TSJA establece penas de prisión para el transporte de combustible a narcolanchas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado que el transporte de combustible para el abastecimiento de las conocidas como narcolanchas es un delito penal y no una infracción administrativa ligera. Esta decisión supone un duro revés para una práctica que ha crecido notablemente en los últimos años, especialmente tras la prohibición y persecución de las grandes embarcaciones fueraborda utilizadas para el tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar.
Delito equiparado a la tenencia ilegal de sustancias explosivas
La Sección de Apelación Penal del TSJA equipara la actividad desarrollada por estas «narcogasolineras flotantes» a delitos recogidos en el artículo 568 del Código Penal referentes a la tenencia ilegal de gasolina, con penas que oscilan entre los cuatro y ocho años de prisión. Se reconoce así la gravedad que conlleva el suministro de combustible a las embarcaciones que trasladan grandes cantidades de hachís y cocaína, revelando la peligrosidad y el riesgo para la seguridad pública que implica esta acción.
Revocación de sentencia y sanción ejemplar
Este fallo revoca la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz, que absolvió a un acusado del delito de tenencia de sustancias inflamables sin embargo sí lo condenó por tráfico de drogas a cuatro años y seis meses de cárcel y a una multa de 180.000 euros. El TSJA ahora aumenta la condena hasta doce años y medio de prisión, sumando cuatro años por transportar el combustible y duplicando la pena por tráfico de sustancias al aplicar la agravante de multirreincidencia.
Contexto del caso y riesgos asumidos
El condenado fue interceptado en febrero de 2024 por la Guardia Civil cuando transportaba a bordo de una narcolancha 1.300 litros de gasolina distribuidos en 52 garrafas de 25 litros cada una. Los magistrados subrayan que el acusado conocía la enorme peligrosidad de su acción, dado que la gasolina es un producto altamente inflamable y volátil, y asumía un riesgo grave para la seguridad pública al realizar el transporte.
Proliferación de la actividad y necesidad de una respuesta judicial contundente
En los últimos años, se ha constatado un aumento de las actividades dedicadas exclusivamente al suministro de combustible para narcotraficantes en el mar, debido a que la tenencia y transporte de gasolina para estos fines solían estar penalizadas con sanciones leves.
El TSJA, alineado con la Fiscalía, señala que la proliferación del llamado “petaqueo” —la práctica de abastecer a narcolanchas en alta mar— es especialmente acusada en áreas con elevado tráfico marítimo, y forma parte de una amplia infraestructura que soporta el trasiego ilícito de hachís proveniente del norte de África. Esta organización requiere personal, combustible y embarcaciones, irradiando riesgos críticos para la salud y seguridad públicas por la elevada cantidad de gasolina transportada sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.
Argumentos jurídicos y jurisprudenciales
La Audiencia de Cádiz había defendido la denuncia como un riesgo desproporcionado y negativo para la aplicación correcta del artículo 348 del Código Penal, señalando que para aplicar esta norma es necesario que las sustancias inflamables se destinen a fines ofensivos específicos. Sin embargo, el TSJA, apoyado en la interpretación de la Fiscalía y precedentes del Tribunal Supremo, considera que no es necesario un propósito destructivo para que constituya un delito. El simple y consciente riesgo para la seguridad pública que implica la tenencia de combustible con fines ilegales es suficiente para justificar la pena.
Implicaciones para el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar
La resolución del TSJA envía un mensaje claro que endurece la lucha contra el narcotráfico marítimo. El reforzamiento de las penas por actividades conexas al tráfico ilegal de drogas, como el suministro de combustible, golpea la logística interna de las organizaciones criminales que operan en la región de Andalucía y el Estrecho de Gibraltar.
Esto también contribuye a reforzar a las fuerzas de seguridad en su combate contra un fenómeno complejo y en creciente expansión, que no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana sino que también provoca graves daños medioambientales y socioeconómicos.
Referencias y recursos para informarse más
Para entender mejor el marco legal y judicial aplicado por el TSJA, puede consultarse el Código Penal Español y el Real Decreto 551/2006 sobre Reglamento de mercancías peligrosas por carretera.
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Imagen: www.elmundo.es
