Acuerdo para canalizar indemnizaciones a víctimas de abusos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, representando al Gobierno, y los dirigentes de la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de Religiosos, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego respectivamente, han firmado un acuerdo para que las víctimas de abusos puedan reclamar indemnizaciones a través de la oficina del Defensor del Pueblo.
Este nuevo sistema complementa el plan Priva, por el que la Iglesia asume indemnizaciones en aquellos casos en los que no es posible acudir a la vía penal debido a prescripción o fallecimiento del agresor. Ahora, las víctimas tendrán dos vías para solicitar reparación: acudir al plan Priva o al Defensor del Pueblo.
Funcionamiento complementario con el plan Priva
El plan Priva sigue operativo y las víctimas pueden iniciar la reclamación tanto por formulario en la página web oficial de la Iglesia como a través de las diócesis o congregaciones religiosas correspondientes. Sin embargo, quienes desconfíen de acudir directamente a la institución eclesiástica podrán presentar su solicitud a través del Defensor del Pueblo.
Una vez recibida la queja, el Defensor del Pueblo evaluará y propondrá el tipo de reparación basada en baremos acordados conjuntamente con el plan Priva. En caso de discrepancias entre ambas entidades, una comisión mixta se encargará de buscar una solución. Si esta instancia no consigue un acuerdo, serán los presidentes de la Conferencia Episcopal o de la Confederación de Religiosos quienes pactarán directamente con el Defensor del Pueblo las condiciones para reparar a la víctima.
Tipos de reparación y plazos del acuerdo
Las reparaciones contemplan:
- Indemnizaciones económicas que oscilan entre 3.000 y 100.000 euros.
- Compensaciones en especie, por ejemplo, cubrir gastos derivados de atención psicológica.
- Gesto simbólico, como el reconocimiento público del daño sufrido, si así lo solicita la persona afectada.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por otro si se considera necesario.
Importante cambio normativo sobre fiscalidad
Uno de los aspectos clave del acuerdo es el compromiso del Gobierno de modificar la normativa para que las indemnizaciones por abusos no tengan que tributar en el IRPF, evitando que las víctimas deban pagar impuestos por estas compensaciones. Hasta ahora, Hacienda había determinado que las indemnizaciones se tributen como ingresos extraordinarios, como sucedió en un caso conocido en junio pasado.
Esta reforma equiparará el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por abusos con otros casos como las víctimas del terrorismo, que están exentas de tributación.
Compromisos adicionales: Fondo común y reparación amplia
El acuerdo incluye también un compromiso del Gobierno para crear cauces de reparación para todas las víctimas de abusos, no sólo aquellas relacionadas con la Iglesia. Se pretende incluir a menores abusados en instituciones públicas, centros educativos o federaciones deportivas.
Se plantea la posible creación de un fondo común Iglesia-Estado para indemnizar a víctimas que no puedan recurrir a la vía penal, aunque los obispos han manifestado su disposición a participar sólo si dicho fondo atiende a todas las víctimas de abusos, sin exclusiones.
Respuesta a las críticas y datos de aplicación del plan Priva
Este nuevo modelo nace frente a críticas de algunas víctimas que consideraban el plan Priva “parcial e injusto” por estar impulsado únicamente por la Iglesia. Desde su inicio hace año y medio, la comisión ha evaluado más de un centenar de casos, ofreciendo soluciones a 58 y procesando otros 11 pendientes con gestiones en curso.
En cifras, las reparaciones otorgadas suman más de 1,5 millones de euros, situando la media en unos 30.644 euros por víctima, una de las cuantías más elevadas que se aplica en Europa y muy superior a indemnizaciones judiciales, que rondan los 10.000 euros.
Enlaces de interés
- Oficina del Defensor del Pueblo
- Conferencia Episcopal Española
- La Iglesia paga 1,1 millones a 39 víctimas que no podían ir a la vía judicial
Imagen: www.abc.es
