triaje, argumentando que «el juramento hipocrático de un médico ya incluye el cuidado de cada paciente». Según Sahn, las disputas políticas y sociales sobre normas legales estrictas son innecesarias si se reconoce la incertidumbre y la responsabilidad médica inherentes a estos contextos.
Impacto sobre los recursos limitados en cuidados intensivos
El fallo también señala que las disposiciones anuladas no forman parte ni del Derecho civil ni penal, y por ende no están amparadas bajo competencias legislativas adecuadas. En particular, la sentencia enfatiza que la regulación judicial no contribuye a controlar o prevenir la pandemia, sino únicamente establece cómo debe actuar un médico ante la escasez de recursos, actuación que no debería estar vinculada a una ley que no aborda la prevención, sino solamente la asignación de recursos en emergencia.
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Conclusiones y futuro de la legislación sanitaria en Alemania
Con esta sentencia, las decisiones sobre triaje vuelven a quedar en manos de los médicos, quienes deberán ejercer su criterio profesional sin restricciones establecidas por el Estado sobre la base de normas cuestionadas constitucionalmente. La anulación de estas leyes marca un precedente importante en la defensa de la autonomía médica y del derecho a no discriminar por motivos de edad o discapacidad en situaciones clínicas extremas.
La situación plantea la necesidad de establecer acuerdos sólidos y consensuados de base ética que guíen al personal sanitario y a la sociedad en futuros escenarios críticos, sin delegar estas complejas decisiones exclusivamente a regulaciones legales, sino apoyándose en el conocimiento y la responsabilidad profesional.
Imagen: www.abc.es
