Profesores denuncian que Baleares «oculta» el precio de una plaza escolar en la concertada

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La plaza de un alumno en la enseñanza concertada cuesta la mitad que una en los centros públicos. Así se desprende de un estudio realizado por la asociación de profesores de PLIS Educación, basándose en los informes del curso 2018-2019 y 2017-2018, y del documento de liquidación del presupuesto 2018 de Baleares. De este modo, según PLIS, «el coste real» de la plaza escolar en un centro concertado de las Islas sería de 3.426 euros, muy por debajo de los datos oficiales que lo cifran en 5.672 euros y de 6.767 euros que cuesta la de los colegios públicos.

«Los datos ofrecidos distan de ser transparentes, porque escamotean el coste real de una plaza escolar en centros concertados, ofreciendo solo el coste agregado de la plaza pública y concertada», denuncia PLIS, que considera que este gasto real que «oculta» la Conselleria supone «un importante ahorro para las arcas públicas a costa del esfuerzo de las familias».

Con este presupuesto insuficiente, los centros concertados «no tienen más remedio que buscar alternativas de financiación, cargadas en las cuentas bancarias de las familias en forma de actividades extraescolares, compras de libros o explotación de las infraestructuras», lamentan los docentes, que denuncian que «instituir la enseñanza obligatoria y gratuita y obligar a que los padres costeen parte de esa enseñanza supone incumplir la Constitución».

Asimismo, PLIS señala que esta «
infrafinanciación de la escuela concertada es la principal causante de la segregación escolar, ya que sólo familias con cierto poder adquisitivo pueden aportar el dinero que la administración se niega a transferir». Por lo tanto, «es de una gran hipocresía acusar a la enseñanza concertada de acoger solo a los hijos de familias de clase media alta, a la vez que la administración la obliga, con el instrumento de la infrafinanciación, a buscar el dinero que le falta en la clase media alta».

La Asociación de profesores recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la función de los colegios concertados no reside en suplir las carencias de la enseñanza pública (por falta de plazas vacantes o de implantación en algunos barrios) o ahorrar dinero al Estado. «Las leyes orgánicas en vigor establecen que todos los centros sostenidos con fondos públicos -públicos o concertados- están al mismo nivel a la hora de dispensar un servicio público como la educación de forma gratuita», recuerdan. Así como que «la enseñanza concertada no tiene por qué justificar su existencia afirmando que la concertada ahorra mucho dinero al Estado sino que su principal justificación es la de dispensar un derecho fundamental reconocido por la Constitución como es la libertad de elección de centro y tipo de educación por parte de las familias».

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