Plazo oficial para implantar el registro de objetores al aborto
El Gobierno ha dado un plazo de un mes a las comunidades autónomas de Madrid, Aragón y Baleares para que pongan en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores a la prestación de abortos. Así lo comunicó la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la reunión del Consejo de Ministros, en un requerimiento formal realizado este martes a dichas autonomías.
La medida, establecida en la reforma de la Ley del Aborto aprobada en 2023, obliga a las comunidades a crear un listado autonómico con los nombres de los profesionales que invocan objeción de conciencia para no participar en esta intervención médica. De no cumplir en el plazo fijado, el Gobierno ha advertido que iniciará acciones legales para garantizar el cumplimiento normativo.
Registro de objetores al aborto: ¿Qué es y por qué es obligatorio?
Función y regulación del registro
El registro de objetores responde a una obligación legal que busca equilibrar los derechos de los profesionales sanitarios y el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Este listado incluirá a ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se niegan a practicar abortos por objeción de conciencia.
El acceso al registro está restringido: únicamente pueden consultarlo los responsables de gestión de los centros sanitarios y no tendrá un carácter público. El protocolo para su creación fue aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial de Salud, que agrupa al Ministerio y las comunidades autónomas.
Preocupaciones del colectivo médico
Desde el inicio de la propuesta, diferentes colectivos sanitarios mostraron inquietudes relacionadas con la posible discriminación o señalización de los profesionales objetores, especialmente en procesos de contratación o promoción laboral. La Organización Médica Colegial se pronunció para asegurar que el registro no debe conllevar sanciones ni discriminación y que el acceso debe ser estrictamente confidencial.
Comunidades afectadas y situación actual
Comunidades incumplidoras
Según los datos facilitados por la ministra Mónica García, la mayoría de las comunidades autónomas ya han cumplido con la obligación de crear el registro o están en proceso avanzado de tramitación. Sin embargo, Madrid, Aragón y Baleares son las únicas que no han iniciado este cumplimiento, motivo por el cual el Gobierno ha emitido este requerimiento formal.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalada directamente por la ministra como responsable de negar explícitamente la obligación legal y de situarse por encima de la ley al negarse a implantar el registro.
Situación en Asturias y Andalucía
Por otro lado, aunque Asturias y Andalucía todavía están en proceso de crear su propio registro, el Ejecutivo confirma que están avanzando en ese sentido. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya envió semanas atrás una carta para instar a estas regiones a acelerar la puesta en marcha del listado. Tras dicha comunicación, el Principado de Asturias ha impulsado su iniciativa para cumplir con la ley, motivo por el cual no ha sido incluido en el requerimiento formal.
Impacto y seguimiento del cumplimiento de la ley
La ministra Mónica García ha insistido en que este registro es una obligación legal ineludible y no una medida opcional o una propuesta fuera de lugar. Se trata de un mecanismo para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios que eligen objetar sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.
Además, el Gobierno ha asegurado que realizará un seguimiento exhaustivo para asegurar que las autonomías cumplan con esta obligación. En caso de incumplimiento tras el plazo de un mes, el Ejecutivo tiene previsto acudir a los tribunales para que un juez obligue a las comunidades a acatar la norma.
Contexto legal y político
Este requerimiento se enmarca dentro de una reforma de la ley que impulsa la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo objetivo es blindar el derecho al aborto y regular aspectos como la objeción de conciencia. En paralelo, el Gobierno también ha iniciado el trámite para blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, reflejando el compromiso del Ejecutivo con el acceso seguro y legal al aborto en España.
Repercusión y debates a nivel nacional
El tema del registro de objetores ha generado un amplio debate social y político en España, con posiciones encontradas en torno a la protección de derechos individuales y la garantía del acceso a la salud reproductiva. El Gobierno afronta este desafío con determinación, poniendo el acento en el cumplimiento de la ley y evitando que las comunidades autónomas puedan obstaculizar un derecho constitucional.
Más información sobre el aborto en España
Para ampliar información sobre la normativa, reformas y debates relativos al aborto en nuestro país, puede consultarse el portal oficial del Ministerio de Sanidad, así como análisis actuales en medios especializados.
Enlaces de interés
- El Gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución (ABC)
- Organización Médica Colegial de España
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Imagen: www.abc.es
