El Tribunal Supremo avala la información de ABC y confirma errores de la juez Núñez Bolaños en el caso ERE
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia definitiva el 25 de septiembre de 2025, que confirma que la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños cometió errores en la instrucción del caso de corrupción conocido como los ERE en Andalucía. La Sala de lo Civil desestimó el recurso presentado por la magistrada contra el periódico ABC, que había publicado una información en 2019 señalando irregularidades en la gestión judicial del caso.
Este fallo pone fin a una larga disputa judicial que Núñez Bolaños emprendió contra ABC por considerar que el medio divulgó información que afectaba a su honor personal, reclamando una indemnización de 120.000 euros por presunta difamación y perjuicios morales.
Antecedentes del caso y la demanda contra ABC
El origen de esta controversia se remonta a julio de 2019, cuando ABC publicó en sus ediciones impresa y digital un reportaje titulado «La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores», en el que se describía cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advertía sobre la falta de incorporación de informes clave en varias piezas judiciales del caso ERE, afectando la continuidad de la investigación contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
La juez consideró que esta información era falsa y cargada de un tono peyorativo, presentando una demanda por vulneración de su honor, pero tanto el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla en 2023 como la Audiencia Provincial de Sevilla en 2024 ya habían desestimado la demanda previamente.
Reproches concretos al procedimiento de instrucción
El Tribunal Supremo reprocha específicamente a la juez Núñez Bolaños que no haya explicado por qué no incorporó un oficio de la Guardia Civil que debía ser añadido a todas las causas relacionadas con el caso ERE. Según la sentencia, este oficio fue omitido en al menos diez piezas separadas sin justificación alguna, lo que constituye una irregularidad en la tramitación judicial.
Además, el Supremo subraya que esta omisión no puede ser ignorada, ya que la incorporación efectiva de estos documentos es fundamental para que la investigación avance adecuadamente y para evitar la prescripción de delitos, una preocupación expresada por la propia Guardia Civil en sus informes.
Respuesta crítica y medios utilizados para la información
La Sala de lo Civil resalta que la información publicada por ABC se basó en fuentes públicas, concretamente en oficios de la UCO y en denuncias de la Fiscalía Anticorrupción, que también había expresado su preocupación por “errores de tramitación, dilaciones y desatenciones” en el procedimiento judicial que llevaba la magistrada.
Lejos de emplear un lenguaje ofensivo sin fundamento, la Sala confirma que la noticia cumplió con el principio de veracidad y que los términos usados reflejaban un análisis crítico propio del ejercicio legítimo de la libertad de prensa y expresión. Así, siete jueces entre las distintas instancias han avalado en conjunto la corrección del tratamiento informativo.
El contexto de la instrucción y la presión judicial
El caso de los ERE es uno de los más mediáticos y socialmente relevantes de la historia reciente de Andalucía, en el que se investigaron irregularidades en la adjudicación de ayudas públicas por valor de millones de euros. La gestión de esta causa fue siempre objeto de gran escrutinio, y la sustitución de Mercedes Alaya por Núñez Bolaños trajo consigo numerosas críticas y conflictos procesales.
La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón durante la instrucción, presentó quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra Núñez Bolaños, denunciando no solo errores técnicos, sino también retrasos y desatenciones que perjudicaron la diligencia del proceso judicial.
Libertad de prensa y críticas a funcionarios públicos
El Supremo recuerda que los jueces, como servidores públicos, pueden y deben soportar críticas más severas que ciudadanos particulares cuando ejercen funciones públicas. Además, puntualiza que limitar la libertad de prensa solo a reproducir literalmente información oficial sin análisis crítico constituiría un menoscabo del derecho a informar y opinar protegido constitucionalmente.
En este sentido, negar la veracidad a la información publicitada por ABC no solo sería injustificado sino también perjudicaría el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna sobre procedimientos judiciales de gran interés público.
Impacto y efectos de la sentencia
La decisión del Tribunal Supremo obliga a la juez Núñez Bolaños a asumir las costas del proceso judicial y refuerza la posición de ABC como medio de comunicación que ha actuado dentro del marco legal y ético de la profesión periodística. Este pronunciamiento pone punto final a un enfrentamiento judicial que se prolongó más de cuatro años desde la publicación original de la noticia.
Con esta sentencia, se reafirma la importancia del control público, judicial y mediático sobre procesos ligados a la corrupción y garantiza la protección del derecho a la información frente a intentos de censura o represalias desde cargos públicos.
Recursos adicionales y enlaces de interés
- Noticia original de ABC sobre la sentencia del Tribunal Supremo
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
- Página oficial de la Guardia Civil
- Junta de Andalucía
Imagen: www.abc.es
