El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha dictado el archivo provisional de la causa que investigaba los contratos de emergencia adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de COVID-19 y meses posteriores. La investigación se centraba en la posible irregularidad en la utilización de la figura legal de la contratación de emergencia para obras y servicios en el contexto sanitario generado por la crisis.
### Contexto de la investigación
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que cuestionaba la legalidad de los procedimientos excepcionales que el SAS adoptó para gestionar contratos durante la emergencia sanitaria. Según la denuncia, el importe de estos contratos alcanzaba los 242 millones de euros y se habrían concedido sin respetar la normativa vigente. Podemos se sumó posteriormente al procedimiento judicial como denunciante.
En el centro de la polémica estaban tres gerentes del SAS: la actual, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Los altos responsables comparecieron en el juzgado para declarar, defendiendo que todos los contratos fueron gestionados con la conformidad y supervisión de los servicios técnicos internos y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
### Análisis del juez sobre la contratación de emergencia
El juez José Antonio Gómez, titular del Juzgado número 13, ha señalado en su auto fechado el 23 de enero de 2026 que no existen indicios suficientes para considerar la existencia de delito en la utilización prolongada de este tipo de contratación. Aunque el uso del decreto ley 8/2020, que establecía el marco legal para saltarse los procedimientos ordinarios, había finalizado, el SAS continuó empleando la contratación de emergencia debido a la persistente tensión asistencial derivada del impacto de la pandemia.
El magistrado subraya que no se trató de una actuación «arbitraria o caprichosa» ni de un «abuso de poder injustificado», dado que se produjeron varios informes jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas, así como la ausencia de alternativas viables para las contrataciones necesarias. Además, se constató que todas las adjudicaciones se realizaron con las empresas que venían colaborando previamente con el SAS y no se detectaron reclamaciones por parte de terceros ni perjuicios económicos, ni pérdidas de fondos públicos o europeos.
### Cambios en el modelo de fiscalización
Uno de los puntos que levantó sospechas en la denuncia fue la transición aprobada en octubre de 2020 por el Consejo de Gobierno de Andalucía, que sustituyó la fiscalización previa de los contratos por un control financiero permanente o posterior. El PSOE había argumentado que esta modificación buscaba eludir controles y reducir garantías, sin embargo, el juez desestima esta tesis y reconoce que la nueva modalidad facilitó mayor agilidad y eficacia en la gestión de recursos públicos bajo circunstancias excepcionales.
### Caso destacado: la reforma del antiguo Hospital Militar de Sevilla
Entre los contratos cuestionados destaca la obra para convertir el antiguo Hospital Militar en Hospital del Covid durante la pandemia. El juez señaló que, aunque la norma hubiera permitido la contratación directa por emergencia, el SAS optó por convocar a las nueve principales empresas sanitarias para participar en un proceso similar a un concurso, con la intención expresa de garantizar transparencia y competencia, pese a no ser obligatorio.
### Estado actual y futuras investigaciones
Con esta resolución el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla cierra la vía penal respecto a la contratación de emergencia en el SAS durante la pandemia. No obstante, la Justicia mantiene abiertas otras investigaciones sobre el Servicio Andaluz de Salud en provincias como Cádiz y Córdoba, centradas en la posible fragmentación o troceo de contratos para evitar los controles legales.
El archivo provisional de la causa es un punto de inflexión en la valoración judicial de las medidas excepcionales adoptadas por administraciones públicas para gestionar recursos sanitarios en contextos de crisis y confirma la complejidad jurídica que implica equilibrar urgencia y legalidad.
Para más información sobre temas relacionados con la administración pública y la salud en Andalucía, puede consultar la [Web oficial del SAS](https://www.sas.junta-andalucia.es) y los análisis publicados por el [Consejo de Transparencia de Andalucía](https://www.consejodetransparenciaand.es).
Imagen: www.elmundo.es
