El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca el despido de un cocinero municipal
Manuel Escribano, cocinero con más de 17 años de servicio en el Ayuntamiento de Barcelona, logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declarara improcedente su despido, que fue motivado por no acreditar el nivel B2 de catalán exigido para renovar su contrato en enero de 2024.
Contexto del despido y proceso judicial
Desde su incorporación en 2007 y tras encadenar varios contratos, Escribano alcanzó la categoría de personal laboral en 2014. Para estabilizar su plaza, en 2022 el Ayuntamiento inició un proceso de concurso de méritos, exigiendo a los aspirantes la acreditación del nivel B2 en catalán, requisito que afectó directamente a Escribano, cuya función era exclusivamente cocinar.
A pesar de haber aprobado cursos impartidos por el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), y aprobar el examen oficial de catalán tras su despido, el Ayuntamiento le retiró el contrato alegando que no había superado la prueba propia que ellos convocaron. El cocinero denunció esta situación, asesorado por Convivencia Cívica Catalana (CCC).
La sentencia del TSJC: Improcedencia del despido y discriminación indirecta
En marzo de 2025, inicialmente la Justicia avaló el despido, pero tras recurrir Escribano, el TSJC revirtió esta decisión. En la sentencia, el Tribunal declara el despido como improcedente, ordenando su readmisión en las mismas condiciones con abono retroactivo de salarios, o, alternativamente, el pago de una indemnización de cerca de 59.000 euros (58.696,92 €).
El fallo reconoce que la exigencia del nivel B2 podría suponer una indiscriminación indirecta, puesto que el trabajador fue el único aspirante a la convocatoria, posiblemente debido al requisito lingüístico que pudo disuadir a otros candidatos legítimos.
Sin embargo, el juez señala que tal desigualdad no equivale a una discriminación directa y destaca que el demandante debería haber impugnado las bases del concurso para cuestionar la proporcionalidad de la exigencia, algo que no hizo.
El debate sobre la exigencia del catalán en la función pública
La resolución también aborda la constitucionalidad de la demanda de catalán en puestos públicos en Cataluña. Se recuerda que el Tribunal Constitucional avala con carácter general el requisito mínimo del conocimiento de catalán, aunque admite que puede cuestionarse si el nivel requerido es desproporcionado.
Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, valoró la sentencia como un avance para limitar el uso de idiomas como herramienta de discriminación laboral en la administración catalana, y señaló que esta práctica ha dejado a muchas personas sin trabajo durante procesos de estabilización laboral.
Detalles del examen y despido
El examen de catalán impuesto por el Ayuntamiento para sus trabajadores se celebró en septiembre de 2023. Manuel declaró haber salido con buenas sensaciones y posteriormente aprobó la prueba oficial del CPNL, pero la administración declaró suspenso el examen propio.
Su despido fue notificado en enero de 2024 mientras estaba de baja médica. Escribano firmó el despido bajo la promesa de que sería recontratado una vez cumplida la penalización, promesa que no se cumplió debido a la amortización de la plaza, que posteriormente fue externalizada.
Situación similar de otros empleados municipales
El caso de Manuel no fue aislado. Al menos otros 11 trabajadores municipales tampoco pudieron acceder a su plaza fija por no superar el examen de catalán. Por ejemplo, el clarinetista José Joaquín Sánchez, empleado desde 1997, también recurrió el requisito lingüístico alegando que vulnera la Constitución, pendiente aún de sentencia.
Conclusiones y perspectivas
Este fallo es relevante para la regulación del uso del catalán en la administración pública, abriendo un debate sobre la proporcionalidad del nivel exigido en determinados puestos, especialmente cuando la función desarrollada no requiere interacción lingüística directa, como en el caso de un cocinero.
Desde Convivencia Cívica Catalana se anima a continuar impugnando estas exigencias para evitar que el catalán se utilice como instrumento de discriminación hacia trabajadores no catalanoparlantes.
Más información sobre la situación lingüística en la administración catalana
- Exigencia del catalán en bandas municipales: un requisito controvertido
- Consorcio para la Normalización Lingüística
Imagen: www.abc.es
