Investigación de la UCO sobre el rescate millonario de Tubos Reunidos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha atribuido a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y al empresario Antxon Alonso —socio del ex dirigente socialista Santos Cerdán— una serie de gestiones irregulares relacionadas con el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos. Esta compañía, especializada en tubos de acero, recibió en 2021 un rescate de 113 millones de euros en fondos públicos, uno de los diez mayores otorgados tras la pandemia de Covid-19.
El rescate fue posible gracias a la aprobación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo ex presidente Vicente Fernández Guerrero también está implicado en las investigaciones. Según la Guardia Civil, los tres arrestados habrían cobrado comisiones a cambio de facilitar dichas ayudas, una práctica que se investiga como parte de una posible trama de corrupción.
Contexto y detención de los investigados
Los detenidos fueron arrestados el pasado miércoles, y tras cumplirse el plazo máximo de detención policial, pasaron a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El juez Antonio Piña impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales, pero dejaron libre a los sospechosos tras no solicitar Anticorrupción prisión provisional.
Los autos judiciales recogen “numerosos indicios de delito” y señalan que los implicados habían creado un grupo específico de WhatsApp llamado «Hirurok» (que en euskera significa «los tres juntos») para planificar y coordinar sus operaciones.
Operaciones y comisiones sospechosas
La investigación revela que estas personas habrían participado en al menos cinco operaciones similares de las que obtuvieron beneficios indebidos. La UCO cifra en 266.000 euros las comisiones percibidas por Antxon Alonso, quien habría destinado parte de esas ganancias a inversiones inmobiliarias conjuntas con Leire Díez y Vicente Fernández en localidades como Marbella y Jaca (Huesca).
Respecto al rescate de Tubos Reunidos, la Guardia Civil estima que recibieron alrededor de 115.000 euros en sobornos, canalizados mediante una sociedad instrumental llamada Mediaciones Martínez, utilizada para el cobro y blanqueo de esas comisiones.
Otras operaciones bajo investigación
Además del caso Tubos Reunidos, la UCO revisa otras cuatro operaciones que podrían estar vinculadas con irregularidades:
- Un contrato adjudicado por el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) valorado en 2,8 millones de euros, con una supuesta mordida de 400.000 euros para los investigadores.
- Un acuerdo por 18.000 euros de la sociedad pública Mercasa a Servinabar, que se considera ficticio.
- Un contrato relacionado con Enusa (Empresa Nacional del Uranio), dependiente de la SEPI, donde trabajó Leire Díez hasta 2018.
- Ayudas públicas al Grupo Forestalia, con registros recientes en la sede de esta empresa en Zaragoza.
La amplitud de estas actuaciones ha llevado a imputar a los investigados por delitos graves, entre ellos organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Declaraciones y postura de las partes investigadas
Vicente Fernández ha sido el único que ha prestado declaración hasta el momento, negando vínculos con la sociedad instrumental y asegurando que sus ingresos corresponden a servicios profesionales comunes. Por su parte, Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, alegando falta de acceso a las diligencias.
Tubos Reunidos también ha negado cualquier relación con Leire Díez y Antxon Alonso, confirmando que han puesto a disposición de la Justicia toda la documentación solicitada, especialmente respecto a un contrato de asesoramiento vinculado a Vicente Fernández.
El juez ya ha anunciado que la investigación se ampliará con nuevos imputados y que se seguirá indagando en otras operaciones sospechosas.
Implicaciones y próximo desarrollo judicial
Este caso se enmarca en una línea de escrutinio creciente sobre el uso de fondos públicos en rescates y ayudas empresariales durante y después de la pandemia. El expediente judicial permanece bajo secreto de sumario, pero la progresiva revelación de detalles comienza a mostrar la complejidad y posible alcance de la trama denunciada.
El seguimiento de este procedimiento será clave para entender cómo se gestionaron uno de los rescates más cuantiosos en España y si existió un favorecimiento ilícito con contraprestaciones ilegales.
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