Archivo judicial despeja dudas sobre contratos del SAS durante la pandemia
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido una disculpa pública a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, tras el archivo judicial de la investigación sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Este archivo, dictado por un juzgado de Sevilla, concluye que no existen indicios de delito vinculados a estas contrataciones, poniendo fin a una polémica que ha marcado la agenda política regional en los últimos meses.
Exigencia de disculpas y defensa de la sanidad pública andaluza
En una comparecencia ante los medios, Antonio Sanz expresó la satisfacción del Gobierno andaluz por la decisión judicial y afirmó que “no había ninguna razón para esta estrategia de acoso y derribo sustentada en la mentira” que consideró promovida por el PSOE-A y Podemos.
El consejero subrayó que «ni ha existido, ni existe, ni existirá corrupción sanitaria en Andalucía», y criticó duramente a los dirigentes socialistas que, a su juicio, intentaron instrumentalizar una tragedia con más de 16.000 víctimas en Andalucía para obtener rédito político.
Para Sanz, la actitud del PSOE-A, encabezada por María Jesús Montero, ha consistido en una política carroñera que intenta desprestigiar a los profesionales sanitarios y dañar la imagen de la sanidad pública en la comunidad.
Detalles del auto judicial y defensa de la actuación del SAS
El auto emitido por el juzgado afirma que no hay elementos o pruebas que avalen la existencia de delito en la gestión de los contratos de emergencia. Asimismo, señala que no existió ningún abuso arbitrario o injustificado de poder por parte del SAS.
Antonio Sanz recordó que todas las contrataciones contaron con memorias justificativas económicas e informes jurídicos que respaldan la necesidad y legalidad de las mismas. Además, comentó que la adjudicación se realizó a empresas ya vinculadas con el SAS hasta ese momento, sin beneficiar a ninguna entidad concreta.
Críticas a la oposición y contexto político
El consejero calificó las denuncias realizadas desde el PSOE-A como un «ridículo monumental» y recordó otro caso similar, el de la supuesta desaparición y modificación de pruebas en cribados de cáncer de mama, también archivado por la fiscalía.
Finalmente, advirtió a las formaciones políticas opositoras que en política “no vale todo” y pidió respeto hacia los profesionales sanitarios que han trabajado en condiciones difíciles durante la pandemia.
Repercusiones y declaraciones de partidos implicados
Mientras tanto, el PSOE-A ha anunciado que recurrirá la decisión del archivo y cuestiona la exhaustividad de la instrucción judicial, insistiendo en que hubo indicios de prevaricación en la gestión de contratos durante la crisis sanitaria.
Esta disputa refleja la tensión existente en el panorama político andaluz en torno a la gestión de la pandemia y la transparencia administrativa.
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Imagen: www.abc.es
