Introducción: El bloqueo de las Viviendas de Protección Oficial en Estepona
El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha puesto sobre la mesa la preocupante realidad urbana que afecta a la ciudad: más de 1.500 Viviendas de Protección Oficial (VPO) quedaron nunca reservadas debido a una decisión política adoptada hace casi dos décadas. Este problema no es producto de la casualidad, sino consecuencia directa de los planes urbanísticos aprobados entre 2005 y 2007 durante mandatos socialistas, que han condicionado la capacidad actual para ofrecer vivienda protegida.
Decisiones del pasado que condicionan el presente
Durante el pleno municipal celebrado recientemente, el equipo de gobierno local expuso que trece planes parciales promovidos entre 2005 y 2007 fueron aprobados con la ordenación pormenorizada adelantada, lo que los eximió de cumplir la normativa actual que obliga a reservar el 30% de la edificabilidad para VPO, tal y como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Estos planes afectan a más de 5.000 viviendas privadas previstas y 1.527 protegidas que quedaron sin reservar. La teniente de alcalde de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, criticó que esta decisión política favoreció a los promotores inmobiliarios y, a su vez, limita la capacidad actual para responder a la creciente demanda social de vivienda asequible.
Contexto histórico: el caso Astapa y sus impactos
Esta controvertida fase urbanística coincide con los años en los que se produjo el conocido como caso Astapa, un escándalo de corrupción que marcó la gestión urbanística del municipio. Aunque el juicio finalizó con la absolución de 31 acusados y penas leves, el entonces alcalde socialista fue condenado a cinco meses de suspensión para cargo público y una multa de 40.000 euros, sin penas de prisión.
Este legado jurídico y político explica por qué hoy varios planes parciales quedan exentos de reservar suelo para VPO, a pesar de la necesidad urgente de vivienda protegida en la zona.
Normativa vigente y limitaciones legales
La normativa está definida en la LOUA, que fija un mínimo del 30% de edificabilidad para VPO en cualquier sector residencial. Sin embargo, una excepción establecida por la Junta de Andalucía, recogida en la Instrucción 10/2019 y conforme a la Ley 13/2005, exime a aquellos planes con aprobación inicial anterior al 20 de enero de 2007 de esta obligación.
Esta cláusula ha permitido que los proyectos de vivienda en estos trece sectores sigan adelante sin la obligatoriedad de incluir un cupo mínimo de VPO, lo que ha paralizado la ampliación de vivienda social en Estepona.
Repercusiones urbanísticas y sociales actuales
Ana Velasco afirmó en el pleno que la herencia política de aceleraciones administrativas irresponsables ha generado un auténtico lastre para el futuro urbanístico y social de la ciudad. Esta situación compromete la capacidad municipal para responder ante la creciente demanda de vivienda asequible.
El Ayuntamiento está obligado a continuar desarrollando esos sectores a pesar de la ausencia de suelo reservado para VPO, limitando las herramientas para crear vivienda pública.
Iniciativas para mitigar el déficit de vivienda protegida
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, que permite autorizar viviendas protegidas en usos residenciales dentro de equipamientos y solares destinados a oficinas o turismo sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, siempre que se priorice el alquiler.
En este sentido, el gobierno local ha comenzado la identificación de parcelas públicas disponibles para acogerse a estas medidas y favorecer la ampliación de VPO en alquiler, buscando así compensar la falta de suelo protegido heredada.
El Ayuntamiento también ha destinado una parcela municipal para construir 110 viviendas protegidas en el sector Juan Benítez y trabaja en otra promoción en el sector Camino de Cortes, para facilitar el acceso a la vivienda social de quienes más lo necesitan.
Conclusiones: retos y perspectivas para la vivienda social en Estepona
La paralización del desarrollo de más de 1.500 VPO no es un accidente ni un problema puntual, sino la consecuencia directa de decisiones urbanísticas tomadas hace casi veinte años bajo el mandato del PSOE en Estepona, que permitieron a promotores eludir la reserva de suelo en ganancia propia.
Frente a esta problemática, el Ayuntamiento apuesta por activar plenamente las herramientas autonómicas que existen para recuperar suelo destinado a vivienda protegida y fomentar su desarrollo prioritario en régimen de alquiler.
El futuro urbanístico y social de Estepona dependerá en gran medida de la capacidad de las administraciones para corregir este legado y aumentar la oferta de vivienda asequible que responda a la demanda creciente.
Imagen: www.abc.es
