Luciano Muñoz Castaño, conocido como el ‘fontanero’ del PSOE en Arcos de la Frontera (Cádiz), fue procesado por el juzgado local por amañar un concurso oposición semanas antes de las elecciones municipales de 2019. En su declaración, Muñoz sorprendió al manifestar un profundo rechazo a ambos partidos principales: «Odio al PSOE, odio al PP», según fuentes jurídicas citadas por ABC.
Contexto del caso: amaño electoral y compra de votos
Muñoz, que ejercía como asesor de la exconcejal socialista María José González Peña —delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana—, fue investigado por diseñar, junto a la concejal y el presidente del tribunal, un procedimiento de oposición amañado para beneficiar a Manuela F. N., conocida como Manoli, ofreciéndole una plaza de funcionaria a cambio del voto de toda su familia.
Un audio incorporado en la causa demuestra cómo Muñoz se comprometía a conceder la plaza «si continúa esta gente», en referencia al PSOE, dejando claro que esperaba votos para ese partido. En dicha conversación, insistía en la importancia del voto familiar y explicaba a la beneficiaria cómo debía actuar para lograr el empleo.
Detrás del procedimiento amañado
Diseño de un examen personalizado
Según el auto de procesamiento emitido el 2 de septiembre, el concursante tuvo un acceso privilegiado al contenido del examen. Manuela F. N. confeccionó un pliego de 80 preguntas que luego fueron seleccionadas para el examen tipo test. Luciano Muñoz facilitó el temario y estructuró el concurso para asegurar el resultado deseado.
Negativa a las acusaciones
Muñoz negó recibir contraprestación económica, aunque reconoció que la opositora le entregó 150 euros para el pago de una academia donde estudiar. El exasesor atribuyó la denuncia a intereses políticos, dado que salió a la luz tras la pérdida del PSOE en las elecciones y la llegada de un gobierno de coalición del PP y Alternativa Independiente Progresistas.
Relación política y laboral de Luciano Muñoz
Luciano Muñoz comenzó en 1990 en la Policía Local de Arcos y fue funcionario de carrera desde 1995. En 2015, fue designado asesor adscrito a Personal, manteniendo su sueldo de agente policial. En 2019 asumió provisionalmente el mando del cuerpo como inspector jefe, ganando la plaza definitivamente en 2022, poco antes de que el PSOE perdiese la alcaldía.
Su vínculo con el partido socialista es complejo, pues durante la investigación confesó odiar tanto al PSOE como al PP, pese a haber asesorado al gobierno local socialista hasta 2019. En la Policía local, su familia tenía una fuerte presencia, con hermanos, cuñados y primos en diversas posiciones, lo que refleja una estructura muy familiar dentro del cuerpo.
Consecuencias legales y sociales
El juez Eduardo Vaquero, encargado del caso, aprecia indicios de prevaricación y revelación de secretos en la actuación de Muñoz y otros implicados, entre ellos la propia concejal. La causa continúa abierta y atraviesa la justicia andaluza bajo gran atención mediática, dada la gravedad de manipular procesos públicos para fines electorales. La denunciante, que también está procesada, arriesgó su propia situación para desvelar el fraude.
Este caso mantiene en el centro del debate la transparencia en los procesos de selección en la administración pública y la influencia política en Arcos de la Frontera, dejando constancia de la compleja relación entre partidos y procesos administrativos en municipios gaditanos.
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Imagen: www.abc.es
