Sanidad incorpora la obligación de atender en lenguas cooficiales en hospitales públicos
El Ministerio de Sanidad ha incluido en la última versión del anteproyecto del Estatuto Marco una cláusula que obliga al personal sanitario público a atender a los pacientes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas cuando estos así lo soliciten. Este cambio legislativo, presentado a los sindicatos con los que se negocia la norma, pretende garantizar el derecho del ciudadano a recibir atención en su lengua oficial, aparte del castellano.
Contexto y motivo de la introducción de la cláusula lingüística
La propuesta de incorporar la atención en lenguas cooficiales fue inicialmente planteada por las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, las regiones donde coexisten el castellano con otras lenguas oficiales —el catalán y el euskera, respectivamente—. La ministra Mónica García modificó el anteproyecto para incluir esta obligación dentro del capítulo que regula los deberes del personal sanitario, con el fin de asegurar que el sistema sanitario público respete las pluralidades lingüísticas territoriales.
Impacto práctico en las comunidades autónomas
En la práctica, la aprobación de este Estatuto Marco establecería la obligatoriedad para las comunidades autónomas de garantizar la atención en las lenguas cooficiales en sus hospitales públicos y centros de salud. Esto limitaría la capacidad legislativa autonómica en materia lingüística al tomar esta obligación como base mínima. Por ejemplo, en Cataluña existe actualmente una instrucción donde se reconoce el derecho de los pacientes a escoger en qué lengua oficial desean ser atendidos y obliga a los centros sanitarios a garantizar este derecho. Si un futuro gobierno regional decidiera eliminar esta norma, no podría hacerlo si el Estatuto Marco queda aprobado con la cláusula lingüística.
El caso particular de Cataluña y la promoción del catalán en sanidad
Durante décadas, el uso del catalán en el ámbito sanitario ha sido una asignatura pendiente para la Generalitat. A pesar de la inmersión lingüística en las aulas, no se logró una implantación similar en hospitales y centros médicos. Solo en los últimos años se exigió el dominio básico del catalán para optar a plazas fijas, aunque no existía obligación explícita de usarlo durante la atención sanitaria ni sanciones por no hacerlo.
El avance llegó en 2022 cuando la Generalitat presentó un plan con cien medidas concretas para promover el uso del catalán en todos los ámbitos, incluido el sanitario. Entre estas medidas destaca la creación de comités lingüísticos hospitalarios y referentes lingüísticos para gestionar el uso del idioma, así como campañas formativas dirigidas al personal sanitario. En mayo de 2024, una nueva directriz obliga a los centros sanitarios públicos a implementar planes de gestión lingüística que aseguren la atención al paciente en la lengua oficial que seleccione.
Gestión y control del cumplimiento lingüístico
Los planes de gestión lingüística deberán incluir un diagnóstico del uso de idiomas en el centro, objetivos, formación para el personal y mecanismos para gestionar quejas y tomar acciones correctoras. Además, se establecen comités de vigilancia que valoran el cumplimiento de estas obligaciones. En hospitales como el Clínic de Barcelona ya se aplican estas medidas, recibiéndose cada año alrededor de 200 quejas por no ser atendido en catalán, aunque hasta la fecha no se han impuesto sanciones a profesionales.
Críticas desde el sector sanitario y retos para el Ministerio de Sanidad
Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), lamenta que el blindaje legal del uso de lenguas cooficiales en la sanidad pública sea un «insulto» para los más de 177.000 médicos y 45.000 MIR del país. Según Lázaro, este tipo de requisitos añade complejidad y puede generar problemas en un sistema que ya afronta un déficit crónico de profesionales. En su opinión, estas medidas ideológicas no benefician a los pacientes, quienes acaban sufriendo con listas de espera más largas debido a la situación.
Desavenencias sobre competencias y negociación
Además, el presidente de CESM critica que el Ministerio de Sanidad aplique la competencia autonómica según convenga. Por ejemplo, eliminó del proyecto la fijación de un mínimo retributivo para las guardias médicas que inicialmente se había consensuado con sindicatos, argumentando que esto podría generar conflictos de competencias con las comunidades autónomas. Esta inconsistencia dificulta la negociación y aprobación definitiva del Estatuto Marco.
Realidad en otras comunidades autónomas
En Baleares, por ejemplo, el requisito de conocimiento del catalán impuesto por el anterior gobierno autonómico fue eliminado tras un cambio político, pasando de ser una obligación a un mérito más. Miguel Lázaro señala que la comunicación con los pacientes no genera problemas en la práctica diaria y critica que este debate lingüístico esté impulsado por sesgos ideológicos. Según él, la ministra depende de los apoyos de partidos nacionalistas para mantenerse en el cargo, lo que influye en estas políticas lingüísticas que no ayudan a vertebrar el sistema sanitario estatal.
Conclusión: un nuevo escenario para el servicio sanitario público en España
La inclusión obligatoria de la atención en lenguas cooficiales en el Estatuto Marco sanitario supondrá un cambio pionero en la regulación del sistema de salud español. Establecerá un marco nacional que garantice a los pacientes el derecho a ser atendidos en su lengua propia cuando esta sea oficial en su territorio, limitando la autonomía legislativa regional en materia lingüística sanitaria. Sin embargo, el proyecto aún debe afrontar debates y negociaciones con sindicatos y gobiernos autonómicos, enfrentando críticas y retos para su aprobación y aplicación.
Para más información sobre la negociación y las reacciones del sector sanitario consulte: Los médicos calientan motores para la huelga contra el Estatuto Marco de Mónica García.
Imagen: www.abc.es
