Grave crisis sanitaria en Argentina por fentanilo contaminado
Argentina enfrenta una tragedia sanitaria sin precedentes causada por la administración de fentanilo contaminado en múltiples hospitales de todo el país. A la fecha se contabilizan casi 70 muertes confirmadas y se sospecha que hay aún más víctimas que no han sido identificadas. Esta sustancia, utilizada como analgésico en pacientes graves, habría sido adulterada con bacterias peligrosas, provocando intoxicaciones letales.
Casos fatales y familias destruidas
Las víctimas tienen edades que oscilan entre los 18 y los 80 años, sumando más de 70 familias heridas por esta crisis que se pudo haber evitado. Muchas fueron diagnosticadas erróneamente con neumonías, cuando en realidad sus muertes se debieron a intoxicaciones por el fentanilo adulterado, según declaraciones de Adriana Francese, abogada que representa a las familias afectadas.
Uno de los casos emblemáticos es el de Renato Nicolini, quien falleció a los 18 años después de ser internado con un accidente. Se le diagnosticó neumonía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano de La Plata, pero posteriormente se comprobó que recibió una sustancia contaminada que llevó a su muerte. Su caso es uno de los primeros relacionados con esta causa judicial.
El laboratorio y la falta de control estatal
El origen del problema está vinculado al laboratorio HLB Pharma, responsable de distribuir el fentanilo contaminado. Pese a recibir múltiples alertas por irregularidades, este laboratorio no fue clausurado por los organismos públicos encargados de la supervisión. La justicia ha efectuado allanamientos en sus instalaciones para avanzar con la investigación.
Alejando Ayala, quien perdió a su hermano Lionel, denuncia que hay al menos 300 centros médicos implicados y responsabiliza también al Ministerio de Salud por la ausencia de control efectivo. Actualmente, la firma farmacéutica está denunciada por homicidio con dolo eventual.
La lucha por la vida de un bebé intoxicado
Entre los casos más impactantes se encuentra el de Giovanni Benavídez, un bebé de tres meses que fue intoxicado a causa del fentanilo contaminado en la provincia de Córdoba, en la clínica Vélez Sarsfield. Tras recibir la sustancia para sedar su baja saturación, se infectó con bacterias peligrosas como Klebsiella, lo que lo mantiene en estado crítico. Sus padres han reclamado públicamente una investigación urgente y temen posibles secuelas permanentes por la intoxicación.
Las autoridades y el reclamo de justicia
Los familiares de las víctimas reclaman no solo responsabilizar a los laboratorios, sino también denuncian una falta de respuesta efectiva por parte del Estado. La abogada Adriana Francese hizo hincapié en el silencio gubernamental y en la opacidad del organismo regulador Anmat, lo que ha generado más incertidumbre y desinformación para quienes han perdido a sus seres queridos.
Actualmente, se estima que todavía hay más de 60,000 ampollas contaminadas en circulación, y familias ni siquiera saben si sus parientes fueron expuestos a este producto mortal.
La investigación judicial y desafíos futuros
El juez encargado del caso, Ernesto Kreplak, confirmó que la investigación se está desarrollando en profundidad para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad y se establezcan las responsabilidades legales correspondientes. Sin embargo, aún persiste la dificultad para rastrear la distribución completa del fentanilo contaminado en todos los centros médicos involucrados.
Importancia de la vigilancia en medicamentos hospitalarios
Este grave caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y regulación sobre los medicamentos utilizados en los hospitales. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre los riesgos de contaminación en productos farmacéuticos y la importancia de garantizar la calidad y seguridad para evitar tragedias semejantes.
Conclusión
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado ha dejado un impacto profundo en Argentina, con decenas de muertos, familias devastadas y un sistema de salud y supervisión bajo cuestionamiento. Mientras la justicia avanza en esclarecer los hechos, la población espera respuestas claras y garantías de que estas tragedias no se repitan.
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Imagen: www.abc.es
