Exigencia de catalán para plazas de electricista en Amposta genera controversia
El Ayuntamiento de Amposta, en Tarragona, ha establecido como requisito indispensable que los aspirantes a una plaza de electricista municipal acrediten un nivel B2 de catalán, tanto en expresión oral como escrita. Además, la convocatoria exige superar una prueba de pronunciación en la que se valorará que no se incorporen fonemas ajenos al sistema catalán ni se cometan errores típicos de quienes aprenden la lengua como segunda lengua. Esta medida ha provocado reclamos por parte de colectivos que denuncian posibles casos de discriminación.
Detalles del requisito lingüístico y pruebas solicitadas
Según las bases del concurso público consultadas, los candidatos deben demostrar en una prueba oral que dominan el catalán sin cometer errores como no pronunciar la «r» final en los infinitivos o confundir las vocales abiertas y cerradas propias del idioma. También se penalizará a quienes no pronuncien adecuadamente sonidos como la «ll» o quienes usen una «s» sorda castellana en lugar de la sonora catalana.
Las bases indican que los aspirantes que no acrediten el dominio requerido del catalán serán automáticamente eliminados del proceso selectivo, lo que ha generado numerosas críticas entre colectivos de defensa de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes, que consideran que esta condición es desproporcionada para las tareas manuales del puesto.
Recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana acusa al Ayuntamiento de discriminación
El presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las bases del Ayuntamiento de Amposta por considerar que estos requisitos vulneran derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española.
Escolano subraya que el artículo 14 establece la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación por ninguna circunstancia, y que exigir un nivel tan alto de catalán para un empleo manual es claramente discriminatorio. En sus declaraciones denuncia que la prueba oral penaliza a candidatos con acentos andaluces o aragoneses y acusa al Consistorio de llevar a cabo una práctica inadmisible de racismo y andaluzofobia.
Funciones manuales y técnicas no justifican la demanda de nivel B2
En el recurso se destaca que las propias bases reconocen que las tareas a desempeñar son eminentemente manuales y técnicas: realizar instalaciones eléctricas, reparaciones, cuidado del material y apoyo a la brigada municipal. No existe justificación para la imposición de un elevado dominio oral y escrito del catalán, ya que el puesto no contempla funciones administrativas ni de gestión que justifiquen la exigencia.
Casos similares y sentencias judiciales sobre el nivel de catalán en plazas públicas
Esta no es la primera vez que se cuestiona la exigencia de altos niveles de catalán para puestos que no requieren un manejo avanzado del idioma. En octubre pasado, un juzgado de Barcelona anuló la exigencia de nivel B2 para operarios de cementerio en el Ayuntamiento de Vic, imponiendo un nivel A2 básico en línea con las funciones que esos empleos requieren.
El tribunal señaló que la demanda de un nivel B2 generaba una barrera de acceso discriminatoria contra quienes no acreditaban el conocimiento exigido, y destacó la desproporción entre las tareas a realizar y el nivel lingüístico pedido.
Otro conflicto similar en Guardiola de Berguedà por nivel C1 de catalán
Además, Convivencia Cívica Catalana ha presentado este mes un recurso contra el Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà (Barcelona), que exige un nivel C1 para sus lampistas, aun más alto que el de Amposta y superior al requerido por la Generalitat para sus funcionarios.
Escolano afirma que esta medida también vulnera el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a la función pública y que introduce una «barrera de entrada excluyente» que impide a muchos ciudadanos acceder a un empleo público sin justificación proporcional.
Implicaciones para el acceso igualitario a la función pública
El recurso advierte que los requisitos lingüísticos desproporcionados limitan el acceso de manera generalizada y sin justificación a todas aquellas personas que no posean el nivel exigido, afectando derechos contemplados en la Constitución y generando discriminación directa por la lengua.
Desde CCC expresan su compromiso para seguir fiscalizando estas situaciones y evitar que administraciones públicas vulneren derechos fundamentales en relación a la exigencia de idiomas en plazas públicas.
Conclusión
El caso del Ayuntamiento de Amposta abre un debate crítico acerca del equilibrio entre la defensa de la lengua autonómica y el derecho a la igualdad efectiva para todos los españoles que aspiren a empleos públicos. Mientras los organismos judiciales comienzan a pronunciarse sobre la proporcionalidad de esas exigencias, crece la polémica sobre la aplicación de criterios estrictos de catalán en puestos fundamentalmente técnicos y manuales.
Para más información sobre las normativas lingüísticas y las políticas públicas en Cataluña y Aragón, consulte los sitios oficiales de Generalitat de Cataluña y Gobierno de Aragón.
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