Contexto de la investigación sobre contratos públicos en el SAS
La causa judicial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) relacionada con los contratos sanitarios de emergencia suscitados entre los años 2020 y 2023 ha recibido un giro significativo tras las declaraciones de testigos clave. La denuncia presentada por el PSOE contra el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno (PP) pone en el centro de la polémica varios contratos realizados sin publicidad ni libre concurrencia por un importe cercano a los 242 millones de euros.
Declaraciones de las interventoras del SAS ante el juez
Dos interventoras centrales del SAS, Blanca Pons y María Victoria López, ratificaron sus informes de control financiero referidos a los períodos 2020, 2021 y 2022-2023, pero destacaron que en ninguno de ellos se detectó riesgo de menosprecio de fondos públicos. Por lo tanto, no se remitió la situación a instancias superiores para que emitieran informes adicionales ni se consideraron indicios de infracción administrativa o responsabilidades contables o penales.
Ambas interventoras precisaron que, pese a identificar incumplimientos en la Ley de Contratos Públicos, la vía de emergencia fue utilizada por el SAS como respuesta a una problemática de programación y a la necesidad de agilizar la contratación durante la pandemia, una situación avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta mayo de 2023.
Investigados y próximas citaciones judiciales
Tras estas declaraciones, la investigación sigue abierta sobre tres gerentes del SAS: la actual, Valle García Sánchez, y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega. Están llamados a declarar el próximo 25 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, dirigido por el magistrado José Antonio Gómez Díez.
Testimonio de otros cargos vinculados al SAS
Entre los testigos también figuró Luis Carlos Martínez Hervás, exdirector de Asistencia Sanitaria, quien justificó la utilización de la contratación de emergencia para dar respuesta rápida al aumento de mortalidad y a la saturación de los servicios durante la pandemia. José Antonio Miranda, exdirector general de Gestión Económica y Servicios, apoyó estas explicaciones y coincidió en que no se ha detectado pérdida de fondos públicos europeos, tal como afirmó la interventora general de la Junta de Andalucía en su declaración.
Distinción entre fiscalización previa y control financiero permanente
Un punto crucial señalado por María Victoria López fue la diferencia entre fiscalización previa y control financiero permanente. La primera realiza la supervisión antes de aprobar el gasto, mientras que la segunda evalúa de forma continua durante la ejecución de los contratos, ofreciendo un control adaptado a la excepcionalidad de las circunstancias pandémicas.
Informe de la interventora general de la Junta, Amelia Martínez
La interventora general de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022, Amelia Martínez, también testificó en el proceso. Martínez negó la existencia de pérdidas significativas relacionadas con fondos Feder de la Unión Europea en la segunda fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla, cuestionadas por la acusación. Además, explicó que el cambio hacia un modelo de control financiero permanente en octubre de 2020 respondió a la necesidad de flexibilizar los controles por el elevado volumen de contratos de emergencia.
Martínez aportó que el Ministerio de Hacienda reconoce que Andalucía sobrepasó el marco financiero 2014-2020 en un 117%, dato que apunta a una gestión adecuada de los fondos públicos en este sector.
Origen del cargo de interventora y contexto político
Blanca Pons aclaró que su nombramiento como interventora central del SAS fue mediante libre designación durante el mandato del Gobierno socialistas presidido por Susana Díaz. Este detalle cobra relevancia en el marco político al subrayar la continuidad administrativa más allá de los diferentes gobiernos autonómicos y el respaldo técnico a la gestión.
Conclusiones preliminares y próximos pasos en la causa judicial
Las testimoniales presentadas ponen en tela de juicio algunas de las acusaciones iniciales del PSOE y parecen validar, desde el punto de vista técnico, la contratación de servicios médicos por emergencia sanitaria en un contexto excepcional. La investigación continuará con las declaraciones de los gerentes investigados y la revisión de toda la documentación relacionada.
El caso sigue siendo un foco de atención en Andalucía, dado el impacto político y social que tienen las decisiones sobre salud pública y el manejo de fondos públicos en una fase crítica como la pandemia.
Para consultar más temas relacionados con la economía y la administración pública en Andalucía, visite nuestra sección de Economía.
Para más información oficial sobre gestión sanitaria y normativas, consulte la web del Servicio Andaluz de Salud.
Imagen: www.abc.es
