Informe del Ministerio de Sanidad revela el crecimiento de hospitales públicos gestionados por empresas privadas
En un contexto marcado por una huelga nacional de médicos que lleva cuatro días, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado un informe que alerta sobre la creciente presencia de la gestión privada en hospitales públicos de España. Según el documento, el número de hospitales públicos gestionados por entidades privadas ha aumentado un 36,8 % en la última década, alcanzando ya el 30,7 % del total de centros hospitalarios.
Incremento notable en gasto y gestión privada en hospitales
El informe, presentado tras el Consejo de Ministros, detalla que el gasto público destinado a hospitales privados se ha incrementado un 84,6 % entre los años 2011 y 2023. Mónica García ha señalado especialmente el caso del Hospital de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, que está bajo investigación por posibles irregularidades en su gestión privada vinculada al grupo Ribera Salud.
Actualmente, solo seis hospitales en España funcionan bajo un modelo de concesión privada para la gestión pública, de los cuales cinco se encuentran en Madrid y uno en la Comunidad Valenciana. Aunque este es el modelo que más controversia genera, el informe refleja que la colaboración público-privada en el sistema sanitario es mucho más amplia.
Distribución de hospitales con gestión privada por comunidades autónomas
Cataluña lidera con mayor número de hospitales privados vinculados a la sanidad pública
Según los datos oficiales, en 2025 existen en España 6 hospitales con concesión privada total, 138 centros con conciertos parciales y 109 hospitales pertenecientes a la red de utilización pública. Cataluña destaca como la comunidad autónoma con el mayor número de hospitales privados vinculados a la sanidad pública, con 93 centros que trabajan bajo un modelo en el que la empresa privada destina más del 80 % de sus recursos a servicios públicos.
Por otro lado, Andalucía ocupa el primer puesto en hospitales con concierto parcial, contabilizando 23 centros, seguida por Castilla y León (19), Murcia (14) y Madrid y Canarias (13 respectivamente). El informe también resalta que Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja cuentan con más camas hospitalarias privadas que la media nacional.
Datos sobre quirófanos y equipos de diagnóstico en hospitales privados
En lo que respecta a quirófanos, Asturias, Baleares, Cataluña y Navarra encabezan la lista de instalaciones privadas. En cuanto a equipos de diagnóstico, además de estas comunidades, Galicia y País Vasco tienen presencia notable. Esta distribución evidencia una estructura sanitaria con un importante peso del sector privado en la prestación pública.
Polémica en torno a la gestión del Hospital de Torrejón y la postura de la ministra
El centro madrileño está siendo objeto de investigación tras la publicación de un audio en el que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, supuestamente da instrucciones para rechazar pacientes o evitar ciertas prácticas en el hospital por motivos económicos. La ministra García ha manifestado que si se detectan irregularidades, se llevará el caso ante la Abogacía del Estado y ha acusado a la Comunidad de Madrid de mostrar “complicidad” ante estas acciones.
Además, ha aclarado que las investigaciones se extienden a otros hospitales con concesiones del mismo modelo, mencionando al grupo Quirónsalud como una de las entidades implicadas. La ministra ha rechazado que estas críticas sean meras “rencillas entre directivos”, enfatizando que son prácticas que dañan el sistema sanitario público.
Reformas legales y el futuro de la colaboración público-privada
Desde su departamento, se prepara una ley dirigida a regular y limitar las concesiones privadas en la sanidad pública. Mónica García insiste en la necesidad de una normativa que proteja y blinde la gestión pública para evitar que el beneficio económico prevalezca sobre la salud de los ciudadanos. Esta propuesta normativa, sin embargo, enfrenta dificultades políticas, ya que Podemos ha declarado que solo apoyará la ley si elimina completamente la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
El debate ha generado tensiones incluso dentro del Gobierno, con críticas internas sobre la efectividad y compromiso para materializar estos cambios.
La huelga médica y las repercusiones para pacientes
Mientras tanto, la huelga de cuatro días convocada por sindicatos médicos y personal sanitario continúa afectando la actividad asistencial. La ministra expresó respeto hacia las reivindicaciones pero señaló que muchas de las demandas exceden las competencias del Ministerio y deben ser asumidas por comunidades autónomas.
Por su parte, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha mostrado su profunda preocupación por el impacto del paro, especialmente en pacientes crónicos que requieren controles y tratamientos regulares. Denuncian retrasos significativos en citas, pruebas y cirugías que agravan listas de espera ya tensas.
El Partido Popular también ha criticado la gestión del conflicto desde Sanidad, exigiendo la retirada de la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio y responsabilizando a la ministra de la crisis actual en el Sistema Nacional de Salud.
Crecimiento de los seguros médicos privados en España
El informe del Ministerio destaca otro fenómeno relacionado: en 2024, el 32,6 % de los españoles disponía de un seguro médico privado, casi duplicando la cifra de 2018, que era del 17,2 %. El aumento fue más significativo en comunidades como Extremadura (con un 296,4 %), Ceuta, Cantabria y Comunidad Valenciana.
Este incremento se atribuye en buena parte a la pandemia de Covid-19 y al consecuente interés por reducir tiempos de espera en la atención médica mediante servicios privados.
Conclusión
El aumento de la gestión privada en hospitales públicos y la creciente contratación de seguros médicos privados apuntan a una transformación estructural en el sistema sanitario español. La ministra Mónica García subraya la urgencia de una legislación más estricta que blinde la sanidad pública y frene el modelo de colaboración público-privada que, según el Gobierno, puede anteponer los beneficios al bienestar de los pacientes.
Estas tensiones se sitúan en un escenario de conflictividad laboral y demandas crecientes de profesionales y pacientes que exigen soluciones urgentes para preservar una atención de calidad y accesible para todos.
Imagen: www.abc.es
