El Juzgado de Córdoba archiva la denuncia contra el encierro de trabajadores en Hitachi Energy
El conflicto laboral que afecta a la planta de Hitachi Energy en Córdoba ha dado un nuevo giro tras la decisión del Juzgado de Instrucción de la ciudad, que ha archivado el procedimiento judicial abierto por la denuncia presentada por la empresa contra el encierro realizado por cientos de trabajadores el pasado 19 de noviembre. Según ha informado el sindicato CC.OO., el archivo se debe a que no se ha demostrado la comisión de ningún hecho delictivo durante la protesta pacífica.
Contexto del encierro y denuncia de Hitachi Energy
El 19 de noviembre, cientos de empleados de Hitachi Energy en Córdoba se concentraron en el interior de la fábrica tras conocer las sanciones impuestas al presidente y secretario del comité de empresa. Estos trabajadores decidieron permanecer en el recinto para analizar y decidir las acciones a seguir en respuesta a las medidas disciplinarias impartidas, lo que llevó a la empresa a denunciar la supuesta ocupación de las instalaciones ante la Policía Nacional.
Sin embargo, la actuación policial corroboró que no existió violencia ni actos delictivos durante el encierro, lo que se refleja en el atestado entregado por la Policía Nacional.
Argumentos legales y resolución judicial
En el auto del Juzgado, se reconoce expresamente que la permanencia pacífica de los trabajadores en las instalaciones no constituye un delito, ya que el derecho de huelga está amparado por la ley. La no salida del lugar como forma de protesta, siempre que no se impidan los accesos ni se realicen actos violentos, no puede ser sancionada penalmente.
Además, el juez señala que, pese a que el obstaculizar el paso podría ser ilegal, en este caso no hay indicios ni evidencias de comportamiento violento o delictivo, ratificando así el carácter legal de la protesta.
Sanciones y expediente de la Inspección de Trabajo a Hitachi
Esta resolución judicial se suma a la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a la empresa por vulnerar los derechos de representación de los trabajadores, tras prohibir el acceso al secretario general de CC.OO. de Córdoba a la planta, actuando en calidad de asesor del comité de empresa. La multa asciende a 8.000 euros y confirma que se han producido irregularidades por parte de la dirección.
Asimismo, la Inspección de Trabajo también multó a Hitachi Energy por el cierre injustificado de las instalaciones. La propia empresa, en el expediente sancionador, admitió que los trabajadores no tuvieron responsabilidad en este hecho, lo que subraya la incomprensión hacia las sanciones impuestas.
Reacciones sindicales ante la situación
El secretario general del Sindicato de Industria de CC.OO. en Córdoba, Agustín Jiménez, y el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, expresaron su satisfacción por las decisiones tanto judiciales como administrativas que reconocen que las acciones de los trabajadores se ajustan a derecho, descartando cualquier delito o falta. Jiménez afirmó: «Es importante que se reconozca que la plantilla y el comité han actuado conforme a la ley».
García Leiva solicitó a la empresa que retire las sanciones impuestas, argumentando que la continuidad de las mismas dificulta la negociación del convenio colectivo y sólo genera más tensión. «Para poder retomar el diálogo, la empresa debe mostrar buena voluntad y retirar las sanciones injustas», agregó.
Posición de Hitachi Energy y de la patronal CECO
Desde Hitachi Energy han querido aclarar que no han recibido formalmente el auto judicial sobre el archivo y que, en relación con la supuesta ocupación, la Inspección de Trabajo no tiene competencia para determinar la ilegalidad de dicha protesta. También indican que no existe procedimiento penal abierto ni denuncia contra los trabajadores por estos hechos.
Por otro lado, la patronal CECO manifestó su preocupación por la prolongación del conflicto laboral y la nueva convocatoria de huelga, ya que esto afecta la normalidad en la actividad de la planta. En un comunicado, pidieron la reanudación urgente de las negociaciones para alcanzar un acuerdo y evitar perjuicios mayores al centro de trabajo en Córdoba.
Impacto y próximo escenario
El archivo judicial del caso y las sanciones de la Inspección de Trabajo suponen un respaldo importante para la plantilla y su comité, aunque el conflicto colectivo sigue vigente y el calendario de huelga podría retomarse si no se retiran las sanciones. La solución definitiva dependerá de la capacidad de ambas partes para encontrar un acuerdo en la mesa de negociación.
Para más información sobre los derechos laborales y el derecho de huelga, puede consultarse la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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