Protestas sindicales contra despidos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Los sindicatos mayoritarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han expresado un rechazo contundente ante la decisión del Gobierno de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, de despedir a 23 trabajadores por no contar con la titulación académica requerida en sus puestos. Esta situación afecta directamente a empleados que llevan más de 14 años trabajando en la agencia pública, generando una fuerte polémica laboral en la comarca de Entrenucleos, Dos Hermanas.
Orígenes de los despidos y el conflicto actual
La causa raíz del despido, tramitado por la Junta de Andalucía, se centra en que estos 23 trabajadores no poseen la formación oficial que las bases del proceso de estabilización del empleo público requieren para consolidar sus plazas. Estas disposiciones derivan de un concurso de méritos diseñado para convertir puestos temporales en fijos, siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea sobre la reducción de la temporalidad en el sector público.
Veintidós de estos empleados provienen de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), cuya gestión está hoy día bajo investigación por presuntos casos de enchufismo y mala administración. Esta fundación, activa entre 2003 y 2011, financiaba mediante subvenciones cursos para desempleados en Andalucía, siendo foco de controversias por contratación irregular de militantes y familiares vinculados al PSOE.
Reacción sindical en Sevilla y en Entrenucleos
En una reunión extraordinaria realizada el pasado 7 de agosto, el comité de empresa del SAE en Sevilla declaró un rechazo absoluto a estos despidos. Además, se acordó desplegar un amplio calendario de movilizaciones destinadas a presionar a la Administración para revertir la situación. Las protestas programadas para septiembre incluyen desde huelgas de jornada completa hasta concentraciones diarias de cinco minutos durante los descansos laborales en todos los centros de trabajo.
Entre los sindicatos participantes en estas acciones se encuentran UGT, Comisiones Obreras, CSIF, CGT, Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) y UTDEF. El comité plantea también realizar asambleas informativas y extender las protestas a las provincias andaluzas donde estén presentes.
Antecedentes administrativos y legales
Procedimiento y normativas implicadas
El proceso de estabilización de los empleados temporales, iniciado por la Consejería de Empleo en diciembre de 2022, exigió la posesión de la formación académica adecuada para las 1.297 plazas para administrativos, técnicos y otros perfiles. La Junta se ampara en informes jurídicos y en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía para justificar la extinción de contratos de quienes no cumplen estas condiciones.
La resolución más reciente, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 5 de agosto, revoca la adjudicación de las plazas para estos 23 puestos, que representan a empleados que desempeñan tareas administrativas y técnicas sin cumplir con la titulación mínima establecida.
Reacción a la situación personal de los empleados
Resulta llamativo que, durante casi 15 años en sus puestos de trabajo, estos empleados no hayan obtenido la titulación exigida para consolidar sus plazas. Para administrativos, bastaría con un ciclo de Formación Profesional de grado medio o superior, mientras que para técnicos se requiere un grado universitario o un nivel más avanzado de FP.
En casos particulares, algunos no alcanzaron ni el nivel de Bachillerato y, sin embargo, han permanecido en nómina del SAE desde el final de la FAFFE en 2011. La disolución de esta fundación se realizó bajo el gobierno socialista de José Antonio Griñán, acompañada por una ley polémica que permitió la recolocación directa de sus empleados sin procesos selectivos convencionales, lo que los sindicatos han calificado como ‘ley del enchufismo’.
Contexto de la Fundación FAFFE y la investigación en curso
La FAFFE fue objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a la contratación arbitraria de 84 trabajadores vinculados al PSOE, incluyendo militantes y familiares de cargos públicos, según denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Tres de los empleados que ahora enfrentan despido son investigados directamente en esta causa judicial.
Implicaciones futuras para los afectados
Los despedidos que cuenten con un sustituto designado en el concurso público recibirán la carta de despido próximamente. En el caso de no existir sustituto, podrán permanecer temporalmente hasta que se convoque un nuevo proceso selectivo que garantice la cobertura legal y académica en sus puestos. La nueva convocatoria podría demorarse hasta un año. En cualquier caso, la Junta avanzará en la regularización del SAE para cumplir con los requisitos legales y administrativos.
Conclusiones y siguientes pasos en Entrenucleos y Sevilla
El pulso entre la Junta de Andalucía y los sindicatos en Entrenucleos y el área metropolitana sevillana continúa abierto. Los próximos meses serán claves para determinar si los trabajadores afectados podrán mantenerse en sus puestos o si se ejecutarán los despidos programados. La apuesta del Gobierno autonómico apunta a la consolidación de un empleo público legal y ajustado a normativas, mientras los sindicatos denuncian una posible injusticia social y laboral contra trabajadores veteranos.
El interés público y las repercusiones en la comunidad local de Dos Hermanas convierten esta noticia en una prioridad informativa para el periódico digital local.
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Imagen: www.abc.es
