La Comisión Europea urge al Gobierno español a enviar detalles finales de la nueva ley sobre redes sociales
La Comisión Europea ha recordado al Gobierno de España que debe comunicarle el texto final de la legislación anunciada por el presidente Pedro Sánchez para fortalecer el control de las plataformas y redes sociales en Internet. Este recordatorio se debe a que, según Bruselas, ningún Estado miembro puede imponer condiciones propias a las redes sociales que operan en todo el mercado único europeo, distintas de las contempladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
¿Por qué es necesaria la coordinación con la Comisión Europea?
Al tratarse de un ámbito que afecta al mercado interior europeo, la competencia para legislar recae exclusivamente en la Comisión Europea, que es la encargada de garantizar una normativa uniforme entre los 27 países de la Unión. Aunque España ha manifestado su voluntad de reforzar el control sobre redes sociales y plataformas digitales, antes de que cualquier medida entre en vigor, debe presentar la propuesta final a la Comisión para que esta valore si cumple con la legislación europea vigente.
Estado actual de la propuesta española
La Comisión Europea no ha emitido aún un juicio concreto sobre las medidas anunciadas, ya que no se ha presentado una propuesta legislativa formal. Sin embargo, ha afirmado que limitar el acceso de menores a las redes sociales es una materia que queda a juicio de cada gobierno nacional y no entra en conflicto con las reglas europeas, siempre que no se establezcan condiciones adicionales para el funcionamiento general de dichas plataformas.
Responsabilidad legal de los directivos de redes sociales, un debate abierto
Uno de los puntos más polémicos de la intención de Sánchez es la intención de hacer responsables penalmente a los directivos de las plataformas digitales de lo que se publique en ellas, especialmente en cuanto a contenidos de odio o ilegales. Thomas Regnier, portavoz de la Comisión encargado de soberanía digital y desinformación, aclaró que esta cuestión ha sido debatida en múltiples escenarios y que los expertos legales tienen «serias dudas» sobre la posibilidad de responsabilizar a los directivos individualmente, ya que la DSA establece la responsabilidad general sobre la plataforma y no sobre individuos concretos.
Regnier explicó que la Ley de Servicios Digitales no investiga o sanciona a usuarios ni directivos, sino a las plataformas mismas. Por ejemplo, si un director cambia un algoritmo para favorecer cierto contenido político, no es el directivo el responsable penal, sino la plataforma.
Protección a menores en redes sociales
En cuanto a las limitaciones para el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, la Comisión no ve objeciones y apoya cualquier iniciativa destinada a proteger a los menores en España, siempre que no altere las condiciones legales para la actividad de las plataformas en toda la Unión Europea. De hecho, países como Francia, Dinamarca, Polonia, Italia, Grecia, Alemania y Bélgica ya han aprobado o planean aprobar normativas similares sobre límites de edad para el uso de redes sociales.
Opiniones de expertos legales sobre el anuncio de Sánchez
Abogados especializados en derecho digital han manifestado opiniones críticas respecto al anuncio del presidente español. Borja Adsuara calificó las declaraciones como «grandes palabras, pero puro humo», explicando que la legislación europea ya contempla la obligación de las plataformas de retirar contenidos ilegales y que las sanciones recaen sobre la empresa, no sobre sus directivos individualmente. Señaló también dificultades prácticas para sancionar a los directivos de las filiales en España, pues estas no tienen la capacidad directa para la retirada de contenidos.
Por su parte, Sergio Carrasco Mayans coincidió en que la legislación vigente ya contempla responsabildades civiles para las plataformas y que la normativa española debe adaptarse a la europea. Destacó que la intención de trasladar esa responsabilidad penal a los CEOs no es sencilla y podría no ser viable a corto plazo.
Sanciones y multas bajo la Ley de Servicios Digitales
La DSA contempla sanciones económicas significativas para las empresas que incumplan sus obligaciones, con multas de hasta un 6% de la facturación anual. En casos extremos, puede decretarse incluso el bloqueo de una red social en territorio europeo si se detecta un incumplimiento reiterado. La aplicación práctica de la norma ya ha llevado a multas importantes, como la impuesta a X, la red social de Elon Musk, que fue sancionada con 120 millones de euros el pasado diciembre por infracciones relacionadas.
Conclusiones y próximas acciones
La Comisión Europea reafirma su papel central en la regulación de plataformas digitales a nivel europeo y recalca la necesidad de que España remita formalmente la propuesta legislativa para su revisión antes de ponerla en marcha. Mientras tanto, el debate sobre la responsabilidad penal de los directivos y la protección a menores continúa abierto, con posturas encontradas entre el Gobierno, la Comisión y expertos legales.
Si quieres ampliar información sobre la Ley de Servicios Digitales o la posición de la UE, puedes consultar fuentes oficiales en Comisión Europea – Ley de Servicios Digitales (DSA) o sobre las novedades en regulación digital en España en Agencia Española de Protección de Datos.
Imagen: www.abc.es
