La Comisión Europea se pronuncia sobre la cuestión prejudicial del caso ERE
La Comisión Europea ha emitido un informe en el que declara que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no debe intervenir en la revisión de la sentencia relacionada con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía. Esta decisión responde a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha sido revelada por El Mundo y adelantada inicialmente por Diario de Sevilla.
El TJUE no es un tribunal de supercasación, según la Comisión
En el informe, la Comisión Europea sostiene que el TJUE es «manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de Sevilla». En concreto, se argumenta que el Tribunal no debe convertirse en un «tribunal de supercasación» que revise la práctica totalidad de las decisiones de los sistemas judiciales nacionales. La Comisión subraya que la materia en cuestión no presenta ningún vínculo directo con el Derecho de la Unión Europea, por lo que está fuera de su ámbito de competencia.
Antecedentes del caso ERE y el recurso ante el TJUE
Este informe surge tras la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. La Audiencia solicitó aclaraciones para determinar si la anulación parcial de las sentencias por parte del Tribunal Constitucional (TC) constituía una extralimitación en sus funciones, invadiendo competencias judiciales sobre condenas por prevaricación y malversación de fondos públicos vinculados al fraude en los ERE.
Estas sentencias iniciales consideraban probada la participación de altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en la desviación irregular y sin controles de más de 679 millones de euros durante una década.
El Tribunal Constitucional y la anulación de condenas: un conflicto de competencias
El Tribunal Constitucional anuló buena parte de esas sentencias argumentando que el controvertido «procedimiento específico» utilizado para conceder ayudas fue legal, al estar respaldado por las leyes presupuestarias anuales. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla consideró que el TC no solo revisó garantías constitucionales, sino que también valoró pruebas y hechos, algo que escapa a su función.
La Audiencia expresaba en su auto de julio de 2025 que se podría generar un «riesgo sistémico de impunidad» si el TC invade competencias judiciales con análisis probatorios y juicios de valor que minimizan o anulan las condenas por delitos de prevaricación y malversación.
La estrategia de la Audiencia Provincial para preservar intereses financieros
El planteamiento de la cuestión prejudicial buscaba proteger los intereses financieros de la Unión Europea y evitar que se instaurara, según ellos, una jurisprudencia nacional que favoreciera la impunidad en casos con posibles repercusiones indirectas para los fondos europeos.
Según la Audiencia, las sentencias del Tribunal Constitucional podrían contravenir normas y principios del Derecho de la Unión, así como sentencias previas del TJUE, como la del 21 de diciembre de 2021 en el caso Euro Box, y atentarían contra el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Comisión Europea descarta la relación directa con fondos de la UE
No obstante, la Comisión Europea sostiene que no existe un vínculo suficientemente directo entre los fondos defraudados y el presupuesto comunitario. Señala que los fondos comprometidos provinieron exclusivamente del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin implicar transferencias o financiación europea directa.
Por ello, la Comisión afirma que «a falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión en el asunto principal», la relación planteada es meramente hipotética, lo que excluye la aplicación del artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativo a la protección de los intereses financieros de la UE.
Consecuencias legales y judiciales
Esta posición de la Comisión Europea significa que el TJUE no intervendrá en la revisión de las sentencias del caso ERE basándose en esta cuestión prejudicial. Con ello, se mantiene la competencia exclusiva de los tribunales españoles para resolver el conflicto surgido entre la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Contexto y repercusiones del caso ERE
El caso ERE es uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía, en el que numerosos ex altos cargos fueron acusados de fraude sistemático y manejo irregular de fondos destinados a ayudas laborales. La polémica ha generado un debate profundo sobre los límites de la intervención judicial y la interpretación de la legalidad en procedimientos excepcionales.
Referencias relevantes para ampliar información
Imagen: www.elmundo.es
