Acuerdo entre comunidades y Ministerio para apoyar a menores extranjeros en Ceuta
Este jueves, 14 comunidades autónomas han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros destinada a la acogida y atención de menores extranjeros no acompañados (MENAs) en Ceuta, tras la llegada masiva ocurrida el 30 de julio. La medida, que busca paliar la presión asistencial que genera esta crisis migratoria, no fue respaldada por Castilla y León, Extremadura y Aragón, regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) donde las políticas de Infancia están gestionadas por Vox.
Distribución de posturas y apoyo general
La mayoría de las autonomías con gobiernos populares apoyó la transferencia financiera, pese a considerarla insuficiente para cubrir las necesidades de más de 1.500 niños y adolescentes actualmente registrados en Ceuta. La consejera madrileña Ana Dávila-Ponce de León enfatizó que «25 millones sólo serán suficientes para cubrir dos meses de atención».
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió el cálculo del importe basado en los datos iniciales del 30 de julio, día de la entrada masiva de menores, y se mostró abierta a la ampliación del fondo si fuera necesario.
Detalles de la reunión y participación de las comunidades
La Conferencia Sectorial, máxima instancia de coordinación entre Estado y autonomías en materia de menores, trató dos puntos principales: la transferencia económica y la situación de los menores en Ceuta. Sin embargo, la propuesta de debatir la situación fue retirada tras la oposición de varias regiones del PP, que denunciaron su inclusión «de forma irregular» en el orden del día.
En la reunión participaron presencialmente representantes socialistas de Navarra y Cataluña, mientras que otras comunidades como el País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha asistieron de forma virtual. Las delegaciones populares procedentes de Madrid y Canarias estuvieron presenciales y otras regiones del PP como Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla intervinieron por videoconferencia.
Cuatro posturas enfrentadas sobre la gestión de menores
Las distintas formaciones políticas marcaron las posturas frente a la crisis: Vox se mantuvo en un plantón, el PP asistió con reticencias, y cinco comunidades colaboraron activamente con el Gobierno, aunque sin ofrecerse explícitamente para acoger a los menores. Ceuta, Melilla y Canarias, gobernadas por el PP, solicitaron compartir la responsabilidad debido a la presión directa que sufren por la crisis migratoria.
Plan del Ministerio y propuestas de reparto
El Ejecutivo central mantiene como prioridad la devolución de los menores a sus familias en Marruecos, considerada la «primera opción». Sin embargo, la ministra Sira Rego explicó que la repatriación será inviable en numerosos casos por dificultades en localizar a los padres, la falta de vínculo familiar o por tratarse de niños sin hogar.
Para acelerar los trámites, el Ministerio propone distribuir a los menores inmediatamente entre las comunidades autónomas. De esta forma, las entrevistas y procesos de identificación se realizarían en diversas regiones, no exclusivamente en Ceuta, agilizando la toma de decisiones posteriores: retorno, acogida en la propia comunidad o traslado a otra.
Según fuentes del Ministerio, «el proceso se puede realizar igual en Ceuta que en Albacete».
Traslados urgentes y colaboración con ONG
Además, se propuso el traslado urgente de 500 niñas a recursos privados gestionados por ONG en la Península, decisión que corresponde tomar a Ceuta, que ostenta la tutela de los menores. El desplazamiento permitiría liberar plazas para atender a otros niños, y ya se han mantenido conversaciones con entidades sociales implicadas, aunque no se han dado nombres específicos.
Futuras decisiones y debate pendiente sobre acogida
El reparto de menores entre las comunidades no se votó y se pospuso para un próximo encuentro sectorial, en el que se analizarán cuatro vías propuestas por la ministra Rego: aplicación obligatoria del real decreto para que las CCAA acepten menores, convenios bilaterales entre regiones, gestión por parte de entidades sociales privadas, o acogida por familias españolas.
La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, sugirió transferir a algunos menores a otros países miembros de la Unión Europea, opción contemplada en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Rego coincidió en la necesidad de una respuesta europea «solidaria y vinculante».
Discrepancias en el número de menores en Ceuta
Durante la sesión hubo diferencias en las cifras oficiales. Mientras organizaciones no gubernamentales hablaban de 4.000 menores, el ministro de Economía Carlos Cuerpo indicó que eran más de 2.900. El equipo de la ministra Rego aclaró que estos datos presentaban duplicados y tras una depuración quedan registrados 1.500 menores, con la advertencia de que existen niños sin identificar todavía.
En cuanto a la cifra de niñas, el Gobierno sitúa el número en 500, pero el lehendakari Imanol Pradales afirmó que son 800 las niñas en Ceuta. Pese a votar a favor de la transferencia de fondos, Pradales denunció la «falta de eficacia», la demora y la «sensación de descoordinación» y expresó su solidaridad sin comprometerse a la acogida.
Posturas de las comunidades autónomas sobre la acogida
Al término de la reunión, el consejero catalán Raúl Moreno explicó que Cataluña ya acoge más de 2.000 menores y que «la respuesta debe ser compartida por todas las comunidades». En contraste, la consejera navarra Carmen Maeztu se ofreció explícitamente a acoger menores y cumplir con la ley, mostrando solidaridad con Ceuta.
Las regiones gobernadas por el PP reclaman que sea el Gobierno quien gestione el retorno a Marruecos y rechazan que se trasladen menores a la Península o que se repartan entre sus territorios, reprochando al Ejecutivo central la gestión de la crisis.
El gobierno valenciano, a través de la consellera Elena Albalat, exigió al Estado que «ponga orden antes de repartir las consecuencias de su mala gestión». Albalat recordó que los centros valencianos están al 200% de su capacidad y que la solidaridad no puede sustituir las responsabilidades estatales.
Por su parte, la consejera andaluza Loles López mostró el apoyo de su comunidad a Ceuta, pero advirtió que la Junta no permitirá que el Gobierno utilice a los menores como «mercancía política». Andalucía cumplirá con la ley de protección de menores, pero exige al Estado que asuma su responsabilidad en materia migratoria y priorice la reagrupación familiar.
Imagen: www.elmundo.es
