La eficiencia del gasto público, una asignatura pendiente

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Suma y sigue. La batalla fiscal que están librando en España los dos principales partidos políticos, lejos de calmarse, se ha recrudecido en esta última semana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , abrió el melón al anunciar la supresión del Impuesto del Patrimonio en su territorio, algo que tuvo una contundente respuesta del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, llegó incluso a apostar por la recentralización de los impuestos para evitar esta competencia fiscal entre las autonomías. Una recentralización que la ministra de Hacienda transformó en armonización fiscal y que finalmente acabará con la creación de un nuevo tributo para las grandes fortunas. Sin estar de acuerdo sobre cómo el presidente andaluz planteó la medida, en términos intentar que empresas catalanas se trasladen a Andalucía, y comprendiendo la lógica de que todos los españoles paguemos los mismos impuestos y recibamos los mismos servicios, creo que hay una enorme hipocresía e inconsistencia en los argumentos de quienes defienden por un lado el estado de las autonomías y la corresponsabilidad fiscal, pero que patalean y se oponen a que los dirigentes regionales utilicen esas competencias para bajar impuestos. Para algunos la corresponsabilidad fiscal solo se puede aplicar en una dirección: gastar todo y más y subir los impuestos a los ciudadanos para pagar ese gasto. O llamar a la puerta de papá Estado para que aumente mi financiación o para que me financie mi deuda. Pero si a alguien se le ocurre bajar los impuestos sobre los que tiene competencias, entonces está convirtiendo su territorio en un paraíso fiscal, es un insolidario, hace dumping y competencia desleal a las otras comunidades… Y si no que se lo digan al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig , que ha pedido a Pedro Sánchez que recorte la financiación a las autonomías que bajan los impuestos. Y a los que derrochan, ¿qué les hacemos? El sistema de financiación autonómica, como no podría ser de otra manera, calcula los ingresos de las autonomías como si todos tuvieran los mismos tipos impositivos. Si luego unos quieren bajarlos y otros subirlos, será su problema, y ellos sabrán cómo cuadran sus cuentas. Se pongan como se pongan en el Partido Socialista, y en sus socios de la izquierda, el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo totalmente anacrónico, que no grava la capacidad económica de los ciudadanos, porque no pagas por los rendimientos que obtienes por el hecho de tener unas tierras, unos inmuebles, o un dinero invertido en otros activos, pagas por el mero hecho de tenerlos. De hecho por tener una vivienda, ya pagas el IBI al ayuntamiento, la tienes que incluir en el IRPF, la tengas o no alquilada, si la vendes, pagas por la plusvalía que obtienes… ¿Todavía les parece poco? Por eso este impuesto prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Al Gobierno le parece fatal que alguien se atreva a suprimir ese impuesto, y cree que es muy peligrosa esta carrera de rebajas fiscales porque se ponen en riesgo los servicios públicos. Sinceramente, más que la supresión del Impuesto del Patrimonio, o que la deflactación de la tarifa del IRPF para que Hacienda no se coma las subidas salariales en un periodo de elevada inflación, como el actual, lo que pone en riesgo los servicios públicos es el gasto desbocado , las duplicidades en la Administración, las decenas de asesores ministeriales y otros muchos gastos innecesarios. La eficiencia en el gasto público sigue siendo una asignatura pendiente. Cuando la aprobemos, todos podremos pagar menos.

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