Consejo de Estado emite dictamen sobre la reforma universitaria
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, ha presentado un dictamen con numerosas advertencias jurídicas respecto al real decreto que el Ejecutivo planea aprobar para regular la creación de universidades en España. Aunque el texto es favorable, señala riesgos considerables que podrían desencadenar conflictos legales con las comunidades autónomas y la Unión Europea.
Principales objeciones sobre la normativa
Competencias autonómicas en juego
Uno de los puntos más controvertidos indica que el real decreto otorga carácter vinculante a los informes de las agencias de evaluación de calidad, tanto estatal como autonómicas, como Aneca. Según el proyecto, una comunidad autónoma no podría autorizar una universidad si recibe un informe negativo. El Consejo de Estado advierte que esta medida podría suponer una mutación de competencia autonómica, pues la decisión final quedaría anulada en favor de un dictamen técnico exterior. El órgano consultivo recomienda que estos informes se mantengan como preceptivos pero no vinculantes para evitar posibles recursos judiciales e incluso cuestiones de inconstitucionalidad.
Universidades virtuales y competencias del Estado
El decreto establece que las universidades cuya oferta sea mayoritariamente virtual, con más del 80 % de créditos a distancia, estarían bajo competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, el Consejo señala que esta transferencia competencial debería demostrarse como auténticamente supraautonómica para no infringir las atribuciones de las comunidades, evitando así que el Tribunal Constitucional pueda anular la norma por invasión de competencias.
Dictámenes colegiados y veto estatal
Otra objeción recae sobre el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que reúne al ministerio y a las consejerías autonómicas. El proyecto exige un dictamen favorable de este órgano para que una comunidad pueda aprobar una universidad nueva. El Consejo alerta de que esta exigencia podría transformar una opinión colegiada en un veto de hecho a las competencias autonómicas, recomendando que el dictamen sea sólo preceptivo y no vinculante.
Requisitos controvertidos para nuevas universidades
Umbral mínimo de alumnos y barreras de entrada
El real decreto fija un mínimo de 4.500 estudiantes matriculados para que una universidad se considere viable. Aunque el Consejo no rechaza directamente esta medida, otros organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierten de que el umbral puede limitar la creación de nuevas universidades especializadas o locales. Se expone también la posible ilegalidad de considerar una cifra arbitraria que podría ser anulada judicialmente.
Residencia del profesorado y posible vulneración europea
El texto exige que al menos el 75 % del profesorado de las universidades virtuales resida en España o en otro país de la Unión Europea. Tanto la CNMC como el Ministerio de Trabajo advierten del riesgo de vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios comunitarios. El Ministerio de Economía considera esta restricción injustificada objetivamente y señala que la residencia no asegura calidad académica. Se prevé que esta condición pueda terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otras condiciones y problemáticas administrativas
El decreto contempla además requisitos como experiencia previa en gestión universitaria o la obligación de disponer de plazas de alojamiento para un 10 % de los estudiantes. La CNMC critica que estas exigencias no se relacionan directamente con la mejora académica y pueden convertirse en obstáculos para nuevas universidades. El Consejo señala que la obligación de alojamiento debería aplicarse sólo a estudiantes no residentes y advierte que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no prevé esta medida.
Dudas sobre la tramitación del real decreto
Más allá del fondo, el Consejo de Estado reprocha la tramitación formal del decreto, destacando que la memoria económica no cuantifica adecuadamente el impacto presupuestario ni las cargas administrativas. El Ministerio para la Transformación Digital rechazó la aprobación previa por esta razón, y el dictamen considera insuficiente la estimación de costes, señalando el riesgo de nulidad por falta de motivación. Además critica la técnica legislativa elegida, que modifica casi en su totalidad un decreto existente en lugar de redactar uno nuevo, aumentando la complejidad y generando inseguridad jurídica.
Contexto y reacciones
El decreto universitàrio se presenta oficialmente como una medida para garantizar la calidad académica en todo el territorio nacional, afectando especialmente a las universidades privadas. Sin embargo, ha generado polémica por las críticas recibidas desde distintas comunidades autónomas, tanto gobernadas por el Partido Popular como por coaliciones como en el País Vasco. En esta comunidad se ha concedido una adaptación particular para las regiones con lengua cooficial.
Previo a este dictamen, el proceso ya había suscitado dudas por parte de la CNMC y el Ministerio de Economía, quienes han subrayado que muchos requisitos no tienen una clara relación con la calidad educativa. A nivel político, el presidente del Gobierno y varios ministros han hecho declaraciones polémicas contra la universidad privada, calificándola como una amenaza, a pesar de que muchos miembros de su gabinete han estudiado en centros privados.
Conclusión: necesidad de reformulación
El Consejo de Estado insta al Gobierno a replantear el real decreto para evitar conflictos legales con las comunidades autónomas y la Unión Europea, subrayando la importancia de respetar competencias, ajustar requisitos y mejorar la tramitación para garantizar la seguridad jurídica. De no corregir estos aspectos, la reforma universitaria podría verse finalmente paralizada por recursos administrativos o judiciales, complicando el mapa universitario español y afectando la calidad académica que se pretenden proteger.
Para más información sobre la educación universitaria en España, puede consultarse el portal de Universia o el sitio oficial de legislación europea.
Imagen: www.abc.es
