Detención de empleado público y funcionarios en prisión de El Puerto de Santa María
Un médico y dos funcionarios del centro penitenciario Puerto II en El Puerto de Santa María (Cádiz) han sido arrestados por su presunta implicación en una trama destinada a introducir teléfonos móviles y otras sustancias, como anabolizantes, dentro de la cárcel. La operación, liderada por la Brigada Judicial de la Policía Nacional, investiga además la posible introducción de drogas en el centro.
Investigación y operación «Cita» contra el tráfico ilegal en prisión
La pesquisa, que se extiende desde el verano del año pasado bajo el nombre de «Operación Cita», comenzó tras recibir informes sobre irregularidades en el interior de la prisión. Durante meses, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron descubrir la compleja red involucrando a un interno considerado de confianza, ubicado en el módulo de enfermería, y a su esposa, quien hacía de enlace para coordinar la entrega de móviles y otras sustancias con los funcionarios implicados.
Funcionarios y médico aprovechaban su condición para evitar controles
Este grupo de empleados penitenciarios, incluyendo un médico, habrían utilizado su condición profesional para introducir los productos sin pasar los controles habituales de seguridad, facilitando así el tráfico ilegal. Los familiares y presos pagaban entre 2.000 y 4.000 euros según el artículo o lote solicitado. Tras pasar los controles, el interno líder se encargaba de distribuir los objetos en el interior del centro.
Gravedad del contrabando de móviles dentro de las prisiones de El Puerto
El tráfico de móviles en prisiones se ha convertido en un grave problema tanto a nivel de orden interno como de seguridad. Entre 2020 y 2024, se incautaron 272 dispositivos en los centros penitenciarios de El Puerto de Santa María: 183 en Puerto III, 80 en Puerto II y 9 en Puerto I. En 2024, el número ascendió a 72 terminales requisados solo en las prisiones portuenses.
Comparativa de decomisos en créditos penitenciarios
Mientras que Puerto III, con mayor ocupación, registró más incautaciones en el período total analizado (183 dispositivos), Puerto II superó a este en el último año, con 39 terminales decomisados frente a 31 de Puerto III, especialmente relevante al acoger a internos que están pendientes de juicio. En Puerto I la cifra sigue siendo baja, con solamente 2 incautaciones en 2024.
Otros métodos usados para introducir dispositivos prohibidos
Además de la colaboración interna, la prisión de Botafuegos ha detectado el envío de teléfonos móviles mediante drones, que lanzan estos aparatos directamente hacia las ventanas de las celdas, demostrando la sofisticación con la que operan estas redes de contrabando.
Delitos y consecuencias legales de los implicados
Los implicados fueron puestos en libertad con cargos tras ser presentados ante la autoridad judicial. Se les investiga por posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de sustancias y objetos prohibidos, además de pertenencia a grupo criminal. Las medidas cautelares ya han sido impuestas y la investigación continúa abierta, sin descartar futuras detenciones.
Implicaciones para la seguridad y gestión penitenciaria
Este caso evidencia la complejidad y magnitud del tráfico ilícito dentro de las cárceles españolas, principalmente en Andalucía, y pone en relieve la necesidad de reforzar las medidas de control interno. Para más información sobre la administración penitenciaria puede consultarse la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Asimismo, puede consultarse el portal de noticias ABC España para ampliar detalles de esta investigación.
Imagen: www.abc.es
