La Fiscalía investiga la existencia de planes de prevención contra incendios en municipios de alto riesgo
El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha enviado un oficio dirigido a todos los fiscales provinciales para que verifiquen si los municipios con mayor riesgo de incendios forestales disponen de planes de prevención adecuados. En aquellos casos donde estos planes no existan o no se apliquen correctamente, la Fiscalía valorará la posibilidad de emprender acciones penales, según ha tenido acceso el periódico ABC.
Contexto actual: incendios de gran magnitud en España
Esta instrucción se produce en un momento marcado por numerosos incendios de gran envergadura en distintas regiones españolas, que han causado daños significativos en miles de hectáreas de terreno. El fiscal ha señalado que la ausencia o aplicación incorrecta de planes de prevención ha sido un factor que ha agravado la situación, lo que ha motivado esta campaña de revisión a nivel nacional iniciada en 2024 para comprobar la existencia y vigencia de las medidas preventivas locales frente al fuego.
Planes obligatorios según la Ley de Montes y la responsabilidad autonómica
De acuerdo con el fiscal Vercher, la elaboración de estos planes está regulada en el artículo 48 de la Ley de Montes, modificada por el Real Decreto-ley 17/2022. En este marco, las comunidades autónomas tienen la obligación de formular y aprobar anualmente planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales que cubran todo su territorio y se publiquen previamente.
Además, se ha solicitado la colaboración del SEPRONA, agentes forestales y Policía Local para que realicen una verificación específica en municipios con características de alto riesgo debido a su orografía, superficie forestal o condiciones climáticas adversas.
Reacción de los ayuntamientos en Castilla y León ante la investigación
Los alcaldes de municipios afectados en Castilla y León han expresado su preocupación e incredulidad ante esta acción de la Fiscalía. José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria (Zamora) y senador, señala que su municipio cuenta con planes de evacuación centrados en áreas urbanas y eventos concretos, aunque la gestión de espacios protegidos recae en la comunidad autónoma.
Por su parte, Irene González, alcaldesa de Cacabelos (León), destaca que la normativa sobre planes varía entre comunidades y que Castilla y León no ha establecido un marco claro como el de Galicia. Su municipio publica un bando anual para recordar a los vecinos la importancia de mantener sus propiedades limpias, pero reconoce las limitaciones de recursos para asumir todas las exigencias.
Luis Mariano Santos, alcalde de La Cistierna (León), rechaza tener comunicación señalada por la Fiscalía y apunta a que las diputaciones deberían coordinar los servicios antiincendios.
No obstante, la Junta de Castilla y León aprobó en marzo el Plan Infocal, que establece la creación de guías operativas y planes locales para los municipios con peor riesgo, aunque sin fechas de implementación ni reuniones informativas realizadas aún.
Problemas de recursos y limitaciones en las comunidades afectadas
Casos en Galicia y Extremadura
En Galicia, los alcaldes mencionan la escasez de recursos como un obstáculo grave para aplicar incluso los planes existentes. Patricia Lameras, alcaldesa de Larouco (Orense), lamenta que las franjas de seguridad, creadas con maquinaria pesada, no fueron suficientes para controlar un incendio devastador que calcinó más de 30.000 hectáreas. Rafael Pérez, alcalde de La Mezquita (Orense), denuncia que las competencias transferidas a los ayuntamientos carecen de medios económicos y humanos adecuados, lo que dificulta el mantenimiento de perímetros de seguridad.
Por su parte, en Extremadura, los alcaldes Daniel Lara (Llerena, Badajoz) y Raúl Gordillo (Jerez de los Caballeros) muestran su indignación por la actuación de la Fiscalía y destacan que, si bien disponen de planes de prevención, el principal problema es la falta de recursos para aplicarlos completamente.
Conclusión
La investigación de la Fiscalía busca asegurar que los municipios con alto riesgo de incendios en España cumplan con sus obligaciones legales en materia de prevención y protección ambiental. No obstante, los representantes locales advierten de las dificultades que supone para los ayuntamientos cumplir con estas exigencias sin la dotación adecuada de medios y coordinación efectiva con las administraciones autonómicas.
Este proceso pone de relieve la necesidad de reforzar las políticas públicas en prevención de incendios y mejorar la colaboración entre todas las administraciones implicadas para minimizar el impacto de futuras catástrofes.
Imagen: www.abc.es
