Marine Le Pen se ‘olvida’ de Trump y Putin para ganar a Macron

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En la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, los dos grandes rivales que dominan el debate nacional, están totalmente de acuerdo en un punto esencial: el viejo enfrentamiento entre izquierda y derecha está siendo sustituido por un enfrentamiento de nuevo cuño entre ultra nacionalistas antieuropeos y reformistas partidarios de una soberanía nacional y una soberanía europea complementarias.

A cuatro días de la primera vuelta que deberá elegir los dos grandes rivales de la segunda vuelta, eliminando a otra decena de candidatos, Emmanuel Macron, gran defensor de la doble soberanía, nacional y europea, presenta su alternativa política de este modo: «Debemos crear una nueva fuerza política donde tengan cabida los socialdemócratas y los herederos del general de Gaulle, la derecha y el centro, los liberales y los independientes…».

El movimiento se demuestra andando. Con el 26,5 % de intenciones de voto en la primera vuelta, y el 53 % en la segunda, la candidatura del presidente candidato a su propia reelección es apoyada por su partido La República en Marcha, un micropartido formado por antiguos ministros socialistas, un micropartido de derecha europea, un pequeño partido centrista, sin olvidar a varios antiguos ministros de Nicolas Sarkozy que apoyan al presidente.

Proteccionismo
A partir de esa refundación del mapa político francés, Macron propone: trabajar más (elevar la edad de jubilación a los 65 años), bajar impuestos, reformar el sistema nacional de pensiones, elevar el gasto público en industrias estratégicas, para intentar más caer riqueza por repartir, recortando el déficit y el gasto público

Marine Le Pen, por su parte, explica de este modo su visión del futuro político de Francia: «El antiguo enfrentamiento izquierda-derecha está desapareciendo. Y la nueva división es entre nacionales y posnacionales. Entre quienes defienden la nación y quienes abandonan la nación en manos de las burocracias apátridas de la UE».

A partir de ese convencimiento, con el 23 % de intenciones de voto en la primera vuelta y un 47 % en la segunda, todas las propuestas de la candidata de extrema derecha pasan por la construcción de un búnker nacional, recurriendo al proteccionismo y el dirigido de Estado para afrontar todos los problemas económicos. Marine Le Pen propone subir el salario mínimo «masivamente», dar subvenciones de todo tipo para «incrementar el poder adquisitivo», incumplir las normas presupuestarias europeas para «romper» con la «tiranía burocrática», elevar el salario mínimo por decreto, rechazar las legislaciones europeas en beneficio de la «soberanía nacional».

Hace cinco años, Le Pen afirmaba que su programa político era el «equivalente» en Francia de los programas de Donald Trump y Vladímir Putin. Tras la derrota de Trump y el proyecto putiniano de invasión de Ucrania, la candidata de extrema derecha ha vuelto a cambiar y moderar su programa. Las campañas contra la inmigración han quedado en segundo plano. Y la defensa del poder adquisitivo de los sectores sociales más modestos está teniendo un éxito espectacular. Más del 35% de los obreros franceses proyectan votar por Le Pen, confirmando que su extrema derecha es el primer partido obrero de Francia.

Éric Zemmour, el candidato ultraconservador, mucho peor situado en los sondeos, ha declarado que Le Pen propone un programa «socialista». Calificativo que puede parecer delirante, pero confirma el éxito aparente del populismo lepeniano entre los franceses más modestos. Los sondeos y el resultado de la primera vuelta todavía pueden evolucionar, pero los análisis de fondo de la pareja Macron-Le Pen confirman el choque entre los partidarios del búnker ultranacionalista (extremistas de derecha e izquierda) y los partidarios de la soberanía nacional compartida con la europea.

El escándalo McKinsey, amenaza potencial para Macron
La justicia ha iniciado una «investigación preliminar», por presunto fraude fiscal, contra un gabinete del consejo norteamericano, McKinsey, que ha prestado servicios de distinta índole a la presidencia de la República y varios ministerios del gobierno de Emmanuel Macron. La investigación ha sido encomendada al Servicio de investigaciones judiciales y financieras (SIJF), una suerte de «policía fiscal» que trabaja bajo la tutela del ministerio de Economía.

El presidente Macron no está directamente implicado en el presunto fraude fiscal que pudo cometer el gabinete McKinsey, durante los años que dio consejos a la presidencia de la República francesa y varios ministerios. Sin embargo, las sospechas de fraude fiscal, a gran escala, trabajando para el gobierno de Macron, tienen un alcance electoral evidente, muy negativo para el presidente candidato a su propia reelección.

Según un informe oficial del Senado, varios ministerios del gobierno Macron recurrieron a varios gabinetes privados, para intentar «mejorar» la gestión de la crisis sanitaria y el proyecto definitivamente aplazado de reforma del sistema nacional de pensiones. Según el informe del Senado, el Estado francés habría pagado un mínimo de 1.500 millones de euros a varios gabinetes expertos en gestión, durante los últimos cinco años. Ante la sucesión de revelaciones incontrolables, la justicia decidió el miércoles iniciar una «investigación preliminar», que tardará varias semanas o meses antes de llegar a ninguna conclusión jurídica o policial.

Emmanuel Macron se ha visto forzado a reaccionar, visiblemente irritado, ante eventuales sospechas de complicidad, declarando que la justicia debe seguir su curso, invitando a quienes sospechen que presenten querellas penales. Gabriel Attal, portavoz del gobierno, por su parte, ha declarado: «Los gabinetes que no hayan pagado impuestos tendrán que pagarlos».

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