La Diputación de Granada ofrece sus abogados para denunciar a la Junta a varios ayuntamientos

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La Diputación de Granada, controlada por el PSOE, ha puesto a disposición de varios ayuntamientos sus servicios jurídicos para que puedan denunciar a la Junta. Es lo que dice la carta que el diputado de asistencia a municipios, Juan Antonio Palomino, ha enviado a varios consistorios de la provincia y en la que se lee que «si el ayuntamiento desea que se ejerzan acciones judiciales contra la Junta de Andalucía» deberá aportar una determinada documentación que será «revisada por los letrados de la Diputación» para después presentar la denuncia contra la Junta.

De fondo está la polémica por el pago de la limpieza de los colegios debido a la pandemia de Covid. A primeros de curso el secretario general del PSOE andaluz señaló que el coste de dicha desinfección correspondía a la Consejería de Educación y que pensaba llevar a la Junta a los tribunales para reclamarles el dinero que se invirtiese. El titular de Educación, Javier Imbroda, señaló que la limpieza y mantenimiento de los colegios es competencia y responsabilidad de los ayuntamientos.

Ahora, la Diputación de Granada usa sus servicios jurídicos para asistir en la posible denuncia que puedan poner los ayuntamientos, como anunció Espadas. Esto ha despertado el recelo desde la Junta, donde no acaban de ver claro que se usen los letrados de dicha institución, pagado con dinero público, en esta campaña contra el Gobierno andaluz.

Por su parte Juan Antonio Palomino, el diputado que envió la carta, defiende su iniciativa. Señala que «no es un acto de oposición» y que «cumple» con el deber que tiene de asistencia a los ayuntamientos de la provincia al ofrecerles asistencia jurídica. Palomino reconoce que se han mandado «once o doce cartas» a ayuntamientos «no solo del PSOE, también de independientes». Sin embargo, ninguno gobernado por el PP, señala.

El diputado explica que la carta con el ofrecimiento se mandó «porque esos ayuntamientos habían hecho una serie de alegaciones a la Junta sobre la competencia de materia de limpieza de los centros escolares». Y, añade, «habían pasado los seis meses que la Junta tiene para responder y a algunos no les habían dado contestación. Por eso se les mandó la carta para ver si querían hacer una reclamación por vía judicial». Con esto, insiste, «no estamos haciendo oposición, es una voluntad de los ayuntamientos».

Sin embargo, en el escrito hay dudas sobre si todos los ayuntamientos a los que se mandó la oferta de asistencia jurídica habían hecho esa reclamación a la Junta. «Si el ayuntamiento no efectuó en su momento el requerimiento o no desea en estos momentos ejercer las acciones judiciales pertinentes, por favor, comuníquenoslo», reza la misiva.

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