Absuelto Daniel Alberto Rivera en la pieza separada del caso ERE
La situación judicial de Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, protagoniza un giro significativo tras la reciente sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Rivera ha sido absuelto en la pieza desgajada del macroproceso sobre la corrupción de los expedientes de regulación de empleo (ERE), específicamente en relación con las ayudas que superan el millón de euros concedidas a la empresa Instaladora Moderna de Electricidad S.L.
Audiencia destaca ausencia de prueba sobre conocimiento de irregularidades
En el fallo conocido este jueves, el tribunal concluye que no está suficientemente acreditado que Daniel Alberto Rivera fuera conocedor de las irregularidades detectadas en la tramitación y concesión de dichas ayudas. La sentencia pone en valor que Rivera inició en noviembre de 2010 una investigación interna que buscaba restablecer el orden vulnerado por las fallas administrativas. Por tanto, queda descartado que el ex alto funcionario tuviera participación directa en los incumplimientos legales que se denunciaban.
Contexto de las ayudas y contexto judicial
El caso ERE constituye una de las mayores investigaciones judiciales en Andalucía, afectando a numerosos ex altos cargos y varios procedimientos separados. La pieza en la que Rivera fue juzgado, relacionada con la empresa Instaladora Moderna de Electricidad, ha evidenciado «serias y graves irregularidades» en el reparto de ayudas públicas, pero la Audiencia matiza que estas no implican necesariamente delito de malversación o prevaricación. Esto se debe, en parte, a la doctrina más flexible establecida por el Tribunal Constitucional, que ha redefinido los límites para tomar en consideración la finalidad pública de dichas ayudas.
La importancia del interés público en la sentencia
El tribunal subraya que las ayudas perseguían un interés público reconocido, lo que exime de carácter delictivo a la concesión y aplicación de estos fondos. Según la Audiencia, el hecho de que Rivera autorizara la orden de pago para cubrir indemnizaciones laborales y cubrir adelantos realizados por la empresa se ajusta a dicho fin público. Es decir, el pago estaba dirigido exclusivamente a los trabajadores perjudicados y no para fines distintos o ilegales.
Descartado el enfoque de delitos graves en esta partida concreta
Desde la perspectiva judicial, sólo habría delito si se hubieran otorgado ayudas sin fin público o si hubieran beneficiado a personas ajenas a la plantilla, los llamados «intrusos». En este caso, la ayuda total ascendió a 802.021,63 euros más intereses hasta los 904.430,16 euros, siendo la Junta la única financiadora y tomadora de las pólizas implicadas.
Condenas solicitadas por la Fiscalía y resolución final
La Fiscalía Anticorrupción había planteado para Rivera tres años y tres meses de prisión, así como dos años y seis meses de inhabilitación especial y una multa de 1.800 euros. Para el representante legal de Instaladora Moderna se pidió un castigo aún más severo. Sin embargo, la Audiencia absuelve a ambos. El tribunal considera que Rivera sólo hizo efectivo un compromiso asumido por su antecesor y no participó en irregularidades, mientras que el empresario también fue absuelto por falta de evidencia sobre su conocimiento de las anomalías administrativas.
Implicaciones para el resto del caso ERE
Rivera no formó parte del grupo de altos cargos juzgados en la pieza principal donde figuran ex presidentes como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes se beneficiaron del principio de non bis in idem. Esta doctrina impide ser juzgado dos veces por los mismos hechos y fue clave para la exclusión de algunos acusados de procesos múltiples derivados del caso. Por esta razón, su caso permaneció abierto y sujeto a sentencias específicas.
Implicación de otros protagonistas de la trama
La investigación ha confirmado la intervención directa de Francisco Javier Guerrero, también ex director general de Trabajo y figura fundamental de la trama, hoy fallecido, en la concesión de las ayudas a Instaladora Moderna. Su actuación y relevancia en el procedimiento constituyen uno de los múltiples factores que han marcado la complejidad y extensión de esta macrocausa en Andalucía.
Conclusión: una sentencia con matices pero que exime a Rivera
La resolución de la Audiencia de Sevilla representa un espaldarazo para Daniel Alberto Rivera tras años de procesos judiciales en que su figura apareció como condenada, procesada e investigada en diferentes piezas vinculadas a la corrupción de los ERE. Esta absolución no exime, no obstante, de que el caso en su conjunto haya destapado irregularidades sistemáticas en la gestión pública del fomento del empleo en Andalucía.
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Imagen: www.elmundo.es
