El Gobierno central, a través del Consejo de Ministros, aprobó el pasado 11 de noviembre un anteproyecto de ley que establece una reducción progresiva del número máximo de alumnos por clase y limita la jornada lectiva de los docentes en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por la Junta de Andalucía ni por los sindicatos de la enseñanza concertada, que denuncian la ausencia de diálogo, recursos económicos y el riesgo de agravar las desigualdades en el sistema educativo.
## Reducción de ratio y jornada lectiva docente: principales novedades
La nueva norma propone un cambio sustancial en la organización del aula y el horario del profesorado. Entre las modificaciones más relevantes están:
– **Reducción de número máximo de alumnos por clase:** en niveles de Infantil y Primaria se fija un tope de 22 alumnos, bajando de los 25 actuales; en Secundaria la cifra quedará en 25 frente a los 30 anteriores.
– **Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE):** cada alumno con NEE contará como dos plazas, influenciando directamente la ratio por clase y la asignación de recursos.
– **Limitación de la jornada lectiva:** para docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial se fija una duración máxima de 23 horas semanales; para Secundaria y Bachillerato se establece un máximo de 18 horas. En casos especiales, se contempla un límite de 20 horas lectivas, compensadas con horas complementarias.
– **Aplicación gradual del nuevo sistema:** el Ministerio de Educación prevé que estas medidas se implementen progresivamente desde el curso 2026-2027 hasta el 2031-2032.
Para más detalles sobre la implementación y el calendario del anteproyecto visita [Ministerio de Educación y Formación Profesional](https://www.educacionyfp.gob.es/).
## Críticas de la Junta de Andalucía y la enseñanza concertada
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha expresado su rechazo al proceso de aprobación, denunciando la ausencia de negociación con las comunidades autónomas. En este sentido, se critica la falta de diálogo en foros oficiales como la conferencia sectorial de educación y la comisión de Educación, donde el anteproyecto ni siquiera fue abordado durante la última reunión.
Pablo Quesada, viceconsejero de Educación de Andalucía, ha señalado que el Gobierno central ha impuesto la norma sin prever un acompañamiento financiero que facilite su aplicación, lo que la Junta considera una actuación de «deslealtad institucional». La administración autonómica advierte además que la falta de recursos económicos puede lastrar la mejora efectiva del sistema educativo.
Por otro lado, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), principal representante de la enseñanza concertada en Andalucía, ha manifestado su preocupación ante la ampliación de las desigualdades laborales y económicas entre el sector público y concertado. Alertan que el anteproyecto perpetúa una situación de inequidad que ya arrastra más de 15 años, especialmente en la infrafinanciación y condiciones laborales del profesorado concertado.
En palabras de FSIE, «se vulnera el derecho constitucional de las familias a elegir centro educativo libremente cuando la diferencia en condiciones laborales condiciona esta elección a criterios económicos y no pedagógicos».
## La postura de los sindicatos de la enseñanza pública
Por el contrario, los sindicatos de la enseñanza pública, como CSIF, han valorado positivamente algunos aspectos del anteproyecto, destacando que mejora las condiciones laborales al reducir la carga lectiva y las ratios por aula. No obstante, CSIF insiste en la necesidad de avanzar en la regulación y dotación de especialistas para la atención a la diversidad, como orientadores y maestros de Pedagogía Terapéutica, siguiendo recomendaciones internacionales como las de la UNESCO.
## Medidas ya aplicadas en Andalucía y próximo calendario
Cabe recordar que la Consejería de Desarrollo Educativo andaluza firmó en verano un acuerdo con sindicatos como Anpe, CSIF y UGT, que ya contemplaba una reducción progresiva de ratios y limitación de horas lectivas. Este acuerdo preveía implementar el máximo de 22 alumnos por aula en Infantil desde el curso 2026-2027, con expansión a otros niveles educativos en cursos sucesivos.
El calendario establecido por el Ministerio señala las siguientes fechas clave:
– Curso 2026/2027: inicio de jornada lectiva reducida y nueva contabilización de alumnos con necesidades educativas especiales.
– Curso 2027/2028: reducción progresiva de ratios en Infantil y Primaria.
– Curso 2028/2029: implantación en Secundaria.
– Curso 2029/2030: inicio de aplicación en Bachillerato.
– Curso 2031/2032: pleno cumplimiento de la normativa.
## Reflexión final: un cambio imprescindible con retos por delante
La reducción de estudiantes por aula y la mejora de las condiciones laborales del profesorado son medidas que muchos expertos sociales y pedagógicos consideran fundamentales para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la implantación debe ir acompañada de consenso político, financiación adecuada y una planificación realista para evitar incumplimientos o desigualdades.
Desde Entrenucleos, seguiremos informando sobre los próximos avances de esta reforma clave para el sistema educativo español y su impacto en Andalucía.
Para ampliar esta información, puede consultarse el artículo original en ABC: [Gobierno impone ley para reducir número de alumnos por clase](https://www.abc.es/espana/andalucia/gobierno-impone-ley-reducir-numero-alumnos-clase-20251127122352-nts.html).
Imagen: www.abc.es
