Sánchez veta la participación pública en los nuevos impuestos a la banca y energéticas

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Los dos nuevos impuestos a las empresas energéticas y la banca nacen con un importante déficit: la ausencia de participación pública. Ciudadanos, organizaciones, asociaciones y empresas no podrán formular alegaciones, ni trasladar al Gobierno aportaciones para mejorar ambos tributos. Moncloa ha optado por crear estas dos figuras con la fórmula de la proposición de ley –como si se tratara de una iniciativa de los grupos socialista y morado en el Congreso y no del Ejecutivo–, y ello le permite eludir todos los trámites previos que son obligatorios cuando el Gobierno elabora un proyecto normativo. Entre ellos, los de consulta y audiencia pública. Es en ambos procesos cuando se produce la participación pública. En el primer caso para recabar la opinión de los ciudadanos antes de que la ley se elabore, y en el segundo para conocer las alegaciones de los afectados una vez que el texto ya ha sido redactado. Mandato por partida doble La cuestión no es menor ya que la participación pública en la elaboración de normas la mandatan dos leyes: la propia Ley del Gobierno (artículo 26) y la de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 133). En ellas se establece que, para empezar, la redacción de cualquier anteproyecto, real decreto legislativo o incluso de las normas reglamentarias debe estar precedida de todos los «estudios y consultas» convenientes para «garantizar el acierto y la legalidad de la norma». Algo que el Gobierno también ha evitado en este caso ya que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ambos gravámenes como golpe de efecto durante el debate sobre el estado de la nación , sin que ni siquiera el grueso de sus ministros los conocieran. Noticia Relacionada estandar No Iberdrola y Endesa niegan que obtengan beneficios extraordinarios Bogas afirma que la excepción ibérica mitiga la subida de los precios de la luz, pero cree que «no soluciona el problema de fondo Como segundo paso, la Ley del Gobierno especifica la obligación de someter cualquier nueva ley a esa « consulta pública » antes de redactar el texto. Y señala que esta fase debe servir para recabar la «opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma» acerca de «los problemas» que pretende solucionar el Gobierno, la «necesidad y oportunidad» del texto, los «objetivos» que se persiguen y las «posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias». Las reformas del CGPJ, precedente No es la primera vez que Moncloa recurre a la proposición de ley para eludir los trámites obligatorios. El Ejecutivo también optó por esta vía para sus polémicas reformas del Poder Judicial, buscando un atajo que reviste aún mayor gravedad ya que, además de someterse a audiencia pública, esas modificaciones debían ser analizadas por el propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado antes de llegar al Congreso. En el caso de impulsarse como proyecto de ley, los informes de estas tres instituciones hubieran sido preceptivos aunque no vinculantes. Tanto en este caso como en el de los nuevos impuestos, el Gobierno justifica recurrir a la proposición de ley como método para acortar plazos, restando importancia a la afección que esta vía tiene sobre las garantías que deben presidir 0la elaboración de leyes. La legislación solo permite eludir esta participación en supuestos muy tasados que no se dan en el caso de los dos nuevos impuestos, y siempre que el Gobierno justifique las razones. Todo ello para que la ciudadanía tenga voz ante una nueva ley. Sánchez, sin embargo, ha buscado lo contrario: silenciar a los posibles perjudicados . Además, en el caso de afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas, como sucede en el caso de los dos nuevos impuestos, la Ley del Gobierno mandata la publicación del texto una vez redactado en la web del ministerio que corresponda para «dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades». Y establece que este trámite solo podrá eludirse «cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse». Al eliminar la participación pública, la tramitación legislativa se vuelve, además, mucho más opaca ya que las empresas afectadas se ven obligadas a buscar vías alternativas para intentar hacer llegar sus reclamaciones al Gobierno, y este pierde la obligación de dar a conocer estas peticiones. Asimismo, se introduce el riesgo de discriminación hacia las empresas de menor tamaño y con menores posibilidades de trasladar sus quejas al Ejecutivo. Tampoco hay memoria Al optar por la figura de la proposición de ley, el Gobierno también evita realizar la Memoria del Análisis de Impacto Normativo en la que, entre otras cuestiones, debería explicar la oportunidad de la nueva ley y las alternativas regulatorias que ha examinado. En este análisis debería justificar por qué son necesarios los dos nuevos impuestos o explicar cómo afectarán a las normas ya vigentes tanto españolas como europeas. La memoria también debe analizar la adecuación de la nueva ley a la distribución de competencias, el impacto económico y presupuestario que acarreará así como el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad. Además, el Ministerio de la Presidencia debe realizar un análisis normativo para asegurar la congruencia y la calidad del nuevo proyecto. Un texto para las dos tasas Pero en lugar de realizar todos estos estudios, PSOE y Unidas Podemos se han limitado a presentar una proposición de ley única que crea y regula los dos nuevos impuestos a la vez , dedicando a la exposición de motivos el doble de páginas (14 folios) que al cuerpo normativo (7). Se da la circunstancia, además, de que las otras tasas fiscales creadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí fueron sometidas al análisis de los ciudadanos antes de llegar al Congreso, aunque su impacto económico era mucho menor que el de los dos nuevos gravámenes. Así sucedió por ejemplo con las conocidas como tasas Google y Tobin -impuestos sobre servicios digitales y transacciones financieras, respectivamente-.   Noticia Relacionada estandar Si Hacienda pone en revisión la ‘tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’ en busca de nuevos ingresos fiscales Bruno Pérez Detecta posibles fugas de ingresos en ambos impuestos e investiga si hay contribuyentes que están eludiendo su radio de acción El Gobierno preveía recaudar unos 1.800 millones de euros al año entre ambos gravámenes, prácticamente la mitad de lo que espera obtener ahora (3.500 millones), pero decidió tramitarlos con mayores garantías. Para ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elaboró un proyecto de ley para cada una de las tasas, y aunque no abrió consulta pública alegando que no tendrían un «impacto significativo en la actividad económica», sí los sometió a la fase de audiencia e información pública. Unas 80 personas o entidades presentaron alegaciones que afectaron a la práctica totalidad de los artículos. Y ello aunque el Gobierno había considerado que las personas o entidades que se podían ver afectadas por las nuevas tasas era altamente reducido. De esas 80 alegaciones, el Ejecutivo aseguró que tuvo en cuenta aquellas que consideró justificadas, y que las incorporó al texto. Hacienda aún elaboró un anteproyecto de ley para el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, con un impacto económico todavía menor (tan solo 70 millones). El texto se sometió a consulta pública el pasado mes de diciembre. Dado el mayor impacto de los nuevos impuestos a la banca y energéticas era de esperar que la participación pública hubiera sido, como mínimo, la misma. Pero estos nuevos gravámenes carecerán de ese democrático e importante escrutinio , naciendo, en consecuencia, con menores garantías.

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