Concejal de Igualdad de Pinos Puente enfrenta una dura acusación judicial
La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Margarita Álvarez, concejal de Igualdad en el municipio de Pinos Puente, por su supuesta implicación en los delitos de amenazas, lesiones y obstrucción a la justicia. Los hechos se remontan a junio de 2023 y están relacionados con un juicio por una presunta agresión sexual en la que estaba implicado un hijo de la edil, según el escrito fiscal al que tuvo acceso el diario ABC.
Detalles del incidente de junio de 2023
El 14 de junio de 2023, Margarita Álvarez y otra persona abordaron a una mujer que acababa de salir de una peluquería, presuntamente para amedrentarla y evitar que su hija testificara en el mencionado juicio. Según la Fiscalía, ambas acusadas iniciaron una agresión física: tiraron del pelo a la víctima, le propinaron golpes en la cabeza y la derribaron, continuando con los ataques en el suelo. La víctima sufrió contusiones en un dedo y el codo izquierdo, así como un impacto psicológico que afectó su calidad de vida durante 48 días.
Antecedentes: amenazas previas a la agresión
La Fiscalía apunta que la agresión fue la culminación de una campaña de intimidación iniciada dos meses antes. El 28 de abril de 2023, las mismas acusadas acudieron a la vivienda de la víctima con la intención declarada de amedrentarla. Durante aquella visita, la amenazaron con frases que aludían de forma violenta al fallecimiento de un familiar de una de ellas, con la intención clara de impedir la declaración contra sus hijos en el proceso judicial.
Consecuencias judiciales y petición de indemnización
Los casos están siendo tramitados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada. Además de solicitar la pena de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización económica que supera los 4.000 euros por la gravedad de las lesiones y el daño moral causado a la víctima.
Nueva querella contra la concejal por amenazas a una exfuncionaria
Adicionalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha admitido una querella contra la misma concejal por un presunto delito de amenazas, lesiones psíquicas y descubrimiento y revelación de secretos. La querellante es una extrabajadora municipal que trabajó en el área de información de la mujer en Pinos Puente durante 15 años y que fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo en octubre de 2025.
Detalles sobre la denuncia de la exfuncionaria
La exfuncionaria alega que fue acosada por Margarita Álvarez por acompañar a otra mujer a denunciar ante la Guardia Civil una posible agresión sexual cometida por adolescentes del municipio. Según el diario Ideal, esta funcionaria pudo ser quien presentó una denuncia contra el hijo de la concejal, uno de los presuntos agresores. Como consecuencia, la edil habría degradado y acosado a esta trabajadora municipal, además de dirigirse a ella con insultos y amenazas graves.
Contexto del caso y repercusiones
La polémica situación pone en evidencia la gravedad de las acusaciones en torno a una concejal encargada de un área tan sensible como Igualdad. La doble querella, por un lado, y la agresión física y amenazas por otro, han disparado la atención mediática y un debate sobre la conducta ética y legal de altos cargos públicos.
Impacto local y análisis del proceso judicial
El caso ha generado preocupación en la sociedad local de Pinos Puente y fuera de ella, dado que se vincula a un cargo público con presuntos actos de violencia y coacción en un proceso judicial delicado. La Fiscalía de Granada mantiene firmes sus acusaciones y la justicia seguirá su curso para esclarecer los hechos.
Para informarse más sobre el sistema judicial en Andalucía puede consultarse el sitio oficial del Consejo Andaluz de Justicia.
Asimismo, es relevante conocer cómo funcionan los recursos y protocolos para la protección de víctimas de violencia y el apoyo social. Organizaciones como Policía Nacional ofrecen información y recursos en estos casos.
Imagen: www.abc.es
