El rechazo de la patronal andaluza al acuerdo sobre la atención en catalán
El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha establecido un acuerdo con Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, que exigirá a las grandes empresas ofrecer atención al cliente en catalán y otros idiomas cooficiales siempre que el consumidor lo solicite. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo por parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuya máxima representación, Javier González de Lara, mostró su desacuerdo en una entrevista con Canal Sur Radio.
Detalles de la medida y el rechazo de la CEA
La norma propuesta por Junts per Catalunya pretende aplicarse a empresas con más de 250 trabajadores, que generen una facturación anual superior a 50 millones de euros o que presten servicios básicos considerados de interés general. Esta regulación afectaría a entidades independientemente del lugar donde se localice su sede social, incluyendo aquellas fuera de Cataluña.
González de Lara ha manifestado que desconocen aún el alcance real que tendrá la medida, pero considera que «no es una buena noticia» por el coste económico que supondrá para las empresas, y en consecuencia, podrá perjudicar a los trabajadores. El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también lamentó que el Gobierno de PSOE y Sumar continúe incrementando cargas sobre las compañías, en contradicción con las directrices de la Unión Europea, que promueve la simplificación y agilización administrativa.
Impacto económico y posibles consecuencias
Desde la patronal andaluza se denuncia que esta imposición lingüística tendrá un coste difícil de cuantificar, pero que será real y podría afectar a la competitividad de las empresas. González de Lara afirmó que la política estatal está siendo cada vez más de «págalo tú», en referencia a la carga económica que asumen las compañías por políticas que atienden más a intereses políticos que empresariales.
Además, el presidente de la CEA subrayó que esta medida podría tener sentido en casos concretos, como las empresas financieras cuyos centros principales estén en Cataluña y ya ofrecen atención en catalán, pero no en otras compañías con presencia nacional, donde la imposición del idioma no parece justificada ni razonable.
Otras cuestiones críticas: la reducción de la jornada laboral
Paralelamente, Javier González de Lara también se mostró crítico con la propuesta gubernamental para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. Considera que, aunque la medida pueda parecer positiva desde una perspectiva social, el impacto económico será muy elevado, y las empresas tendrán que asumir un coste que podría superar los 32.000 millones de euros.
Esta cifra representa el coste que según el presidente de la CEA se ha evitado debido al bloqueo de dicha medida por parte de partidos como Junts, PP y Vox en el Congreso. González de Lara concluyó que estas decisiones, en última instancia, generan más presión y costes para las empresas, poniendo en riesgo el empleo y la estabilidad económica.
Conclusiones y perspectivas
El pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya ha abierto un debate crucial sobre las políticas lingüísticas y laborales en España. Mientras el Ejecutivo impulsa la atención en catalán en grandes empresas y una reducción de la jornada laboral, la patronal andaluza advierte del impacto negativo que estas medidas pueden tener.
Para más información sobre la situación empresarial en Andalucía y España, puedes consultar la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Consejería de Economía de Andalucía.
Imagen: www.abc.es
