Interinos y trabajadores temporales andaluces exigen ser fijos tras años en la administración
Un total de aproximadamente 140.000 empleados públicos en Andalucía, una cifra muy relevante en el contexto nacional, reclaman al Gobierno español acabar con el abuso en la temporalidad laboral y convertirlos en funcionarios fijos. Esta situación, que afecta a miles de profesionales, supone una vulneración de los estándares europeos y genera preocupación por el impacto social y económico que puede desencadenar.
El problema de la temporalidad laboral en Andalucía y España
España cuenta con unos 800.000 empleados públicos en situación irregular debido a contratos temporales que superan los tres años, una cifra que mantiene a Andalucía como la comunidad con más afectados, con unos 138.400 profesionales. Según la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (AICAFP), estos trabajadores sufren una situación de fraude por abuso de temporalidad, ya que llevan más de 36 meses desempeñando funciones en la administración pública sin obtener la condición de fijos.
La mayoría de estos afectados son mujeres mayores de 50 años, algunas incluso con más de una década de servicio, que han visto cómo se dilatan sus derechos laborales sin un horizonte claro para la estabilización. La crisis actual afecta especialmente a sectores esenciales como la educación y la sanidad, donde la experiencia del personal interino es clave para la calidad del servicio.
Presión europea y el cumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han evidenciado el incumplimiento español ante la elevada temporalidad laboral en la función pública, que alcanza un 32%, muy lejos del límite del 8% establecido por la normativa comunitaria. Europa ha emitido cuatro sentencias que instan al Estado español a estabilizar las plazas de estos trabajadores y erradicar esta práctica.
Sin embargo, las acciones emprendidas por el Gobierno han sido cuestionadas por AICAFP, que denuncia que se trata de una estrategia para desplazar a empleados con contratos temporales en lugar de darles la fijeza que les corresponde. La convocatoria masiva de oposiciones públicas vacía las plazas sin dar continuidad a los afectados por abuso, lo que genera controversia legal y social.
Impacto social y económico: despidieron a miles sin indemnización
Durante el primer semestre de 2025, más de 92.200 interinos temporales perdieron su empleo debido a la extinción de contratos, afectando mayoritariamente a mujeres y a personas mayores de 50 años, exactamente en un 57,29% y un 71,5% respectivamente. Este fenómeno ha causado la interposición de 65.000 demandas judiciales y amenaza con multas millonarias para España, que retiene ya 626 millones de euros de los fondos Next Generation como sanción.
José Ginés, portavoz de AICAFP en Andalucía y Murcia, recordó que el coste en indemnizaciones podría representar aproximadamente el 2,5% del PIB español si se ejecutaran despidos masivos sin solución de continuidad. Por ello, desde la asociación se reclama que las plazas se estabilicen garantizando los derechos de los trabajadores y se eviten así costes mayores y perjuicios sociales.
Apoyo político y división en la respuesta del Parlamento
En una jornada intensa en el Congreso de los Diputados, el colectivo interino contó con respaldo de grupos como Junts, ERC, Podemos, Sumar y Coalición Canaria, mientras el PP y Vox optaron por abstenerse. Por contra, el PSOE rechazó rotundamente las peticiones de los trabajadores, lo que ha sido criticado por los afectados y ha generado un debate sobre la responsabilidad política respecto a la normativa europea.
Testimonio ejemplo: Marián Pérez, más de 20 años en el Ayuntamiento de Sevilla
Marián Pérez, pedagoga municipal, es una de los afectados directamente por la Ley 20/2021, que finalizó su vigencia en diciembre de 2024, y que influye en la exclusión de interinos en plazas fijas. Marián ha trabajado en el Ayuntamiento de Sevilla desde 2005, alternando contratos temporales hasta su situación actual con 60 años. Expresa su angustia al enfrentarse a la posibilidad de quedarse sin empleo a los 63 años sin derecho a indemnización ni facilidad para preparar oposiciones con una edad avanzada.
«Mi experiencia en la administración pública y todos estos años de dedicación no se valoran adecuadamente», lamenta Marián, quien recalca que la situación generará un importante daño social al perderse profesionales con gran experiencia y sustituirlos por personal sin proceso de formación ni adaptación. Además, subraya el impacto negativo en sectores fundamentales como la educación y la sanidad, donde se prevé una próxima ola de jubilaciones.
Asegura que el problema afecta al 62,66% del personal interino en España, especialmente en comunidades autónomas, y señala que la única solución válida según Europa es la conversión en funcionariado fijo sin coste adicional a la administración. Reprocha la actitud de sindicatos mayoritarios implicados en la gestión de plazas y critica la financiación y presión que ejercen, lo que según ella, perjudica a los trabajadores en abuso de temporalidad.
Conclusión: una problemática compleja que exige una solución urgente
El abuso de temporalidad en la función pública es uno de los problemas laborales más graves a nivel nacional y andaluz, que ha superado el umbral legal marcado por la Unión Europea y ha provocado una gran incertidumbre entre miles de trabajadores interinos y temporales. El conflicto enfrenta al Gobierno español con Bruselas y pone en juego importantes recursos económicos y sociales.
La polémica sobre la estabilidad laboral y los mecanismos de regularización continuará en el debate político y judicial, con la urgencia de ofrecer un marco legal que no solo cumpla la normativa europea, sino que garantice la dignidad y los derechos de miles de trabajadores que han dedicado años al servicio público.
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