El juez de Tudela archiva el caso de la menor supuestamente vendida por sus padres
El Juzgado de Tudela ha decidido archivar provisionalmente el caso de la menor de 14 años que presuntamente fue vendida por sus padres en Navarra a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky para un matrimonio forzado en Lérida, después de que la menor negara los hechos en su declaración judicial. La joven, bajo tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, rechazó ante el tribunal haber sido obligada a casarse o a mendigar, desmintiendo las sospechas iniciales.
Detalles del caso y contexto
Origen y modus operandi
El incidente se remonta a principios de 2025 en Corella, un municipio de la Ribera de Navarra. Según la investigación, los padres de la joven, ambos de 35 años y pertenecientes a la comunidad romaní, habrían acordado con otra familia de Lérida la ‘venta’ de su hija a su hijo, un joven de 21 años, con la intención de un matrimonio forzado. Este acuerdo ilícito incluyó un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunas provisiones básicas, tal y como informaron fuentes policiales consultadas por ABC.
Traslado y situación de la menor
Una vez en Catalunya, la menor fue sometida a la tutela de la familia que la había adquirido, donde supuestamente debía contraer matrimonio y se le obligaba a mendigar para generar ingresos. Fuentes aseguraron que la joven no estaba escolarizada y su situación fue denunciada por los Servicios Sociales, lo que propició la apertura de una investigación por el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUME) en Navarra.
Investigación y seguimiento policial
Acciones conjuntas entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra
El trabajo coordinado entre la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra fue clave para localizar a la menor en la provincia de Lérida. El episodio culminó el 3 de octubre cuando la policía catalana encontró a la joven en la puerta de un supermercado en Les Borges Blanques, donde estaba mendigando. Al ser detenida para su protección, la menor identificó a sus supuestos tutores como sus padres, pero la investigación confirmó que en realidad se trataba de los padres del joven con quien estaba destinada a casarse.
Detención y liberación de los implicados
Los padres del joven comprador, de 40 y 42 años, así como el supuesto esposo, fueron presentados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lérida. También los padres biológicos de la menor fueron detenidos en Navarra y llevados al Juzgado de Guardia de Tudela. Tras el archivo provisional de la causa, todos los implicados han quedado en libertad.
Decisión del juez y declaración de la menor
El juez basó la decisión en la declaración de la menor, quien negó categóricamente haber sido forzada a contraer matrimonio o a mendigar. Además, aclaró que las imágenes que circulaban en redes sociales sobre su boda eran simplemente una celebración y no un matrimonio amañado ni celebrado bajo coacción.
Los investigadores reconocieron que aunque existían pruebas que indicaban la venta, el juez no pudo continuar con el proceso debido a la versión de la menor, que aseguró estar «voluntariamente» en Lérida y que mendigaba por gusto propio.
Perspectiva social y legal sobre matrimonios forzados en España
Este caso pone de manifiesto la existencia y la complejidad de los matrimonios forzados en España, especialmente en comunidades vulnerables. Las autoridades, como el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUME), trabajan en la detección y prevención de estos delitos, que afectan principalmente a menores.
España cuenta con legislación específica contra los matrimonios forzados, considerándolos una violación grave de los derechos humanos y una forma de trata de personas. Organizaciones como UNICEF España insisten en la importancia de proteger a la infancia y garantizar su bienestar y libertad para decidir.
Conclusión y próximos pasos
A pesar del archivo provisional, el caso continúa siendo un ejemplo significativo para denunciar y reflexionar sobre el daño que el matrimonio forzado puede causar a las menores, y la necesidad de una vigilancia constante por parte de los organismos sociales y judiciales. Es vital seguir trabajando en la protección de menores vulnerables, educación y sensibilización comunitaria para erradicar estas prácticas.
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Imagen: www.abc.es
